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El derecho de antimonopolio en Estepona se enmarca en la legislación española y en normas de la Unión Europea. Su objetivo es prevenir y sancionar prácticas que limiten la competencia o perjudiquen a los consumidores. Estepona, al formar parte de Málaga y de Andalucía, aplica estas normas de forma homogénea con el resto del país.
En la práctica, no existen leyes de competencia específicas a nivel municipal para Estepona; se aplica la normativa estatal y comunitaria. Las autoridades encargadas vigilan acuerdos, abuso de posición dominante y fusiones que afecten al mercado local o regional. Los tribunales y la CNMC supervisan estos temas para garantizar mercados abiertos y precios justos.
Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia - Vigente desde 2007, regula conductas prohibidas como acuerdos anticompetitivos, abuso de posición dominante y estructuras de concentración. Establece sanciones y procedimientos para investigar infracciones.
Real Decreto 261/2008 - Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Defensa de la Competencia. Detalla procedimientos de investigación, pruebas y sanciones, y regula notificaciones de concentraciones significativas.
Ley 3/2013, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) - Publicada el 4 de junio de 2013, tras la reorganización de las autoridades de competencia. Atribuye a la CNMC la vigilancia, investigación y sanción de infracciones de competencia en España.
“La defensa de la competencia persigue garantizar mercados abiertos y eficientes que beneficien a consumidores y empresas.”
“Las concentraciones deben notificarse a la CNMC cuando superan umbrales de facturación, para valorar su impacto en la competencia.”
“Las normas previstas en la Ley de Defensa de la Competencia se aplican de forma coordinada con la normativa de la Unión Europea.”
La defensa de la competencia busca impedir acuerdos que limiten la libre competencia. Cubre cartelización, abuso de posición dominante y concentraciones que reduzcan opciones para consumidores.
Debe notificar si la operación supera umbrales de facturación o activos y podría afectar a la competencia. Un abogado puede valorar la necesidad de notificación y el plazo.
Existe cuando una empresa impone condiciones desventajosas a rivales o clientes, aprovechando su fuerza de mercado para limitar la competencia. El análisis depende del contexto del sector y de la cuota de mercado.
Puedes presentar denuncias ante la CNMC o ante las autoridades judiciales. Un asesor legal puede guiarte sobre el canal más adecuado y el formato de la querella.
Un abogado evalúa riesgos, propone salvaguardas y gestiona la notificación para evitar sanciones. También aporta claridad sobre posibles remedios estructurales.
Sí, la Ley permite programas de clemencia en ciertos casos. Un letrado puede asesorarte sobre requisitos, confidencialidad y beneficios potenciales.
Sí, un asesor puede verificar que dichas cláusulas no violen normas de competencia o causen restricciones innecesarias para clientes y proveedores.
Las fusiones relevantes deben notificarse ante la CNMC para su revisión. El no hacerlo puede generar sanciones y acuerdos de remedio obligatorios.
La duración varía según la complejidad, la carga de pruebas y la cooperación de las partes. En casos complejos, puede extenderse varios meses.
Los costos dependen de la complejidad y del tiempo de trabajo. Es común un presupuesto inicial y cargos por hora o por fases del proceso.
Un cartel es un acuerdo para fijar precios o condiciones entre competidores. Un acuerdo de distribución puede limitar la forma de vender productos, afectando la competencia.
Se requieren documentos de precios, comunicaciones entre empresas, pruebas de exclusión de rivales y pruebas de daño a la competencia y a consumidores.
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