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Leer respuesta completaEn Güímar, el divorcio y la separación se enmarcan dentro del Derecho de Familia español. Los procesos se tramitan conforme al Código Civil y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante los Juzgados de Primera Instancia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Contar con un asesor legal facilita la negociación de custodias, pensiones y reparto de bienes, y evita retrasos innecesarios.
La finalidad de estas figuras es restablecer una situación estable para los progenitores y sus hijos, respetando el interés superior del menor. En Güímar, las decisiones suelen tener especial atención a la vivienda habitual, la escolarización de los menores y la continuidad de su entorno social. Una asesoría jurídica permite anticipar conflictos y proponer soluciones practicables.
Las bases para el divorcio y la separación provienen del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas normas establecen qué se puede solicitar, quién debe participar y qué medidas pueden adoptarse durante el proceso. En Güímar, los casos se tramitan ante los Juzgados de la provincia, con especial atención a la protección de los menores.
Las leyes relevantes para los procesos de familia también incluyen la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que regula actos cuando no hay contienda judicial. Aunque su alcance varía según las circunstancias, puede influir en divorcíos en ciertos supuestos sin conflicto entre las partes. Es útil conocer su existencia para valorar opciones de gestión no contenciosa.
Para entender la normativa local, es recomendable consultar también las guías del Poder Judicial y del Gobierno de Canarias, que resumen derechos y procedimientos aplicables en la Comunidad Autónoma. Es crucial revisar la normativa vigente vigente al inicio de cualquier trámite.
“Interés superior del menor” es un principio clave que guía las decisiones de custodia y apoyo en los procedimientos de familia.
“Los procesos de familia deben resolverse con claridad y rapidez, preservando la protección de los derechos de los menores.”
La custodia determina con quién residirán los hijos y cómo se organizará su tiempo. Se solicita en el proceso de divorcio o separación y se decide atendiendo al interés superior del menor. Un asesor legal puede proponer un convenio de guarda y visitas adaptado a su situación.
Debe presentar un convenio regulador ante el tribunal competente, firmado por ambos cónyuges. Este documento regula la liquidación de bienes y el régimen económico y, si no hay contienda, puede resolverse más rápido. Un abogado garantiza que el convenio cumpla la ley.
Los costos incluyen honorarios del abogado y gastos de costas judiciales. En casos simples por mutuo acuerdo, los honorarios pueden oscilar entre 1.000 y 3.000 euros, dependiendo de la complejidad. El precio varía si hay disputas sobre hijos o bienes.
En general, un divorcio por mutuo acuerdo puede resolverse en 6-12 meses si no hay conflictos y la documentación está en orden. Casos contenciosos pueden prolongarse de 12 a 18 meses o más, según la carga de trabajo del juzgado.
Es altamente recomendable disponer de un abogado para redactar y revisar el convenio. También es aconsejable que el abogado asesore sobre la liquidación de bienes y las medidas para los hijos. Pide una consulta inicial para valorar el caso.
La separación separa legalmente a las partes sin extinguir el vínculo matrimonial. El divorcio termina el matrimonio y puede conllevar la liquidación de gananciales. En ambos casos se pueden establecer medidas para los hijos.
Sí. El tribunal puede fijar una pensión en función de las necesidades del menor y de la capacidad económica de ambos progenitores. Esta pensión puede revisarse si cambian las circunstancias.
Se pueden solicitar medidas cautelares para proteger la vivienda y garantizar la seguridad de los niños. Un letrado puede presentar una demanda para fijar un uso temporal de la vivienda o su liquidación.
Sí. Las medidas pueden modificarse si cambia la situación de los progenitores o de los hijos. Es común pedir revisiones de custodia, visitas o pensión ante el mismo juzgado.
Normalmente se requieren certificados de matrimonio, de nacimiento de los hijos, prueba de ingresos, documentación de la vivienda y un convenio regulador si es mutuo acuerdo. El abogado le indicará la lista exacta según su caso.
La guarda compartida reparte la responsabilidad de cuidado y educación entre ambos progenitores. Se aplica cuando ambos pueden garantizar la seguridad y el bienestar del menor y facilita su desarrollo. Cada caso es valorado por el juez según circunstancias.
El proceso puede continuar en sede judicial con mediación y audiencias. En algunos supuestos se puede iniciar un contencioso para resolver cuestiones de custodia, pensiones y bienes. Un abogado acompaña en cada etapa para proteger sus derechos.
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