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El derecho colaborativo es una forma privada y estructurada de negociación asistida por abogados. Las partes intentan alcanzar un acuerdo sin iniciar, o sin continuar, un proceso judicial contencioso.
En Bolivia, esta práctica no sustituye las competencias de jueces, notarios, autoridades administrativas ni servicios de conciliación reconocidos. En asuntos familiares, el acuerdo puede necesitar aprobación judicial o cumplir formalidades adicionales para producir efectos legales.
Cada parte contrata su propio abogado colaborativo. Las reuniones se organizan mediante un acuerdo de participación, con intercambio de información, trato directo y compromiso de negociar de buena fe. Según el caso, pueden intervenir profesionales de apoyo, como especialistas en finanzas familiares o psicología.
Si el proceso colaborativo termina sin acuerdo, los abogados pueden quedar obligados a dejar de representar a las partes en un litigio relacionado. Esta regla debe explicarse por escrito antes de contratar, porque puede aumentar el costo de cambiar de abogado.
Ley N° 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar: promulgada el 19 de noviembre de 2014 y vigente plenamente desde el 6 de agosto de 2015. Regula divorcio, asistencia familiar, filiación, guarda, autoridad parental y procedimientos familiares. Un acuerdo privado no puede desconocer derechos indisponibles ni reemplazar las formalidades exigidas por esta normativa.
Ley N° 439, Código Procesal Civil: promulgada el 19 de noviembre de 2013, con vigencia plena desde el 6 de febrero de 2016. Establece reglas para procesos civiles y para la eficacia procesal de determinados acuerdos, por lo que puede ser relevante si la negociación evita o termina un litigio civil.
Ley N° 708 de Conciliación y Arbitraje: promulgada el 25 de junio de 2015. Regula la conciliación y el arbitraje en Bolivia, pero no crea automáticamente un sistema nacional de acreditación para abogados colaborativos. La conciliación institucional bajo esta ley es distinta de la negociación colaborativa privada.
No existe una ley boliviana específica que regule de manera completa la práctica colaborativa como categoría profesional autónoma. Su funcionamiento se apoya en la autonomía contractual, las reglas generales de la abogacía y las normas aplicables al asunto concreto.
Es recomendable que cada parte tenga un abogado independiente. La negociación colaborativa no debe confundirse con una conversación informal, porque puede involucrar renuncias, obligaciones económicas y acuerdos con efectos legales.
Puede utilizarse para negociar los aspectos económicos y familiares del divorcio o la desvinculación. La terminación legal del vínculo y la aprobación de acuerdos deberán tramitarse conforme a la Ley N° 603 y ante la autoridad competente.
La seguridad debe tener prioridad y la vía colaborativa puede ser inadecuada. En esos casos se requiere valorar medidas de protección, asistencia legal y, cuando corresponda, intervención de las autoridades competentes.
El proceso depende de información suficiente sobre ingresos, bienes, deudas y necesidades. El acuerdo de participación debe establecer deberes de transparencia, confidencialidad y consecuencias frente al ocultamiento de datos.
No existe una tarifa nacional única para esta práctica. El costo depende de la ciudad, la complejidad, el número de reuniones, la documentación y la participación de otros profesionales.
Antes de comenzar, conviene solicitar por escrito el método de cobro, el anticipo, los honorarios por reunión, los gastos administrativos y el costo si el proceso termina sin acuerdo.
Un caso sencillo puede resolverse en varias reuniones durante algunas semanas. Los asuntos con inmuebles, empresas, deudas, hijos o información incompleta pueden requerir varios meses.
La obligación puede surgir del contrato firmado entre las partes, pero sus efectos concretos dependen de su contenido y de la materia. Algunos acuerdos requieren reconocimiento de firmas, escritura pública, inscripción o aprobación judicial.
En la negociación colaborativa, cada parte cuenta normalmente con su propio abogado y el proceso se organiza mediante un acuerdo de participación. En la conciliación, una tercera persona imparcial facilita el diálogo, dentro o fuera de una institución autorizada, sin representar a ninguna parte.
Las partes pueden evaluar conciliación, arbitraje o proceso judicial, según la materia y los contratos existentes. Si se pactó la regla de retiro de abogados, será necesario contratar nueva representación para litigar el mismo conflicto.
En principio, la persona puede terminar la relación profesional conforme al contrato y a las reglas aplicables. Sin embargo, el acuerdo colaborativo puede prever que el abogado se retire si el proceso fracasa, por lo que deben revisarse esas condiciones antes de firmar.
Debe explicar su experiencia en negociación, conciliación y el área jurídica del caso, especialmente derecho familiar, civil o comercial. También conviene verificar su inscripción profesional, pedir un contrato claro y confirmar que no representa a la otra parte.
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