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La mala praxis profesional suele referirse a una actuación negligente, contraria a la buena práctica o incumplidora de los deberes profesionales. En Maspalomas, puede afectar a servicios sanitarios públicos del Servicio Canario de la Salud, clínicas privadas, residencias, farmacias u otros profesionales.
La reclamación exige demostrar normalmente una conducta incorrecta, un daño real y la relación causal entre ambos. La estrategia cambia según el responsable sea una Administración pública, una empresa privada o un profesional contratado directamente.
En los casos sanitarios, conviene reunir la historia clínica completa, consentimientos informados, informes de urgencias, fotografías, facturas y pruebas de la evolución del daño. La valoración de un perito médico suele ser decisiva, especialmente cuando existen diagnósticos alternativos o enfermedades previas.
El abogado también puede determinar si procede una reclamación administrativa, civil, penal o de consumo. Presentar la acción equivocada puede causar retrasos, costes adicionales o la pérdida del plazo aplicable.
El Código Civil regula la responsabilidad por incumplimiento contractual y por daños causados por negligencia. El artículo 1101 se refiere al incumplimiento de obligaciones, el artículo 1902 a la responsabilidad extracontractual y el artículo 1964.2 establece, con carácter general, un plazo de cinco años para acciones personales sin plazo especial, tras la reforma de la Ley 42/2015, vigente desde el 7 de octubre de 2015. La acción extracontractual suele estar sujeta al plazo de un año del artículo 1968.2.
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, regula la información asistencial, el consentimiento informado, la historia clínica y el acceso a la documentación sanitaria. Se aplica tanto en centros públicos como privados, sin perjuicio de las normas sanitarias canarias.
Cuando el daño se atribuye a un servicio público sanitario, suele ser aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su artículo 67.1 fija, con carácter general, un año para reclamar responsabilidad patrimonial desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Las fechas pueden variar por daños continuados, fallecimiento o estabilización de las lesiones.
Debe acreditar una actuación negligente o contraria a la práctica exigible, un daño y una relación causal entre ambos. Los informes médicos, la historia clínica y la prueba pericial suelen ser fundamentales.
No. También puede existir por falta de información, ausencia de consentimiento válido, errores de organización, deficiente custodia de documentación o incumplimiento de obligaciones profesionales. La responsabilidad depende de los hechos concretos y del estándar aplicable.
La vía habitual comienza con una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Administración sanitaria competente, normalmente el Servicio Canario de la Salud. Si se desestima, puede ser necesario acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Puede plantearse una reclamación contractual o extracontractual contra la clínica y, según el caso, contra el profesional y su aseguradora. La jurisdicción civil suele conocer estas reclamaciones, aunque los hechos pueden justificar otras actuaciones.
El plazo depende de la vía y del responsable. En responsabilidad patrimonial sanitaria suele ser de un año, mientras que las acciones civiles pueden quedar sujetas a plazos distintos, como uno o cinco años. Es importante revisar las fechas desde la primera consulta.
Los honorarios pueden pactarse por fases, por tarifa horaria, mediante una cantidad fija o con una parte vinculada al resultado, dentro de los límites legales y del acuerdo firmado. También pueden existir costes de peritos, procurador, notificaciones y recursos.
Sí. Firmar un documento no elimina automáticamente la responsabilidad por una actuación negligente ni prueba que toda la información relevante fuera comprensible y suficiente. El consentimiento debe analizarse junto con la intervención realizada y sus riesgos previsibles.
En muchos casos resulta muy recomendable, porque ayuda a comparar la actuación profesional con la lex artis y a valorar las secuelas. En reclamaciones sencillas puede no ser imprescindible al inicio, pero la aseguradora o el tribunal puede exigir una prueba técnica sólida.
Sí, si se acreditan y guardan relación causal con la actuación reclamada. Pueden incluirse secuelas físicas, perjuicio psicológico, gastos médicos, ayuda de terceros, incapacidad y lucro cesante, según la prueba disponible.
En general, el paciente puede solicitar acceso a su historia clínica conforme a la Ley 41/2002. El centro puede limitar determinados datos protegidos de terceros, pero debe facilitar la información propia en los términos legalmente previstos.
No conviene aceptarlo sin revisar el alcance de la renuncia, las secuelas futuras y los gastos todavía previsibles. Un abogado y un perito pueden comparar la oferta con la documentación médica y calcular una indemnización razonable.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, permite solicitarla cuando se cumplen los requisitos económicos y personales establecidos. La concesión no es automática y debe tramitarse ante el organismo competente del ámbito de la abogacía.
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