Qué implica defenderse de una expulsión o deportación en España
En España, la expresión jurídica más habitual es defensa frente a la expulsión, la devolución o la salida obligatoria. El procedimiento depende de si existe una infracción administrativa, una orden de devolución en frontera, una causa penal o una solicitud de protección internacional.
La expulsión administrativa puede sustituir a determinadas multas por infracciones graves o muy graves de la normativa de extranjería. La Administración debe justificar la medida, respetar el procedimiento y valorar circunstancias personales, familiares, laborales y de arraigo.
Una orden de expulsión puede incluir una prohibición de entrada en España y, según el caso, en el espacio Schengen. La defensa puede plantear alegaciones, recursos administrativos, medidas cautelares y argumentos basados en la vida familiar, la salud, la protección internacional o el riesgo en el país de retorno.
También existen diferencias entre expulsión y devolución. La devolución suele aplicarse a entradas irregulares o intentos de entrada, mientras que la expulsión exige un procedimiento administrativo o una resolución judicial específica.
Cuándo puede necesitar un abogado de extranjería
- Recepción de un acuerdo de iniciación o una propuesta de expulsión: los plazos para presentar alegaciones son breves y la respuesta debe combatir los hechos y la proporcionalidad de la medida.
- Detención o traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros: el abogado puede revisar la legalidad del internamiento, asistir a la persona y solicitar su puesta en libertad o medidas alternativas.
- Existencia de pareja, hijos, familiares dependientes o muchos años de residencia en España: estas circunstancias pueden ser relevantes para oponerse a la expulsión o discutir su proporcionalidad.
- Solicitud de asilo, protección subsidiaria o temor de persecución: el retorno puede vulnerar el principio de no devolución si existe un riesgo real de daño grave.
- Antecedentes penales o una condena que pueda llevar a una expulsión judicial: la defensa penal y la defensa de extranjería deben coordinarse, especialmente cuando se valora sustituir una pena por la expulsión.
Normas españolas que regulan estas actuaciones
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: está vigente desde el año 2000 y regula las infracciones, la expulsión, la devolución, el internamiento y los recursos en materia de extranjería.
- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000: desarrolla los procedimientos administrativos de extranjería. Ha sido modificado, entre otras normas, por el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio.
- Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria: establece el procedimiento de protección internacional y las garantías aplicables cuando el retorno puede exponer a la persona a persecución o daños graves.
En cada expediente también pueden resultar relevantes la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Preguntas frecuentes sobre la defensa frente a la expulsión
¿Expulsión y deportación significan lo mismo en España?
“Deportación” es una expresión habitual, pero la normativa española utiliza principalmente los términos expulsión, devolución y salida obligatoria. Cada medida tiene requisitos, autoridades competentes y recursos diferentes.
Por eso, el primer paso consiste en identificar exactamente qué resolución se ha recibido y quién la ha dictado.
¿Puede recurrirse una orden de expulsión?
Sí. Normalmente pueden utilizarse recursos administrativos y, posteriormente, un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, según el contenido de la resolución.
Los plazos dependen del acto y de su notificación. Como regla general, el recurso de reposición contra un acto expreso dispone de un mes y el recurso contencioso-administrativo suele disponer de dos meses, pero conviene revisar el documento concreto.
¿El recurso paraliza automáticamente la expulsión?
No siempre. La presentación de un recurso no implica necesariamente la suspensión automática de la ejecución.
El abogado puede solicitar la suspensión cautelar o cautelarísima cuando exista riesgo de expulsión inmediata, daños irreparables o una posible vulneración de derechos fundamentales.
¿Qué ocurre si la persona está internada en un CIE?
El internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros requiere autorización judicial y debe utilizarse como medida cautelar, no como castigo.
La defensa puede impugnar el internamiento, solicitar la libertad y aportar circunstancias como domicilio, documentación, vínculos familiares o falta de riesgo de fuga.
¿Se puede evitar la expulsión por tener hijos en España?
Tener hijos en España no impide automáticamente la expulsión, pero la relación familiar, la convivencia, la dependencia y la situación de los menores pueden ser elementos importantes.
También deben analizarse la nacionalidad de los hijos, la residencia del progenitor y el impacto concreto de la separación familiar.
