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El derecho de Tecnología de la información en Argentina regula el uso de datos, sistemas, redes y servicios digitales. Combina normas de protección de datos, seguridad de la información, contratos tecnológicos y propiedad intelectual. Su objetivo es garantizar privacidad, transparencia y seguridad en entornos digitales.
Este marco jurídico es dinámico y se aplica tanto a privadas como a públicas, con especial atención a delitos informáticos, tratamiento de datos personales y firmas electrónicas. Los casos prácticos suelen involucrar cumplimiento normativo, gestión de incidentes de seguridad y defensa de derechos de autor en software. La asesoría adecuada ayuda a evitar sanciones y a mitigar riesgos operativos.
La Ley 25.326 regula el tratamiento de datos personales para proteger la privacidad de las personas. Establece principios como finalidad, calidad, seguridad y responsabilidad del responsable del tratamiento.
Incluye derechos de los titulares y obligaciones para responsables y encargados del tratamiento. Su cumplimiento se refuerza con reglamentaciones y guías de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales; la normativa nació a fines de los años 90 y rige desde su promulgación, con actualizaciones de implementación práctica.
La Ley 25.506 regula el uso de firmas digitales para autenticar documentos electrónicos y ser válidas frente a terceros. Garantiza equivalencia jurídica entre firma digital y firma manuscrita en determinados actos.
Su régimen se apoya en certificadores y normas técnicas para emitir certificados digitales. Su vigencia ha sido acompañada por reglamentaciones y guías técnicas para su adopción en trámites públicos y privados.
La Ley 27.275 establece el derecho de acceso a la información que ostenta la administración pública. Regula procedimientos, plazos y excepciones para solicitudes de información.
Conecta con plataformas de trámites electrónicos y con obligaciones de transparencia. Su aplicación es clave para empresas que interactúan con organismos estatales o brindan servicios regulados por el Estado.
La Ley 25.326 regula el tratamiento de datos personales para proteger la privacidad y la dignidad de las personas. Establece principios, derechos de titulares y obligaciones para quienes tratan datos.
Un letrado revisa contratos, políticas de privacidad y cláusulas de confidencialidad. También verifica medidas de seguridad y salvaguardas para minimizar exposiciones durante la asesoría.
La firma digital autentica la identidad y garantiza integridad de documentos electrónicos. Es válida para actos jurídicos cuando cumple con requisitos técnicos y de certificación establecidos.
El costo varía según la complejidad del caso y la experiencia del profesional. Puede incluir tarifa por hora, paquete por proyecto o retención mensual para asesoría continua.
La notificación y respuesta dependen de la gravedad y del marco regulatorio. En general, la gestión de incidentes requiere contención inmediata y evaluación en días a semanas.
Sí, porque implica procedimientos y excepciones específicas para solicitudes. Un letrado facilita cumplir requisitos, plazos y salvaguardas de datos.
En muchos actos, la firma digital es equivalente a la firma bajo papel. Es importante verificar certificados y la adecuación al tipo de documento y a la autoridad que lo exige.
Las quejas se presentan ante la autoridad de protección de datos correspondiente y, en Argentina, pueden canalizarse a través de la autoridad de protección de datos. Se solicita información y pruebas para iniciar la investigación.
Debe incluir cláusulas de seguridad, tratamiento de datos, responsabilidades, subcontratación, auditorías y derechos de acceso. También deben fijarse límites y mecanismos de resolución de incidentes.
Un abogado general cubre distintos temas jurídicos, mientras que el especializado en TI conoce normas específicas como protección de datos y firma digital. El segundo aporta mayor experiencia en procedimientos tecnológicos y contractuales.
Cuando ocurre una filtración o brecha, se deben contener los daños y notificar formalmente a las autoridades y, en su caso, a los titulares afectados. La respuesta debe incluir medidas correctivas y un plan de mitigación.
Documente políticas y procedimientos, registre bases de datos, realice evaluaciones de impacto y mantenga registros de incidencias. Realice auditorías periódicas y actualice prácticas conforme a las guías oficiales.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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