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El derecho de Transacciones Tecnológicas en Argentina regula contratos, firmas, tratamiento de datos, ciberseguridad y resolución de conflictos en entornos digitales. Su objetivo es facilitar la confianza entre empresas, proveedores y usuarios en plataformas y servicios electrónicos. Además, armoniza normas de consumo, protección de datos y firma digital para operaciones tecnológicas transfronterizas.
Una empresa argentina negocia un contrato de software como servicio (SaaS) con un proveedor extranjero y requiere cláusulas de tratamiento de datos y jurisdicción aplicable. Un letrado ayuda a definir responsabilidades, subprocesos y medidas de seguridad para cumplir la Ley de Protección de Datos. También revisa acuerdos de confidencialidad y SLA para evitar litigios y asegurar jurisdicción adecuada en caso de disputas.
Una fintech argentina lanza una app de pagos y necesita integrar proveedores de pasarelas de pago y bancos. Un abogado especializado asesora sobre cumplimiento de normas de seguridad, verificación de identidad y transferencias de datos entre sistemas. Además, identifica riesgos contractuales y limita responsabilidades ante fallas de terceros.
Un comercio electrónico nacional debe cumplir la Defensa del Consumidor en ventas online y garantizar transparencia de precios, políticas de devolución y protección de datos. Un asesor legal revisa políticas de privacidad, avisos de cookies y condiciones de uso para evitar sanciones y demandas colectivas. También propone cláusulas de resolución de disputas acordes a la normativa local.
Una empresa decide transferir datos a servidores en el extranjero para operaciones en la nube. Un abogado evalúa salvaguardas, bases legales para transferencias internacionales y mecanismos de adecuación para evitar sanciones. Además, diseña un plan de continuidad que contemple brechas de seguridad y notificación a titulares.
Un proveedor tecnológico firma un contrato con un cliente público y necesita asegurar cumplimiento normativo, acceso a la información y auditorías. Un asesor prepara cláusulas de cumplimiento, confidencialidad y protección de datos, y coordina con autoridades para permisos y licencias. Esto reduce riesgos de incumplimiento y sanciones administrativas.
La firma digital tiene el mismo valor probatorio que la firma autógrafa cuando se utiliza un certificado válido emitido por una autoridad de certificación reconocida.
La protección de datos personales es un derecho fundamental protegido por la Ley 25.326 y su reglamento, con supervisión de las autoridades competentes.
La defensa del consumidor regula las transacciones electrónicas para asegurar información veraz, claridad de condiciones y resoluciones justas ante disputas.
Fuentes oficiales: argentina.gob.ar - Secciones sobre Firma Digital y Protección de Datos; Boletín Oficial - publicación de normas; AAIP - Autoridad de Aplicación de datos y acceso a la información.
La firma digital es un mecanismo criptográfico que garantiza autenticidad e integridad de documentos electrónicos. En Argentina, su valor está respaldado por la Ley 25.506 y su reglamentación cuando se utiliza un certificado emitido por una autoridad de certificación reconocida. Sirve para que contratos y actas electrónicas tengan fuerza probatoria equivalente a la firma manuscrita.
La protección de datos personales busca que la información de las personas sea tratada con consentimiento y finalidad legítima. En Argentina, la Ley 25.326 regula este tema y la AAIP supervisa el cumplimiento. Las empresas deben informar sobre el uso de datos y respetar derechos de acceso, rectificación y supresión.
Revisa cláusulas de tratamiento, finalidad y consiento; especifica responsables y subcontratistas; establece medidas de seguridad y derechos de acceso. Verifica transferencias internacionales y derechos de borrado al finalizar el contrato. Incluye cláusulas de confidencialidad, SLA y resolución de disputas.
Siempre que haya datos personales, requisitos de seguridad, o cláusulas de responsabilidad y liquidación relevantes. Si el contrato implica datos sensibles, transferencia internacional o jurisdicción no clara, es crucial asesoría especializada. Un letrado puede evitar ambigüedades y riesgos legales futuros.
Las infracciones deben reportarse a la autoridad de control correspondiente y, cuando aplica, a los titulares afectados. En la práctica, se deben documentar los hechos y fechas, y activar un plan de respuesta para mitigar daños. El proceso varía según la naturaleza de los datos y el alcance.
Sí, las cláusulas de arbitraje son válidas en Argentina siempre que sean claras y voluntarias. Deben especificar el mecanismo, sede y reglas aplicables. Es aconsejable revisar la cláusula con un asesor legal para evitar excepciones o limitaciones de derechos de los usuarios.
Los honorarios dependen de la complejidad y la experiencia. Es recomendable pedir presupuestos por escrito y, si es posible, tarifas fijas para revisión de contratos simples. También puede existir un retainer o tarifas por hora para asesoría continua.
Se deben considerar las leyes aplicables, jurisdicción y normas sobre transferencia de datos. Aclara la ley vigente en el contrato y la posibilidad de arbitraje internacional. Un defensor legal puede coordinar cláusulas de elección de ley y foro adecuados.
Define la base legal para el tratamiento y las salvaguardas para transferencias internacionales. Incluye contratos con proveedores que garanticen seguridad y cumplimiento de normas. Establece políticas de retención, borrado y auditorías regulares.
La normativa de defensa del consumidor exige información clara, garantías y políticas de devolución. El contrato debe especificar costos, plazos y condiciones. Si hay datos personales, deben respetarse las normas de protección de datos aplicables.
Sí. Un asesor elabora políticas de cookies y privacidad transparentes que cumplen PDPL y permiten el consentimiento informado. También previene sanciones y mejora la confianza de los usuarios. Incluye derechos de titular y procedimientos de ejercicio.
Un letrado facilita la protección de datos, la firma digital y la seguridad contractual. Optimiza cláusulas de responsabilidad, propiedad intelectual y confidencialidad. También orienta sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos en plataformas digitales.
Defina el alcance del proyecto y el tipo de documentos a revisar. Busque letrados con experiencia en tecnología y datos personales. Solicite un presupuesto detallado y un plan de trabajo con hitos y plazos claros.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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