¿Una solicitud de asilo detiene una expulsión?
La solicitud de protección internacional puede activar garantías frente al retorno mientras se examina la petición, aunque sus efectos dependen del momento y del tipo de procedimiento.
La persona debe informar de inmediato sobre sus temores y aportar cualquier prueba disponible. Una solicitud manifiestamente infundada o presentada en determinadas fases puede tener consecuencias procesales específicas.
¿Qué diferencia hay entre expulsión administrativa y expulsión judicial?
La expulsión administrativa la acuerda normalmente la Administración por una infracción prevista en la normativa de extranjería. La expulsión judicial puede acordarse en un procedimiento penal, en los supuestos previstos por el Código Penal.
Ambas vías requieren estrategias distintas y pueden afectar de manera diferente a los recursos, los antecedentes y la prohibición de entrada.
¿Cuánto cuesta contratar un abogado para recurrir una expulsión?
No existe un precio único fijado para todos los expedientes. Los honorarios dependen de la fase, la urgencia, la asistencia en un CIE, la preparación de pruebas y la necesidad de acudir a la vía judicial.
Antes de contratar, conviene pedir por escrito el alcance del trabajo, los honorarios, el IVA, los procuradores y las posibles tasas o gastos adicionales.
¿Puede solicitarse justicia gratuita?
Las personas que acrediten insuficiencia de recursos pueden solicitar asistencia jurídica gratuita, de acuerdo con los requisitos legales. En procedimientos de extranjería y ante determinadas actuaciones urgentes existen garantías específicas de asistencia letrada.
La solicitud puede tramitarse a través del Colegio de Abogados correspondiente o del órgano judicial, según el procedimiento. Es importante pedirla cuanto antes para no perder plazos.
¿Cuánto tarda un recurso contra una expulsión?
La duración depende de la provincia, del tipo de recurso, de la urgencia y de si se solicitan medidas cautelares. Una petición urgente puede resolverse antes que el procedimiento principal, pero no hay un plazo uniforme para todos los tribunales.
El abogado debe controlar el expediente y comunicar cualquier notificación durante la tramitación.
¿Puede volver a España una persona expulsada?
Depende de la prohibición de entrada incluida en la resolución y de si existe una alerta o restricción aplicable en el espacio Schengen. Entrar durante el periodo de prohibición puede generar nuevas consecuencias administrativas o penales.
En algunos casos puede solicitarse la revocación, reducción o revisión de la prohibición, pero la posibilidad depende de la resolución y de las circunstancias acreditadas.
¿Qué documentos debe reunir para defenderse?
Conviene conservar la resolución completa, el acta de notificación, el pasaporte, el NIE, el empadronamiento y cualquier documento relacionado con la detención o el internamiento.
También pueden ser útiles certificados de matrimonio o pareja, documentación de hijos, informes médicos, contratos, nóminas, pruebas de arraigo, antecedentes en España y evidencias sobre el riesgo en el país de retorno.
Recursos oficiales en España
Pasos para encontrar y contratar un abogado
- Reunir la documentación el mismo día: prepare la resolución, la notificación, el pasaporte, el NIE y las pruebas familiares, laborales, médicas o de arraigo.
- Comprobar el plazo aplicable: anote la fecha exacta de notificación y consulte a un profesional inmediatamente, especialmente si existe detención, internamiento o riesgo de traslado.
- Buscar abogados especializados en extranjería y contencioso-administrativo: revise directorios profesionales y el Colegio de Abogados de la provincia donde se tramita el expediente.
- Comparar al menos dos consultas cuando el plazo lo permita: pregunte por la experiencia en expulsiones, devoluciones, CIE, asilo y medidas cautelares.
- Solicitar un presupuesto escrito: confirme qué incluye, si cubre alegaciones y recursos, y qué costes adicionales pueden surgir.
- Firmar la hoja de encargo y otorgar la representación necesaria: entregue al abogado una cronología completa y comunique cualquier cambio de domicilio o teléfono.
- Controlar las notificaciones durante todo el procedimiento: revise las comunicaciones administrativas y judiciales hasta que termine el recurso o se levante la prohibición de entrada.
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