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La abogacía colaborativa es una forma de negociar una solución sin iniciar, o mientras se evita, un juicio. Por lo general, cada parte cuenta con su propio abogado y ambas acuerdan intentar resolver el conflicto mediante reuniones y negociación de buena fe.
En Chalco puede considerarse para asuntos familiares, patrimoniales o civiles, como acordar la división de bienes, resolver obligaciones de un contrato o definir una deuda entre particulares. No es un trámite municipal ni una garantía de acuerdo; si la negociación fracasa, el asunto puede requerir mediación formal o juicio.
En México no existe un procedimiento colaborativo uniforme que vuelva ejecutable cualquier acuerdo por el solo hecho de firmarlo. Según el asunto, conviene documentarlo correctamente y revisar si necesita ratificación, aprobación judicial u otra formalidad.
La asesoría independiente es especialmente útil cuando hay bienes, menores, obligaciones económicas o diferencias importantes entre las partes. En Chalco, algunos ejemplos concretos son:
La Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno estatal el 22 de diciembre de 2010, regula mecanismos alternativos institucionales. La abogacía colaborativa no debe confundirse con la mediación formal que prevé esa ley.
El Código Civil del Estado de México contiene reglas sustantivas relevantes para obligaciones, contratos y asuntos familiares, entre otras materias. La disposición aplicable depende del tipo de conflicto y de sus circunstancias.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023. Su entrada en vigor es gradual, por lo que debe verificarse si ya rige para el procedimiento y la fecha correspondientes en el Estado de México.
No hay que confundir la negociación colaborativa con un trámite judicial obligatorio. Sin embargo, contar con asesoría propia ayuda a comprender derechos, revisar propuestas y evitar firmar condiciones perjudiciales.
En el modelo colaborativo habitual, cada parte tiene representación legal independiente. Antes de comenzar, conviene confirmar quién participa, qué compromisos asume cada persona y cómo se tratará un posible desacuerdo.
No. En la mediación, una persona neutral facilita el diálogo; en el proceso colaborativo, los abogados asesoran a sus respectivos clientes durante la negociación. También pueden evaluarse ambas opciones según el conflicto.
Puede explorarse en ciertos desacuerdos familiares, civiles, contractuales o patrimoniales, siempre que las partes puedan negociar y el asunto admita un acuerdo. No sustituye procesos penales ni elimina requisitos legales de orden público.
Las partes pueden negociar temas como alimentos y convivencia, pero el interés superior de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer. El acuerdo puede requerir revisión o aprobación de la autoridad competente, según el caso.
Los honorarios dependen del abogado, la duración de las reuniones y la complejidad del asunto. Solicite por escrito el método de cobro, qué servicios incluye y qué gastos adicionales podrían surgir.
No hay un plazo único. Un asunto con pocos temas y documentos disponibles puede avanzar en semanas; la falta de información, las diferencias económicas o la necesidad de valuaciones pueden alargarlo.
No necesariamente. Su efecto depende de la materia, la redacción y las formalidades exigibles; en algunos casos puede necesitar ratificación, aprobación judicial o inscripción ante otra autoridad.
Las partes pueden considerar mediación institucional, conciliación u otras vías legales, incluido el juicio. Antes de iniciar, pregunten qué compromisos asumieron y cómo se manejarán la información y los documentos compartidos.
En algunos casos las partes pueden explorar un acuerdo mientras el proceso sigue, pero no deben ignorar plazos, audiencias ni órdenes judiciales. Un abogado puede revisar cómo documentar el acuerdo y comunicarlo al juzgado, si corresponde.
Solicite su nombre completo y cédula profesional, y verifique los datos en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Pregunte también por su experiencia en negociación colaborativa y por la capacitación que afirma tener.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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