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El derecho aplicado a Centros de Datos e Infraestructura Digital en Argentina regula la recogida, almacenamiento, procesamiento y transferencia de datos en entornos de nube, hosting y colocation. Incluye obligaciones de seguridad, conservación de registros y cumplimiento de normativa de protección de datos personales. Este campo combina normas de protección de datos, firma digital, seguridad informática y, en ciertos casos, normativas de telecomunicaciones.
El marco legal busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de derechos de los titulares de datos y la seguridad de las infraestructuras críticas. Las empresas deben diseñar políticas de tratamiento de datos, evaluar proveedores y preparar planes de respuesta ante incidentes. Un asesor legal puede ayudar a mapear riesgos, responsabilidades y salvaguardas aplicables a cada operación.
Contratación de servicios en la nube o colocation: un letrado revisa contratos de servicio, acuerdos de nivel de servicio y cláusulas de tratamiento de datos para evitar ambigüedades. Esto incluye salvaguardas para incidentes y garantías de cumplimiento normativo.
Transferencias internacionales de datos: ante proveedores con bases fuera de Argentina, un asesor legal evaluate salvaguardas adecuadas, como cláusulas contractuales tipo y cumplimiento de normas de transferencia de datos.
Notificación y gestión de brechas de seguridad: ante un incidente, un abogado coordina la notificación a autoridades y titulares y define medidas correctivas para mitigar riesgos legales.
Firma digital y contratos electrónicos: para contratos, facturas y acuerdos con proveedores, un asesor verifica la validez jurídica y la adecuación técnica de firmas digitales y sellos electrónicos.
Cumplimiento normativo y auditorías: ante auditorías regulatorias, un letrado prepara documentos, políticas y registros para demostrar cumplimiento y reduce riesgos de sanciones.
Licencias, autorizaciones y cumplimiento de telecomunicaciones: ante cambios en regulaciones de ENACOM o requisitos de conectividad, un abogado alinea la operación con las normas aplicables.
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales: regula el tratamiento de datos personales y establece derechos de los titulares y responsabilidades de los responsables. Vigente desde el año 2000, con reglamentaciones posteriores para su implementación práctica.
Ley 25.506 de Firma Digital: facilita el uso de firmas y documentos electrónicos para garantizar autenticidad e integridad. Esta norma ha permitido ampliar la validez jurídica de contratos electrónicos y comunicaciones con proveedores.
Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública: establece el derecho de acceso a la información en poder de la administración y regula procedimientos de solicitud y respuesta. Publicada en 2016, con reglamentaciones y guías operativas posteriores.
Notas prácticas: la autoridad de control para protección de datos es la entidad regulatoria nacional y, en materia de acceso a la información, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Estas normas son relevantes para la gestión de bases de datos, incidentes, y transparencia de procesos en centros de datos.
«La Ley 25.326 establece principios de protección de datos personales y derechos de los titulares, con obligaciones para los responsables del tratamiento.»
«La Ley 27.275 garantiza el acceso a la información pública y señala procedimientos para solicitudes, plazos y excepciones.»
«La Ley 25.506 facilita la firma digital y la autenticación de documentos electrónicos para contratos y ejecutables.»
La Ley 25.326 regula el tratamiento de datos personales y otorga derechos a los titulares. Afecta a responsables y encargados del tratamiento que operen en Argentina o recolecten datos de residentes. Las empresas deben implementar principios de finalidad, calidad y seguridad en sus procesos.
El consentimiento debe ser libre, informado y específico para cada finalidad. Debe poder retirarse, y la empresa debe conservar evidencias de consentimiento y las políticas de tratamiento. En casos sensibles, se exige mayor nivel de control y supervisión.
El responsable decide las finalidades y medios del tratamiento de datos. El encargado realiza el tratamiento por cuenta del responsable. Esta distinción define responsabilidades y posibles sanciones en caso de incumplimiento.
Los honorarios varían según experiencia, alcance y duración del proyecto. Un diagnóstico inicial puede costar menos, mientras una adecuación completa de una infraestructura compleja suele ser más costosa. Es común acordar un presupuesto por proyecto o por horas.
Sí. Un letrado coordina la comunicación con autoridades y titulares y orienta sobre las medidas de mitigación. También documenta el incidente para futuras auditorías y reclamaciones.
No siempre es obligatorio registrar, pero es recomendable, especialmente en bases con gran cantidad de datos o que se transfieren internacionalmente. La evaluación de riesgo y salvaguardas adecuadas es clave para evitar sanciones.
Las sanciones pueden incluir multas, medidas correctivas y/o publicidad de incumplimientos. Las autoridades pueden exigir planes de remediación y supervisar la implementación de salvaguardas.
Sí, la firma digital válida puede sustituir la firma olantrónica en documentos ejecutables. Deben cumplirse requisitos técnicos y de autenticidad para que tenga efectos legales en jurisdicciones extranjeras.
Sí, pero deben existir salvaguardas adecuadas, como cláusulas contractuales estandarizadas o mecanismos de adecuación. Las transferencias deben respetar principios de protección de datos y seguridad.
Solicite contrato de prestación, políticas de tratamiento de datos, medidas de seguridad, registro de incidencias y derecho de supervisión. Verifique cláusulas de subcontratación, confidencialidad y cumplimiento normativo.
Verifique alcance de tratamiento, ubicación de datos, tiempos de respuesta a incidentes, derechos de auditoría y mecanismo de resolución de disputas. Asegúrese de que el contrato cumpla con la Ley 25.326 y la Ley 25.506, y con normas de seguridad aplicables.
Sí. Un letrado puede coordinar políticas de transparencia, gestionar solicitudes y establecer registros de respuesta. Esto reduce riesgos de incumplimiento ante solicitudes públicas.
Defina el alcance del proyecto de Centro de Datos e Infraestructura Digital que requiere asesoría. Identifique si necesita cumplimiento de PDPL, firma digital o acceso a información pública. Este paso toma 1-2 semanas.
Elabore un checklist de cumplimiento inicial con su equipo legal y de seguridad. Incluya políticas de tratamiento, inventario de datos y procedimientos de seguridad. Dedicación típica de 1-3 semanas.
Busque 3-5 despachos o asesores con experiencia específica en datos, telecomunicaciones y cumplimiento normativo. Verifique casos relevantes y referencias. Este proceso suele durar 2-4 semanas.
Solicite propuestas detalladas, incluidas metodologías, cronogramas y costos. Compare alcance, entregables y garantías de cumplimiento. Espere 1-2 semanas para recibir respuestas.
Entreviste a candidatos, verifique experiencia en Argentina y capacidad de respuesta ante incidentes. Defina criterios de selección y acuerde un presupuesto final. Esto puede tomar 1-2 semanas.
Firme un contrato con el asesor seleccionado y coordine un plan de trabajo. Incluya hitos, entregables y tasas de hora o proyecto. Inicio recomendado en 1-3 semanas tras la selección.
Ejecute la fase de implementación y mantenga reuniones periódicas para seguimiento y cumplimiento. Revisión anual de salvaguardas y actualizaciones regulatorias. Proyección continua según complejidad del centro de datos.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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