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En Maspalomas, como en el resto de España, la Reestructuración e Insolvencia se rige por la Ley Concursal y sus reformas. Este marco legal busca sostener la viabilidad de empresas y, cuando no es posible, ordenar la liquidación de forma ordenada y equitativa entre acreedores. Los procesos pueden ser voluntarios para deudores que anticipan dificultades o necesarios cuando un acreedor solicita la intervención.
Para residentes de Maspalomas, la mayor parte de los trámites se tramita ante los juzgados mercantiles de Las Palmas de Gran Canaria o, en su caso, ante la autoridad concursal designada. En áreas con fuerte actividad turística, como Maspalomas, la reestructuración puede incluir planes de pagos, refinanciaciones de deudas y acuerdos extrajudiciales que protejan empleos y continuidad operativa. Un asesor legal especializado en insolvencia facilita la evaluación de opciones y la negociación con acreedores.
Entre las herramientas habituales figuran el concurso voluntario, el convenio de acreedores, el acuerdo de refinanciación y la Ley de Segunda Oportunidad para personas físicas. Una guía adecuada permite planificar con realismo, evitar liquidaciones forzadas y, cuando sea viable, conservar la empresa o el negocio familiar. Este enfoque práctico es especialmente relevante para negocios de hostelería y servicios en Maspalomas que dependen de la demanda turística.
Un autónomo de Playa del Inglés con deudas a proveedores y a la Seguridad Social decide preparar un plan de pagos para evitar el concurso. Un asesor legal ayuda a valorar opciones y a negociar un convenio previo a la insolvencia.
Una pequeña empresa hotelera de Maspalomas enfrenta una caída de ingresos por temporada baja. Requiere una reestructuración que incluya refinanciación de deudas y un calendario de pagos para proveedores y bancos, gestionado por un letrado.
Una comunidad de propietarios con varias viviendas en alquiler turístico debe negociar hipotecas y gastos comunes. Un abogado puede coordinar un procedimiento de convenio para evitar ejecuciones parciales y proteger a los copropietarios.
Un empresario que se plantea una “segunda oportunidad” para reducir deudas personales. Un asesor legal explica la elegibilidad y gestiona la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad.
Una empresa familiar con deudas acumuladas tras una crisis local. Necesita asesoramiento sobre si conviene presentar concurso voluntario o continuar con un acuerdo extrajudicial de pagos.
Un autónomo con deudas tributarias y laborales. Un abogado evalúa si conviene un plan de pagos o una restructuración que evite una liquidación forzosa.
Ley 22/2003, de 9 de julio, de concurso de acreedores - marco principal de la insolvencia en España. Regula procedimientos para la aceptación de planes de viabilidad, la suspensión de ejecuciones y la protección de deudores y acreedores durante la reestructuración. Fuente: Justicia.gov.es
La Ley Concursal establece mecanismos para la continuación de la actividad empresarial cuando sea posible y, en su defecto, la liquidación ordenada de activos para satisfacer a los acreedores.
Ley 25/2015, de 28 de julio, de segunda oportunidad - facilita que personas físicas reduzcan o eliminicen deudas no recuperables, siempre cumpliendo requisitos de boa fe y acción. Esta normativa es relevante para deudores residentes en Maspalomas que buscan una salida personal a deudas asfixiantes. Fuente: Justicia.gob.es
La Ley de Segunda Oportunidad permite, cuando se cumplen las condiciones, liberarse de deudas no salvables mediante un procedimiento específico y limitado.
Medidas puntuales durante la pandemia (referidas al marco de insolvencia) - durante 2020-2021 se implementaron normas para facilitar la reestructuración y la moratoria de pagos en determinados supuestos, con efectos temporales para favorecer la continuidad de actividades económicas. Fuente: canarias.gob.es
Las medidas urgentes buscaban evitar cierres empresariales y permitir acuerdos de reestructuración en circunstancias excepcionales.
Notas prácticas para Maspalomas: las Canarias aplican las mismas bases legales nacionales, con posibles particularidades procesales locales. Consulte siempre con un asesor para confirmar la situación actual y las rutas más eficaces según su caso concreto.
