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El derecho de acreedor permite a quien ha prestado dinero o proporcionado un crédito exigir su cumplimiento y cobro. En Coronda, este marco se aplica a través de normas nacionales y provinciales que protegen el derecho a cobrar y a garantizar pagos, intereses y costas. El acreedor puede presentar reclamaciones, iniciar acciones judiciales y, cuando corresponde, ejecutar garantías reales o prendarias.
Las reglas que regulan el derecho de acreedor en Argentina se apoyan en normas federales y, en algunos casos, en principios de derecho provincial. A continuación se mencionan 2-3 reglas clave por nombre, con notas sobre vigencia y cambios relevantes.
“El Código Civil y Comercial de la Nación regula las obligaciones y contratos, y las garantías de acreedores en todo el país.”
Fuente: normativa.argentina.gob.ar
“La Ley de Concursos y Quiebras regula las situaciones en que deudores no pueden cumplir y establece el tratamiento de los créditos.”
Fuente: normativa.argentina.gob.ar
“La Ley de Defensa del Consumidor protege a los consumidores y establece reglas de cobranza justas.”
Fuente: argentina.gob.ar/defensadelconsumidor
Un acreedor es quien tiene derecho a exigir el pago de una deuda. En Coronda, ese derecho incluye cobrar principal, intereses y costas, y, cuando corresponde, hacer valer garantías reales. Los procedimientos pueden ser ante tribunales civiles o comerciales y pueden variar según la naturaleza del crédito.
Comience reuniendo contratos, facturas, recibos y pruebas de la deuda. Luego, un abogado redacta una carta de demanda y, si persiste el impago, inicia una acción judicial. El proceso puede incluir medidas cautelares para asegurar el cobro.
Un certificado de deuda documenta el monto adeudado, fecha de vencimiento y conceptos cobrados. Se utiliza como prueba en demandas, embargos y en procedimientos de ejecución para evitar disputas sobre montos.
Los honorarios varían según la complejidad y la etapa del proceso. Se acuerdan por escrito y pueden incluir una cuota inicial y/o un porcentaje sobre el cobro obtenido. Considere pedir un presupuesto detallado antes de iniciar cualquier acción.
Depende del caso y del sistema judicial. Un cobro ejecutivo puede durar entre 6 meses y 2 años, dependiendo de la respuesta del deudor y de la carga de trabajo del juzgado. Las etapas pueden incluir impugnaciones y recursos vencidos.
Sí. Debe demostrar la relación de deuda y la titularidad del crédito. En algunos casos, pueden requerirse documentos que acrediten la relación comercial y la cesión de crédito.
El embargo es una limitación de disposición sobre bienes para asegurar el cobro. El secuestro implica retención de bienes para evitar su uso o venta durante el proceso judicial.
Sí. En concursos y quiebras, el deudor presenta planes de pago o reorganización. El acreedor puede aceptar, o presentar objeciones para proteger su cobro.
Los acreedores pueden tener créditos con privilegios, garantizados o comunes. La ley establece el orden de cobro y puede afectar si recibe dinero antes o después de otros.
Las acciones para exigir deudas pueden prescribir si transcurre un plazo legal sin iniciar demanda. Consultar con un abogado evita perder opciones para cobrar.
Sí. Muchos acreedores optan por acuerdos fuera de tribunales para reducir costos y tiempos. Un asesor legal puede estructurar ofertas de pago y garantías adecuadas.
Ambos pueden representar y asesorar en procesos de cobro. En Argentina, el término común es abogado o letrado; un asesor puede orientar sin representar en juicio, según el caso.
La prescripción depende del tipo de crédito y de las circunstancias. Un profesional puede evaluar plazos y evitar pérdidas de acción de cobro.
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