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En Paraguay, la Muerte injusta se aborda desde dos frentes: penal y civil. El regulador penal establece responsabilidades por homicidio doloso o culposo, mientras que el civil permite reclamar indemnización por daños y perjuicios. El objetivo es proteger la vida y garantizar reparaciones a las víctimas o sus familiares.
La figura de Muerte injusta también abarca casos de muertes vinculadas a negligencias médicas, accidentes laborales o actos de autoridad que afecten el derecho a la vida. La justicia busca sancionar al responsable y, cuando corresponde, compensar a los familiares afectados. Un asesor legal puede orientar sobre ambas vías: penal y civil.
Constitución Nacional de la República del Paraguay - vigente desde su adopción en 1992, con reformas posteriores. Protege el derecho a la vida y establece garantías para el acceso a la justicia en casos de violación de derechos.
Código Penal Paraguayo - rige delitos contra la vida, incluyendo homicidio doloso y homicidio culposo, y define penas, elementos probatorios y responsabilidades penales. Su aplicación abarca investigaciones, imputaciones y procesos ante tribunales competentes.
Código Civil Paraguayo - regula la responsabilidad civil por daños y perjuicios, permitiendo reclamar reparación por daños derivados de una muerte injusta cuando exista relación causal y responsabilidad de terceros o del Estado.
“El derecho a la vida es el derecho humano fundamental y debe ser protegido por el Estado.” OHCHR.org
“Los Estados tienen la obligación de investigar de forma pronta, exhaustiva y transparente las muertes ocurridas durante detenciones o en custodia.” oas.org - Inter-American Commission on Human Rights
La muerte injusta abarca muertes causadas por actos u omisiones de terceros que vulneran la vida. El marco penal y civil determina si hay responsabilidad y qué reparación corresponde. Un abogado puede ayudar a clasificar el hecho y activar las vías adecuadas.
Primero solicita a la policía o Fiscalía un informe formal de la investigación. Después, un letrado evalúa la viabilidad de una acción penal y/o civil y guía la recopilación de pruebas.
Cuando hay responsabilidad civil por daños y perjuicios causados, ya sea por negligencia de terceros o del Estado, y existe una relación causal entre la conducta y la muerte.
En el órgano competente de la Fiscalía y, posteriormente, ante el juzgado penal correspondiente, según la jurisdicción del lugar donde ocurrió la muerte.
Un letrado con experiencia en derecho penal y civil puede evaluar riesgos, gestionar pruebas y coordinar estrategias para ambas vías legales, aumentando las posibilidades de reparación y responsabilidad.
El costo varía según la complejidad del caso y la reputación del profesional. Muchos abogados ofrecen consulta inicial y planes de pago; es importante acordar honorarios por adelantado.
Sí. Un informe forense sólido es clave para establecer la causa de la muerte y posibles responsabilidades. El abogado puede gestionar la solicitud y el acceso a pruebas.
Sí. En Paraguay existen vías paralelas para perseguir responsabilidad penal y responsabilidad civil, y un abogado puede coordinar ambas para una reparación integral.
Los procesos penales pueden durar meses a años, dependiendo de la carga judicial y la complejidad de las pruebas. Las reclamaciones civiles pueden seguir rutas distintas y también extenderse en el tiempo.
Se requieren expedientes médicos, informes policiales, pruebas de causalidad y, cuando corresponde, peritajes médicos o de seguridad laboral. Un asesor legal puede indicar la lista específica.
El doloso implica intención de causar la muerte, mientras que el culposo resulta de negligencia o imprudencia. Las penas y las estrategias procesales suelen diferir.
Existen opciones de defensa gratuita o de bajo costo a través de servicios de asistencia jurídica, clínicas legales universitarias y defensorías públicas, si corresponde.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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