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En Cotuí, la asesoría suele centrarse en el ITBIS, los impuestos selectivos al consumo, las retenciones relacionadas y los tributos aduaneros. Estos asuntos afectan a comercios, restaurantes, contratistas, transportistas, importadores y empresas vinculadas con la actividad agropecuaria o minera de Sánchez Ramírez.
La Dirección General de Impuestos Internos determina el registro, la facturación, las declaraciones y los pagos de los contribuyentes. Cuando existen mercancías importadas, también interviene la Dirección General de Aduanas, aunque la operación comercial se realice finalmente en Cotuí.
Un abogado puede revisar si una operación está gravada, exenta o sujeta a una tasa reducida. También puede preparar respuestas a requerimientos, objeciones contra liquidaciones y recursos administrativos, especialmente cuando la documentación contable está incompleta.
El Código Tributario de la República Dominicana, Ley núm. 11-92, promulgado en 1992, contiene las reglas centrales sobre el ITBIS, otros impuestos internos, deberes formales, fiscalización, sanciones y recursos administrativos. Sus disposiciones han sido modificadas por leyes posteriores.
La Ley núm. 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, promulgada en 2012, introdujo cambios importantes en el régimen del ITBIS y otros tributos. La tasa, las exenciones y los bienes sujetos a tratamiento especial deben comprobarse según la norma vigente y la operación concreta.
El Reglamento núm. 293-11 para la Aplicación del Título III del Código Tributario desarrolla aspectos del ITBIS, incluyendo reglas operativas sobre contribuyentes, facturación y aplicación del impuesto. Para importaciones, también resulta aplicable la Ley núm. 168-21 de Aduanas, promulgada en 2021, junto con sus normas de aplicación.
En República Dominicana, el impuesto equivalente al IVA se denomina ITBIS. Se aplica al consumo de determinados bienes y servicios conforme al Código Tributario y sus modificaciones.
No necesariamente. La obligación depende de la actividad, los bienes o servicios vendidos, el régimen aplicable y las exenciones previstas en la ley. La inscripción y las declaraciones pueden ser necesarias aunque el negocio tenga ventas reducidas.
Debe revisarse la naturaleza exacta del bien o servicio y la disposición que establece la exención. Una factura o contrato por sí solo no convierte una operación gravada en exenta.
Puede revisar el alcance del requerimiento, organizar libros y comprobantes, preparar la respuesta y acompañar al contribuyente durante el procedimiento. También puede impugnar una determinación cuando existan errores de hecho o de derecho.
Los honorarios dependen de si se trata de una consulta, una declaración, una fiscalización, una importación o un recurso. Conviene solicitar por escrito el alcance del servicio, los gastos adicionales y la forma de pago antes de contratar.
Una corrección sencilla de datos o comprobantes puede resolverse en pocos días, si la documentación está completa. Una fiscalización, una devolución o un recurso puede tardar varias semanas o más, según la autoridad y la complejidad del expediente.
Son útiles el registro de contribuyente, declaraciones, comprobantes fiscales, libros o reportes contables, contratos, facturas de compra y cualquier notificación recibida. En importaciones también deben reunirse facturas comerciales, documentos de transporte y declaraciones aduaneras.
Sí, siempre que esté habilitado para ejercer en República Dominicana y pueda atender adecuadamente las actuaciones ante la DGII o la DGA. La proximidad local puede facilitar reuniones y entrega de documentos, pero no sustituye la competencia tributaria.
El ajuste modifica el impuesto que la autoridad considera pendiente, mientras la multa sanciona una infracción tributaria. Una misma actuación puede producir ambos efectos, por lo que deben revisarse por separado.
El contribuyente debe verificar primero la causa y conservar la documentación que demuestra el pago. Dependiendo del caso, puede existir un mecanismo de compensación o solicitud ante la autoridad, sujeto a requisitos y revisión.
No siempre. La Dirección General de Aduanas gestiona el despacho y los tributos aduaneros, mientras la DGII administra los impuestos internos. Una operación puede involucrar a ambas entidades.
El Código Tributario contempla mecanismos administrativos para cuestionar determinadas actuaciones. El plazo depende del acto y de la forma de notificación, por lo que conviene entregar la resolución completa al abogado inmediatamente.
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