Un concurso de acreedores ordena la reestructuración o liquidación de una empresa insolvente. Puede ser iniciado por el deudor, por acreedores o por el administrador concursal designado. La finalidad es distribuir de forma equitativa los activos entre los acreedores.
Debe valorar si hay viabilidad para un plan de pagos o un acuerdo extrajudicial de pagos. Un abogado de insolvencia prepara la documentación, negocia con acreedores y presenta la solicitud ante el juzgado competente. Ello puede evitar un concurso formal si se llega a un acuerdo viable.
Cuando la empresa no puede pagar sus deudas de forma continuada y no hay perspectivas de viabilidad a corto plazo. El concurso voluntario facilita una estructura de pagos y protege frente a ejecuciones, siempre que exista un plan razonable.
En Canarias, los procedimientos suelen tramitarse en los Juzgados de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria o de Santa Cruz de Tenerife, entre otros. Un letrado local puede indicar la jurisdicción exacta según la localidad en Maspalomas.
Un abogado especializado evalúa la viabilidad del plan, identifica riesgos y protege tus derechos. Negocia términos con acreedores y bancos para lograr un acuerdo estable y ejecutable.
Sí. La Ley de Segunda Oportunidad aplica a deudores personas físicas que cumplen ciertos requisitos de buena fe. Un asesor ofrece orientación sobre elegibilidad y pasos procesales.
El concurso voluntario lo solicita el deudor ante indicios de insolvencia. El concurso necesario lo solicita un acreedor ante la imposibilidad de cobro, con intervención del deudor y del juez.
Los honorarios varían según la complejidad y la experiencia del letrado. Espere entre 600 y 3000 euros por una consulta inicial y entre 1.500 y 8.000 euros por un caso completo, dependiendo del alcance.
El plazo depende del tipo de procedimiento. En general, la propuesta de convenio debe presentarse durante la fase inicial ante el juzgado o ante la autoridad concursal designada. Un abogado puede fijar un cronograma exacto.
Sí. Con un acuerdo extrajudicial de pagos o un plan de refinanciación, la empresa puede reorganizar deudas con la aceptación de acreedores sin acudir a un concurso formal. La negociación y documentación deben ser adecuadas para ser ejecutables.
La vivienda habitual puede estar protegida en ciertos casos de insolvencia personal, dependiendo de la normativa aplicable y de la situación de la deuda hipotecaria. Un letrado explica opciones como la exoneración o renegociación de hipotecas en el marco de la Ley de Segunda Oportunidad.
Reúna identificación, escrituras de propiedad, préstamos y deudas, estados de cuenta, contratos laborales, recibos de impuestos y cualquier acuerdo con acreedores. Estos documentos permiten al abogado evaluar la viabilidad de las opciones disponibles.
Defina claramente su objetivo: evitar la liquidación, obtener un plan de pagos viable o acceder a la Segunda Oportunidad. Establezca un plazo de 2-4 semanas para la evaluación inicial.
Recopile documentación financiera clave: balances, deudas, contratos, nóminas y historial de pagos. Este paso suele tardar 1-2 semanas, dependiendo de la disponibilidad de archivos.
Consulte con un abogado de insolvencia en Maspalomas para una consulta preliminar de 60-90 minutos. En esa sesión, defina opciones y expectativas realistas.
Elabore junto con su letrado una propuesta de convenio o plan de pagos. Elabora un cronograma y determine qué documentos deben presentarse ante el juzgado. Este proceso puede tomar 2-6 semanas, según la complejidad.
Presenten la solicitud ante el órgano competente (juzgado mercantil o autoridad concursal). El tribunal asignado establecerá un calendario de actuaciones y verificación de deudas.
Negocie con acreedores y, si corresponde, implemente acuerdos para evitar la liquidación. El seguimiento del plan suele requerir revisiones periódicas cada 3-6 meses.
Si procede, gestione la opción de la Segunda Oportunidad para deudas personales. Considere asesoría específica y cumpla con los requisitos de buena fe y solvencia futura.
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