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En Texcoco, la defensa contra la deportación o expulsión se tramita principalmente ante autoridades federales, aunque la persona se encuentre detenida o tenga domicilio en el municipio. El Instituto Nacional de Migración puede revisar su situación, imponer una medida de presentación, ordenar el retorno asistido o emitir una deportación conforme a la Ley de Migración.
Un abogado puede revisar la legalidad de la detención, solicitar acceso al expediente, presentar pruebas y promover recursos o un juicio de amparo. También puede identificar si existen vínculos familiares, riesgo de persecución, razones humanitarias o una solicitud de refugio que deban considerarse antes de la salida del país.
La expulsión prevista en el artículo 33 constitucional es distinta de una deportación administrativa. La expulsión corresponde al Poder Ejecutivo Federal y exige un procedimiento previo con derecho de audiencia, mientras que la deportación se relaciona con infracciones migratorias previstas en la legislación federal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente sus artículos 1 y 33, establece la protección de los derechos humanos, el debido proceso y las reglas constitucionales sobre expulsión de personas extranjeras. El artículo 33 fue modificado como parte de la reforma constitucional en derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011.
La Ley de Migración, publicada el 25 de mayo de 2011, regula la situación migratoria, la presentación ante el INM, el retorno asistido, la deportación, la regularización y los derechos de las personas migrantes. Sus disposiciones aplican en Texcoco porque la materia migratoria es federal, no municipal.
El Reglamento de la Ley de Migración, publicado el 28 de septiembre de 2012, desarrolla los procedimientos y documentos relacionados con la aplicación de la Ley de Migración. Cuando existe temor de regresar al país de origen, también puede resultar aplicable la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, publicada el 27 de enero de 2011.
No es obligatorio, pero una persona tiene derecho a recibir asesoría y defensa durante el procedimiento. Un abogado puede detectar errores, presentar pruebas y explicar las consecuencias de firmar documentos.
El Instituto Nacional de Migración es una autoridad federal y puede tramitar procedimientos migratorios en el Estado de México. La ubicación exacta de la oficina o estación competente puede cambiar, por lo que debe confirmarse directamente con el INM.
El retorno asistido implica que la persona acepta regresar con apoyo de la autoridad. La deportación es una medida administrativa que puede imponerse en los supuestos legales. La expulsión del artículo 33 constitucional es una decisión del Poder Ejecutivo Federal, sujeta a un procedimiento con audiencia.
Tener hijos mexicanos no elimina automáticamente el procedimiento migratorio. Sin embargo, los vínculos familiares, el interés superior de la niñez y la unidad familiar pueden apoyar una regularización, una medida humanitaria o una impugnación.
Una persona puede expresar su intención de solicitar refugio ante la autoridad migratoria, incluso durante una detención. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados debe conocer la solicitud y el caso requiere analizar el temor fundado de persecución o el riesgo grave en el país de origen.
La persona puede pedir que le expliquen el contenido en un idioma que comprenda y solicitar un intérprete cuando sea necesario. No debe firmar una renuncia, salida voluntaria o declaración sin conocer sus efectos jurídicos.
No existe una tarifa oficial única para estos servicios. El costo depende de la detención, la complejidad del expediente, los recursos necesarios y la urgencia; conviene solicitar por escrito el alcance, honorarios, gastos y forma de pago.
El tiempo depende del procedimiento, la autoridad, las pruebas y si existe una impugnación judicial. Una revisión inicial puede hacerse en uno o pocos días, pero un recurso, un amparo o una solicitud de refugio puede tardar varias semanas o más.
No siempre. El abogado debe solicitar una suspensión y el órgano jurisdiccional decidirá si procede, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo. La existencia de un amparo no autoriza por sí sola a ignorar las órdenes del INM.
En algunos casos existe una vía de regularización por vínculo familiar, razones humanitarias, trabajo u otros supuestos legales. La elegibilidad depende de la nacionalidad, los documentos, el historial migratorio y la situación concreta.
Son útiles el pasaporte, tarjetas migratorias, citatorios, resoluciones, actas de nacimiento, comprobantes de domicilio, documentos familiares y constancias médicas. En solicitudes de refugio también pueden ser relevantes denuncias, mensajes, fotografías y pruebas del riesgo de regreso.
Sí, normalmente puede designarse una nueva representación y revocarse la anterior conforme al trámite correspondiente. Es importante pedir copia completa del expediente y confirmar los plazos pendientes antes de hacer el cambio.
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