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La diligencia debida es el conjunto de verificaciones, pruebas y evaluaciones que permiten identificar riesgos, pasivos y cumplimiento normativo antes de realizar una operación importante. En Chajarí, Entre Ríos, estas prácticas se aplican con base en normas nacionales y en normativa provincial que rige en todo el territorio argentino. Aunque no exista una regulación específica para la ciudad, las obligaciones de diligencia se integran al marco general de comercio, protección de datos y responsabilidad de las personas jurídicas.
La diligencia debida facilita decisiones informadas y reduce la probabilidad de costos imprevistos. Un asesor legal en Chajarí puede explicar qué pruebas realizar, qué riesgos detectar y cómo documentarlos para respaldar una decisión de inversión, fusión o contratación.
Esta norma regula la constitución, organización y funcionamiento de las sociedades mercantiles en Argentina. Su aplicación es general en Chajarí y exige una diligencia razonable por parte de los responsables ante decisiones relevantes. El texto consolidado puede consultarse en fuentes oficiales para ver cambios recientes y su interpretación actual.
La ley establece que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por ciertos delitos cometidos en su nombre o beneficio. Exige la implementación de programas de cumplimiento y controles para prevenir infracciones. En la práctica, las empresas en Chajarí deben adaptar políticas de ética y procedimientos de investigación interna.
La norma protege los datos personales de clientes y empleados. Impone obligaciones de seguridad, tratamiento lícito y transparencia en el manejo de información. Su alcance es nacional y se aplica en Chajarí a todas las empresas que procesan datos personales.
“La diligencia debida es una herramienta clave para gestionar riesgos en transacciones y operaciones comerciales.”
Fuente: infoleg.gob.ar
“Las empresas deben implementar programas de cumplimiento para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica.”
Fuente: argentina.gob.ar/justicia
“La protección de datos personales es obligatoria y la falta de cumplimiento puede acarrear sanciones administrativas y civiles.”
Fuente: www.oecd.org
Es un proceso de revisión de documentos y antecedentes antes de cerrar la compra para identificar riesgos y pasivos. Permite negociar mejor el precio y las condiciones del contrato.
Solicite certificados de cumplimiento, antecedentes legales, historial de litigios y verificar licencias. Un abogado puede gestionar un informe de diligencia de proveedores.
Antes de firmar un acuerdo de compra, contrato relevante o licitación pública. Idealmente, en la etapa de due diligence inicial y de negociación.
En los textos oficiales disponibles en InfoLEG y en las páginas oficiales del gobierno. Se recomienda consultar fuentes gubernamentales para textos vigentes.
Para reducir riesgos de responsabilidad penal y sanciones administrativas. Un plan de cumplimiento facilita auditorías internas y mejora la gobernanza.
Sí. Un letrado puede diseñar políticas de tratamiento de datos, registros de actividades y controles de seguridad para cumplir la Ley 25.326.
Sí. Cláusulas de diligencia debida, divulgación de información y responsabilidad por incumplimiento protegen a las partes y facilitan renegociaciones.
Sí. La revisión tributaria evita pasivos fiscales ocultos y posibles deudas que impacten la operación.
La diligencia es una revisión previa a la transacción; la auditoría es una verificación independiente durante o después de la operación.
activos y pasivos, contratos relevantes, litigios pendientes, cumplimiento normativo, licencias, dependencias y riesgos estratégicos.
Se evalúa la viabilidad de la operación, se renegocian condiciones o se abandonan los planes, según la severidad del riesgo.
Depende del alcance, tamaño de la operación y complejidad de la empresa objetivo. Un abogado puede entregar un presupuesto claro tras la consulta inicial.
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