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La Reestructuración e Insolvencia en Corrientes abarca los procesos para reorganizar deudas y/o gestionar la liquidación ordenada de activos cuando una persona o empresa no puede cumplir sus obligaciones. En esencia, busca preservar la continuidad de la actividad económica cuando es posible, protegiendo empleos y valor de la empresa. En Argentina, estos procedimientos se apoyan principalmente en normas nacionales, aplicándose en la provincia con las particularidades de cada sistema judicial local.
En el marco de Corrientes, un asesor legal especializado evalúa si conviene iniciar un concurso preventivo, un convenio con acreedores u otra figura de reestructuración. El objetivo es lograr una solución viable para pagar deudas en condiciones razonables, evitando la quiebra total cuando sea posible. Contar con orientación profesional facilita la recopilación de documentos, la negociación con acreedores y la presentación formal ante el tribunal competente.
En Argentina, la reestructuración y la insolvencia se rigen principalmente por la legislación nacional. La Ley de Concursos y Quiebras regula concursos preventivos, acuerdos de acreedores y quiebras para personas y empresas.
El Código Civil y Comercial de la Nación establece las reglas generales de obligaciones, contratos y las bases para situaciones de insolvencia dentro de los procesos judiciales. A nivel provincial, Corrientes aplica su marco procesal civil y comercial para tramitar estos expedientes, complementando la normativa nacional con reglas de procedimiento locales.
La Ley de Concursos y Quiebras Nº 24-522 regula los concursos preventivos, acuerdos y quiebras para personas y empresas, con el fin de facilitar la reorganización y la preservación de la empresa.
El Código Civil y Comercial de la Nación establece las reglas generales de obligaciones y contratos y permite el tratamiento de situaciones de insolvencia dentro de los procesos judiciales.
La normativa vigente busca proteger la continuidad de la empresa y la fuente de empleo, promoviendo acuerdos entre deudores y acreedores para evitar la liquidación.
Es un procedimiento judicial para reorganizar las deudas del deudor y proponer un plan de pagos. Permite suspender ejecuciones individuales y negociar con acreedores para evitar la quiebra.
Debes presentar una solicitud ante el tribunal competente en la provincia y acompañar un plan de pagos y estados contables. Un asesor legal te ayuda a preparar la documentación y a gestionar la cascada de notificaciones.
Es un acuerdo entre deudor y acreedores para reestructurar deudas con plazos, quitas y garantías. La aprobación requiere aprobación mayoritaria en asamblea de acreedores y homologación judicial.
Los honorarios suelen fijarse por jornada o por etapa del proceso y pueden variar según la complejidad. Es habitual acordar un honorario inicial y gastos de gestión, con honorarios complementarios al avanzar el caso.
No hay un plazo fijo; los procesos pueden extenderse desde varios meses hasta más de un año, dependiendo de la complejidad, la respuesta de acreedores y la carga judicial local.
Sí. La presencia de un asesor legal facilita la evaluación de opciones, la recopilación de documentos y la presentación adecuada ante el juzgado, aumentando las probabilidades de un resultado favorable.
El concurso preventivo busca la reorganización para evitar la liquidación, mientras la quiebra implica la liquidación de activos y separación de la empresa como entidad jurídica.
Sí, existen mecanismos de acuerdos extrajudiciales o parales con acreedores, pero requieren una estructura clara y, a veces, homologación posterior para tener efectos legales completos.
Necesitarás balances, estados de resultados, listado de deudas, contratos relevantes, cronograma de pagos y información de activos y pasivos de la empresa o persona.
Las deudas pueden quedar sujetas a moratorias y la solución acordada podría dejar de aplicarse, llevando a medidas judiciales o a la liquidación de activos si no se llega a un acuerdo.
Sí. Las pequeñas empresas pueden acceder a concursos y acuerdos si cumplen los requisitos de viabilidad económica y de que existan deudas presentes con acreedores reconocidos.
Los trabajadores conservan derechos laborales y, en la mayoría de los casos, el plan de reestructuración protege su fuente de empleo, con ajustes posibles en salarios y condiciones acordadas con acreedores.
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