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En España, el término jurídico habitual para un despido injustificado es despido improcedente. Puede declararse así cuando la empresa no acredita una causa válida o incumple requisitos formales, como entregar una carta suficientemente concreta.
En Melilla se aplica la legislación laboral estatal y el procedimiento social español. La reclamación suele comenzar con una papeleta de conciliación ante el servicio administrativo competente y continúa, si no hay acuerdo, ante el Juzgado de lo Social de Melilla.
El plazo general para impugnar el despido es de 20 días hábiles desde la fecha efectiva. No cuentan sábados, domingos ni festivos, aunque conviene comprobar el calendario aplicable y actuar inmediatamente.
Si el despido se declara improcedente, normalmente la empresa puede elegir entre readmitir a la persona trabajadora o pagar una indemnización. La opción puede corresponder a la persona despedida cuando tiene la condición de representante legal de los trabajadores.
Un abogado puede revisar la carta, calcular los plazos, preparar la conciliación y valorar si conviene reclamar improcedencia, nulidad, salarios pendientes o cantidades adicionales. También puede negociar un acuerdo sin renunciar indebidamente a derechos.
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Regula las causas y formalidades del despido disciplinario y objetivo, sus efectos, la indemnización por despido improcedente y la nulidad por vulneración de derechos fundamentales. Su texto ha sido reformado en varias ocasiones, incluida la reforma laboral del Real Decreto-ley 32/2021.
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Establece el procedimiento para impugnar el despido ante los juzgados laborales, la conciliación o mediación previa en los casos exigibles y el plazo de caducidad de 20 días hábiles.
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Refuerza la protección frente a decisiones laborales discriminatorias. Si el despido vulnera derechos fundamentales, puede ser declarado nulo, con readmisión y abono de los salarios dejados de percibir.
El despido improcedente carece de causa acreditada o incumple requisitos legales, y normalmente permite a la empresa elegir entre readmisión e indemnización. El despido nulo vulnera derechos fundamentales o afecta a determinadas situaciones especialmente protegidas, y exige generalmente la readmisión.
El plazo general es de 20 días hábiles desde la fecha del despido. La presentación de la papeleta de conciliación suspende el cómputo durante el periodo legal aplicable, por lo que no conviene esperar al último día.
Por regla general, debe presentarse una papeleta de conciliación antes de presentar la demanda. Existen excepciones legales, pero la persona trabajadora debe comprobarlas según el tipo de reclamación y la empresa demandada.
La demanda suele corresponder al Juzgado de lo Social de Melilla cuando existe competencia territorial por el lugar de prestación de servicios o por el domicilio de la empresa. Un profesional puede confirmar el órgano competente cuando hay centros de trabajo en distintas provincias.
La indemnización ordinaria es de 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. Para contratos anteriores al 12 de febrero de 2012 puede aplicarse un cálculo combinado de 45 y 33 días, sujeto a los límites legales.
Firmar el finiquito no siempre impide impugnar el despido, especialmente si el documento no contiene una renuncia clara, válida y específica. Deben revisarse el texto, las cantidades abonadas y cualquier expresión como “conforme” o “saldo y finiquito”.
La baja médica no impide automáticamente el despido, pero la decisión debe responder a una causa legal y no ser discriminatoria. Un despido vinculado a enfermedad o discapacidad, según las circunstancias, puede ser nulo o improcedente.
Debe guardar la carta de despido, contrato, nóminas, comunicaciones con la empresa, cuadrantes, registros de jornada, convenio colectivo y justificantes de vacaciones. También conviene conservar correos o mensajes que expliquen los hechos, sin alterar ni borrar los originales.
En la primera instancia social, la persona trabajadora puede comparecer por sí misma, aunque un abogado laboralista o graduado social puede aportar una estrategia procesal útil. La asistencia profesional resulta especialmente recomendable si se discuten discriminación, represalias, salarios variables o varios contratos.
Los honorarios privados dependen de la complejidad, la negociación y la necesidad de juicio. Antes de contratar, conviene pedir una hoja de encargo escrita con honorarios fijos o variables, gastos incluidos, impuestos y consecuencias si se alcanza un acuerdo.
La asistencia jurídica gratuita depende principalmente de los ingresos y del patrimonio, además de otros requisitos legales. Puede solicitarse a través de los servicios de orientación jurídica del Colegio de Abogados de Melilla o de los órganos administrativos competentes.
Si existe un acuerdo de conciliación o una sentencia incumplida, puede solicitarse su ejecución judicial. Cuando la empresa es insolvente, el Fondo de Garantía Salarial puede cubrir determinados salarios e indemnizaciones dentro de sus límites legales.
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