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La Ley Colaborativa es un enfoque voluntario para resolver disputas de derecho familiar fuera de los tribunales. En este proceso, las partes y sus asesores legales se comprometen a negociar de buena fe y a compartir información relevante para alcanzar un acuerdo por escrito. El objetivo es evitar el litigio contencioso y preservar la relación entre las partes cuando hay hijos o intereses de negocio en juego.
En Nevada, la práctica de la Ley Colaborativa se apoya en acuerdos de participación, confidencialidad y cooperación entre abogados y, cuando corresponde, en profesionales neutrales como especialistas financieros y, en casos de familia, expertos en crianza. A diferencia de estados que han adoptado una ley específica, Nevada no cuenta con un estatuto único de Ley Colaborativa a nivel estatal, y la resolución se apoya en normas de derecho familiar y procesos ADR de la Corte de Nevada.
La Corte de Nevada fomenta la resolución de disputas mediante ADR y mediación como alternativa al litigio. Este marco institucional facilita a las partes explorar soluciones conjuntas con la ayuda de un equipo profesional y mantiene la confidencialidad de las negociaciones.
“The collaborative law process is a voluntary, non-adversarial approach to resolving disputes and emphasizes reaching a settlement by cooperative means.”
Fuente: Uniform Law Commission - Uniform Collaborative Law Act (UCLA)
Consultando con un abogado de Ley Colaborativa, las personas pueden evaluar si este enfoque es adecuado para su caso específico. Un letrado puede explicar las limitaciones de este método en situaciones de riesgo de violencia o seguridad, y orientar sobre si es preferible acudir directamente a litigio o a mediación tradicional.
Notas de contexto: Nevada continúa apoyando la mediación y ADR como herramientas para resolver conflictos sin litigio. En la práctica, las parejas suelen acudir a abogados de Ley Colaborativa cuando buscan acuerdos detallados, confidenciales y con participación de especialistas para valorar activos y planificar custodias sin exponer a las partes a juicios largos.
La Ley Colaborativa es un proceso voluntario en el que las partes acuerdan resolver disputas fuera de los tribunales mediante cooperación. Cada parte contrata un abogado y, a veces, un coach y especialistas neutrales para facilitar acuerdos. Si el proceso falla, los abogados deben retirarse y no pueden representar a las partes en litigio.
Se inicia con una reunión entre las partes y sus abogados para firmar un Acuerdo de Participación. Este documento establece las reglas del proceso, confidencialidad y el compromiso de resolver las disputas por medios colaborativos. Después, se forma el equipo de trabajo y se programan sesiones de negociación.
Los costos varían según la complejidad del caso y las tarifas de cada profesional. En general, los costos pueden ser menores que en un litigio contencioso, pero dependen de la cantidad de sesiones, la necesidad de especialistas y el tiempo dedicado. Pida un presupuesto detallado por adelantado.
La duración depende de la complejidad de la disputa y la cooperación de las partes. Casos simples pueden resolverse en semanas, mientras que disputas complejas con activos empresariales pueden requerir varios meses. El objetivo es avanzar de forma constante hacia un acuerdo por escrito.
Sí. Cada parte debe contar con un abogado distinto para mantener la estructura colaborativa y gestionar la negociación. Un letrado puede asesorar sobre confidencialidad, cumplimiento legal y redacción de acuerdos finales.
La mediación es un proceso dirigido por un tercero, mientras que la Ley Colaborativa implica un compromiso de negociar con abogados y, a veces, especialistas, sin acudir a litigio. En la colaboración, las partes acuerdan no presentar demandas durante el proceso.
Sí, si no se llega a un acuerdo, las partes pueden optar por continuar con litigio. En ese caso, los abogados que participaron en el proceso colaborativo deben retirarse y no pueden representar a las partes una vez finalizado el acuerdo.
La Ley Colaborativa no es adecuada para casos con violencia doméstica o riesgos graves. En esas circunstancias, es más seguro acudir a recursos de protección y a procesos judiciales para garantizar la seguridad de las personas involucradas.
Además de dos abogados, es común incorporar un coach de comunicación, un asesor financiero neutral y, si corresponde, un profesional en crianza de hijos. Este equipo facilita acuerdos realistas y sostenibles.
Se espera que los abogados cuenten con experiencia en derecho de familia y formación específica en métodos colaborativos. Deben comprometerse a un acuerdo de participación y mantener la confidencialidad de las negociaciones.
Existe la posibilidad de solicitar asistencia legal mediante programas de reducción de honorarios o servicios proporcionados por clínicas legales. Es recomendable consultar con el abogado sobre opciones de pago y escalas de tarifas.
La Ley Colaborativa se aplica principalmente a disputas de familia. Aunque existen variantes en otros ámbitos, la metodología y las reglas de confidencialidad pueden diferir. Es mejor consultar con un letrado para evaluar la viabilidad en otros campos.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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