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En Pacho, como en el resto de Colombia, el derecho de contrato se rige principalmente por el Código Civil y el Código de Comercio. La contratación pública se regula por la Ley 80 de 1993 y sus decretos, aplicables a entidades estatales y procesos de licitación. Las relaciones contractuales entre particulares se sustentan en acuerdos voluntarios que crean obligaciones y derechos entre las partes.
Además, la administración local y la notaría facilitan ciertos actos, como la escritura de inmuebles o la formalización de contratos de alto valor. En Pacho, los contratos deben respetar las normas de protección al consumidor cuando estas relaciones involucren a personas naturales como consumidoras. Por ello, contar con asesoría especializada facilita cumplir requisitos, salvaguardar derechos y evitar nulidades.
Las normas que rigen los contratos en Pacho son principalmente nacionales, pero su aplicación práctica se da a nivel local por la actuación de entidades y notarios del municipio. A continuación se señalan las leyes y reglamentos relevantes para contratos, con énfasis en su alcance y vigencia.
Ley 80 de 1993 regula la contratación estatal y las modalidades, fases y obligaciones de las partes cuando el contrato es con entidades del Estado. Esta norma es la base de la contratación pública en Colombia y se aplica en licitaciones y contratos administrados por el Estado, incluida la región de Cundinamarca.
La contratación estatal se regirá por la Ley 80 de 1993, que regula las modalidades, fases y obligaciones de las partes.
Fuente: Función Pública (funcionpublica.gov.co)
Código Civil de Colombia establece las reglas generales sobre contratos entre particulares, su formación, interpretación y efectos. Es la base para contratos de compraventa, arrendamiento, préstamo y otros actos entre personas naturales y jurídicas.
Código de Comercio de Colombia regula los contratos mercantiles, las relaciones entre comerciantes y las operaciones propias del tráfico comercial. Incluye normas sobre giros, facturas, reservas de dominio y otras figuras relevantes para empresas en Pacho.
Los contratos entre particulares se rigen por el Código Civil y el Código de Comercio, con sus respectivas normas de formación y efectos.
Fuente: Función Pública y principios jurisprudenciales del Poder Judicial
Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) protege derechos de las personas consumidoras en las relaciones contractuales y establece normas sobre transparencia de precios, garantías y prácticas comerciales. Sus efectos cubren contratos celebrados tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.
Ley 1581 de 2012 regula la protección de datos personales y el tratamiento de información en contratos que recolectan, almacenan o procesan datos de usuarios y clientes. Su cumplimiento es clave para contratos de servicios y comercio electrónico en Pacho.
Un contrato es un acuerdo que genera obligaciones entre las partes. Sus elementos clave son consentimiento, objeto lícito, causa y capacidad para contratar. En Pacho, estos componentes deben cumplirse para que el contrato tenga validez ante los tribunales. Además, la forma escrita puede ser necesaria para ciertos actos, como compraventa de inmuebles.
Verifique que las partes tengan capacidad jurídica y consentimiento libre de vicios. Revise el objeto, la causa y las obligaciones claras. Asegúrese de que el contrato esté firmado y, cuando corresponda, registrado o notariado. Consultar con un abogado facilita identificar cláusulas abusivas o incongruentes.
Reúna cédula de ciudadanía o NIT de la empresa, certificado de libertad y tradición del inmueble, y un contrato de arrendamiento propuesto. Incluya información del arrendatario, garantía de cumplimiento y antecedentes de pago. Un asesor legal revisa las cláusulas y la duración para evitar sorpresas.
Los honorarios pueden ser por hora o un paquete por servicio; algunos abogados cobran por revisión de documentos y consultas iniciales. También hay costos de notaría, registro o presentaciones ante autoridades. Solicite un presupuesto por escrito y un cronograma de trabajo para evitar sorpresas.
La duración depende de la complejidad y de la carga judicial. Casos simples pueden resolverse en meses, mientras disputas complejas pueden tardar más de un año. Un abogado puede gestionar medidas cautelares y estrategias de solución o conciliación para reducir tiempos.
Un contrato civil regula relaciones entre particulares; un contrato mercantil regula actos de comercio entre comerciantes. La distinción influye en la normativa aplicable y en la carga procesal. En Pacho, un contrato entre empresas normalmente se rige por el Código de Comercio y debe registrarse cuando corresponda.
Las cláusulas abusivas pueden ser nulas si desequilibran injustificadamente a una de las partes. La Ley 1480 protege a los consumidores contra prácticas desleales. Un letrado puede detectar cláusulas desequilibradas y proponer su modificación o eliminación.
Para la compraventa de inmuebles, la escritura debe ser pública ante notaría. Para contratos de arrendamiento, la escritura no siempre es obligatoria, pero puede facilitar su ejecución. Un abogado puede indicar qué actos requieren escritura pública.
Solicite una revisión completa de las cláusulas de suministro, garantía y penalidades. Verifique la claridad en plazos de entrega, calidad de productos y condiciones de devolución. Asegure que existan mecanismos de solución de conflictos y de actualización de precios.
La rescisión sin penalidad suele ser posible por incumplimiento grave de la otra parte o por cláusulas de resolución unilateral. Debe estar contemplado en el contrato y cumplir con las condiciones legales. Un asesor legal puede ayudar a activar estas cláusulas de forma adecuada.
La parte incumplidora puede estar sujeta a indemnización por daños y perjuicios o a la rescisión del contrato. También pueden aplicarse cláusulas penales acordadas previamente. Un abogado puede gestionar reclamaciones ante tribunales o negociación de acuerdos.
Sí, puede presentar una demanda ante los jueces civiles o mercantiles de la jurisdicción correspondiente. Es recomendable contar con pruebas documentales y testigos. Un letrado local facilita la presentación y seguimiento del caso.
“La contratación estatal se regirá por la Ley 80 de 1993, que regula las modalidades, fases y obligaciones de las partes.”
Fuente: Función Pública - Normativa
“El Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, protege los derechos de las personas consumidoras en las relaciones contractuales.”
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio
“Los contratos entre particulares se rigen por el Código Civil y el Código de Comercio, con sus respectivas normas de formación y efectos.”
Fuente: Jurisprudencia y principios del Poder Judicial
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