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En Hackensack, una marca puede ser el nombre, logotipo, eslogan u otro signo que identifica los productos o servicios de un negocio. La protección puede ser federal, mediante el registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), o estatal, mediante el registro en Nueva Jersey.
El registro del nombre de una empresa, un nombre comercial municipal o un dominio no equivale a registrar una marca. Para negocios de Main Street, prestadores de servicios y vendedores en línea del condado de Bergen, elegir entre protección estatal y federal depende de dónde operan y de sus planes de crecimiento.
Antes de invertir en rótulos, envases o publicidad, conviene comprobar si existen marcas similares para productos o servicios relacionados. El registro no garantiza por sí solo que el nombre pueda usarse sin conflictos.
La Ley Lanham, codificada en el Título 15 del Código de Estados Unidos, regula el registro federal, ciertos conflictos entre marcas y las acciones por infracción. La USPTO tramita las solicitudes federales; la protección puede extenderse a todo el país, sujeta a las reglas de prioridad y a los derechos anteriores.
La Ley de Marcas de Nueva Jersey, N.J.S.A. 56:3-13.1 y siguientes, establece el marco estatal para el registro y la protección de marcas en Nueva Jersey. La solicitud estatal se presenta ante la División de Ingresos y Servicios Empresariales del Departamento del Tesoro de Nueva Jersey.
La Ley de Modernización de Marcas de 2020 modificó la Ley Lanham y entró en vigor el 27 de diciembre de 2020. Entre otros cambios, creó procedimientos ante la USPTO para impugnar ciertos registros cuando no se ha usado la marca en el comercio.
No siempre, pero usar un nombre sin investigar posibles conflictos puede obligar a cambiarlo después. El registro federal o estatal puede aportar derechos y herramientas adicionales, según el alcance de la solicitud y las circunstancias.
El registro estatal se refiere a Nueva Jersey, mientras que el federal puede ofrecer protección en todo Estados Unidos. La elección depende del uso comercial, la expansión prevista y los derechos existentes de terceros.
No. El registro de una entidad o de un nombre comercial cumple una función distinta de la protección de una marca. Conviene comprobar por separado la disponibilidad y el registro del signo para los productos o servicios correspondientes.
En ciertas solicitudes federales puede declararse una intención real de usar la marca en el comercio, pero el registro exige posteriormente acreditar ese uso. Los requisitos y plazos dependen de la base de presentación elegida.
La USPTO y Nueva Jersey cobran tasas oficiales, que varían según la solicitud y otros factores. Los honorarios de un abogado son aparte y dependen de tareas como la búsqueda, la preparación, las clases solicitadas y la respuesta a objeciones.
El examen suele tomar varios meses y el plazo total puede alargarse si la solicitud recibe una objeción o si otra parte presenta oposición. Los tiempos cambian; la USPTO publica estimaciones actualizadas.
La objeción, llamada comúnmente acción de oficina, explica qué problema debe resolverse y fija un plazo para responder. Un abogado puede evaluar si corresponde aportar argumentos, modificar la solicitud o considerar otra estrategia.
La respuesta depende de la similitud entre los signos y de la relación entre los productos o servicios, entre otros factores. Que las categorías sean distintas no descarta automáticamente un conflicto.
™ puede usarse para indicar que alguien reclama derechos sobre un signo, aunque no esté registrado. ® se reserva para una marca registrada y no debe usarse para presentar como registrada una solicitud pendiente.
Permite iniciar el trámite antes de comenzar a usar la marca en el comercio, si existe una intención auténtica de hacerlo. Para completar el registro, habrá que cumplir los requisitos de uso y presentación de pruebas establecidos por la USPTO.
Guarde pruebas del uso y de las fechas, como capturas, anuncios y facturas, y evite enviar amenazas sin evaluar primero sus derechos. Un abogado puede analizar el posible riesgo de confusión y las opciones de contacto, negociación o acción legal.
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