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La Ley Colaborativa es un proceso voluntario de resolución de disputas familiares que busca acuerdos mediante la cooperación entre las partes y sus abogados, sin acudir a un juicio. En Maryland, el enfoque se apoya en la confidencialidad, la presencia de profesionales neutrales y un compromiso de finalizar el conflicto de forma cooperativa. El objetivo es crear acuerdos duraderos sobre custodia, manutención, división de bienes y otros temas, evitando el litigio prolongado y las disputas pública en los tribunales.
En Maryland, la práctica se apoya en acuerdos contractuales entre las partes y en principios de resolución no adversarial, complementados por abogados y, cuando corresponde, neutrales como planificadores financieros o agentes de mediación. La disponibilidad de este método puede variar según la firma y la continuidad de las leyes estatales sobre resolución de disputas. La confidencialidad de las sesiones es un pilar clave del proceso.
“The Uniform Collaborative Law Act provides for a confidential, non‑adversarial process that encourages settlement outside the courtroom.”
“Collaborative law is a voluntary dispute resolution option designed to resolve family disputes without going to court.”
Maryland no codifica una norma específica de Ley Colaborativa en un solo estatuto estatal; la práctica se apoya mayormente en acuerdos privados y en la aplicación de las leyes de familia y confidencialidad existentes. En su lugar, la aceptación y ejecución de acuerdos colaborativos depende de contratos entre las partes y de las normas de la jurisdicción para acuerdos privados y resolución de disputas.
La adopción estatal de la Uniform Collaborative Law Act (UCLA) varía por jurisdicción; varias jurisdicciones han adoptado UCLA para regular este proceso, mientras Maryland no ha implementado una versión estatal estandarizada en todos los años recientes. Esta situación implica que la validez y ejecución de acuerdos colaborativos pueden depender de las cláusulas contractuales y de precedentes locales. Para quienes buscan apoyo formal, las asociaciones profesionales y las cortes suelen ofrecer guías y recursos prácticos.
“Several jurisdictions have adopted the Uniform Collaborative Law Act to standardize confidentiality, disclosure and agreement terms in collaborative proceedings.”
La Ley Colaborativa es un proceso voluntario en el que las partes y sus abogados acuerdan resolver el conflicto fuera del tribunal. Se emplean profesionales neutrales para facilitar la negociación y redactar acuerdos, con confidencialidad de la información compartida.
Se inicia mediante un acuerdo de proceso colaborativo firmado por todas las partes y sus letrados. Este acuerdo establece reglas, objetivos y el compromiso de no ir a juicio mientras dure la negociación.
Los costos se basan en tarifas horarias de los letrados y del equipo de apoyo (neutrales, contadores, valuadores). En promedio, un proceso colaborativo puede ser más económico que un litigio prolongado, pero depende de la complejidad y la duración de las negociaciones.
La duración varía con la complejidad de la disputa y la rapidez de las reuniones. Un acuerdo típico puede requerir semanas a meses, frente a años de litigio en otros casos contenciosos.
No existe un requisito de elegibilidad específico más allá del consentimiento de las partes para resolver sin litigar. Es importante que todas las partes estén dispuestas a cooperar y a usar abogados y neutrales.
La mediación es un proceso facilitado por un mediador independiente y no implica acuerdos vinculantes si no se formalizan como contrato. En la Ley Colaborativa, los abogados participan activamente y se firma un acuerdo vinculante para evitar litigios.
Sí, pero puede afectar la dinámica y el calendario. Si un abogado sale del caso, la parte debe reinsertar un nuevo letrado con experiencia en comercio y familia para continuar en el marco colaborativo.
Si no se alcanza un acuerdo, las partes pueden volver a litigar. Sin embargo, la confidencialidad de las sesiones puede seguir protegida para ciertos temas, según el acuerdo firmado.
Se utilizan acuerdos de proceso, consideraciones de custodia y planes de crianza, valoración de bienes y cálculos de manutención, redactados por abogados y, cuando corresponde, por expertos neutrales.
En general, un juez no revisa los términos durante la negociación, si las partes cumplen el acuerdo y se mantiene la confidencialidad. El juez podría supervisar la ejecución de lo acordado si hay incumplimientos.
La confidencialidad es un pilar; las comunicaciones dentro del proceso colaborativo suelen estar protegidas de la divulgación general. Esto facilita la negociación abierta sin temor a que se use en litigio futuro.
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