Guías legales escritas por Oikonomakis Law Firm:
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Guías legales escritas por Oikonomakis Law Firm:
El derecho del IVA y de los impuestos indirectos afecta a facturas, declaraciones periódicas, operaciones intracomunitarias, importaciones y ventas a distancia. En la práctica, un abogado fiscalista analiza los hechos, determina la tributación aplicable y defiende al contribuyente ante la Administración.
La gestión ordinaria suele realizarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante modelos como el 303, el 390 o el 349, según la actividad. También pueden intervenir aduanas, el sistema de suministro inmediato de información y los registros de operadores intracomunitarios.
El tratamiento cambia según el territorio. Canarias aplica principalmente el IGIC, mientras que Ceuta y Melilla tienen reglas distintas del IVA peninsular; el País Vasco y Navarra cuentan además con regímenes forales de coordinación tributaria.
La norma principal es la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, vigente desde el 1 de enero de 1993 y modificada en numerosas ocasiones. Regula el hecho imponible, las exenciones, las deducciones, la repercusión, las obligaciones formales y los regímenes especiales.
Su desarrollo reglamentario se encuentra en el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que contiene el Reglamento del IVA. Sus modificaciones han incorporado cambios sobre facturación, libros registro, operaciones intracomunitarias y procedimientos de gestión.
En Canarias debe revisarse la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que establece el IGIC. En el País Vasco y Navarra también deben comprobarse las normas del concierto o convenio económico y la autoridad tributaria competente.
No siempre. Muchas empresas presentan sus modelos con apoyo contable, pero conviene consultar a un abogado cuando existen operaciones internacionales, regularizaciones, inspecciones o dudas sobre deducciones.
Sí. Puede preparar alegaciones, un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa, según el acto recibido y la estrategia adecuada. El plazo concreto aparece en la notificación y debe revisarse de inmediato.
No existe una tarifa única. El coste depende de si se trata de una consulta, una revisión documental, una inspección, un recurso o un procedimiento judicial. Antes de contratar, conviene pedir por escrito el alcance, los honorarios y los gastos no incluidos.
El asesor contable suele encargarse de registros, libros y declaraciones periódicas. El abogado fiscalista analiza la interpretación jurídica, diseña la defensa y representa al cliente en procedimientos administrativos o judiciales cuando procede.
Normalmente necesitará las declaraciones presentadas, facturas emitidas y recibidas, contratos, libros registro, notificaciones y justificantes de pago. En operaciones internacionales también pueden ser relevantes los documentos aduaneros, transportes y certificados de residencia fiscal.
Debe analizarse la naturaleza de la operación, la condición del cliente, su ubicación y las reglas de localización. También hay que comprobar si existe exención, inversión del sujeto pasivo, tributación en otro Estado o aplicación del IGIC.
En algunos casos sí, mediante rectificación, solicitud de devolución o recurso contra la regularización. La posibilidad depende de la validez de la factura, la afectación a la actividad, la prueba del gasto y el cumplimiento de los plazos.
La sanción puede impugnarse cuando faltan hechos probados, culpabilidad, motivación o proporcionalidad. Es importante responder dentro del plazo y no limitarse a pagar sin analizar las consecuencias jurídicas.
Una comprobación o recurso puede durar varios meses, y una reclamación económico-administrativa puede prolongarse más. La duración depende del órgano, la complejidad del expediente y la necesidad de aportar pruebas.
Sí. Puede revisar que la actividad y las operaciones justifican la inscripción, preparar la documentación y responder a una eventual comprobación censal. La inscripción no sustituye el cumplimiento de las declaraciones y registros posteriores.
Debe determinarse si cada operación está sujeta al IGIC, al IVA o a otro régimen. La ubicación del proveedor, del cliente, de los bienes y del transporte puede cambiar el resultado, por lo que conviene separar la contabilidad territorial.
Sí, especialmente para consultas o procedimientos telemáticos. Sin embargo, es útil confirmar que conoce la Administración competente, los regímenes territoriales aplicables y la práctica de los órganos que tramitarán el expediente.
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