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El derecho aplicado a Centros de Datos e Infraestructura Digital en Buenos Aires combina normas de protección de datos, seguridad de la información, y contratos comerciales. En la práctica, incluye la gestión de datos personales, la seguridad física y lógica de los data centers, y la relación contractual con proveedores de servicios de hosting, colocation y nube. Los residentes deben entender también las obligaciones tributarias, energéticas y urbanísticas aplicables a estas operaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Un letrado experto en tecnología puede coordinar estos aspectos para evitar sanciones y garantizar continuidad operativa.
En Buenos Aires, operar un data center implica cumplir con normas nacionales y municipales. Además de la protección de datos, se exigen permisos de construcción, licencias de actividad y estándares de seguridad eléctrica y ambiental. La negociación de acuerdos con proveedores y clientes requiere claridad sobre responsabilidades, tiempos de resolución y límites de responsabilidad. Contar con asesoría legal ayuda a anticipar riesgos y definir estrategias de cumplimiento sostenibles.
La Ley 25.326 protege datos personales y establece derechos para los titulares, como acceso, rectificación y supresión. Regula el modo en que las empresas deben tratar datos y las obligaciones de los responsables del tratamiento. Esta ley se aplica a centros de datos que manejen información de personas físicas en Argentina.
Las violaciones de datos deben notificarse a la autoridad de protección de datos y, cuando corresponde, a los titulares afectados. El reglamento establece plazos, criterios de severidad y medidas de mitigación. En casos de breach, la notificación oportuna reduce riesgos y sanciones.
Un SLA es un acuerdo de nivel de servicio entre cliente y proveedor. Debe incluir disponibilidad, tiempos de respuesta, seguridad, gestión de incidentes, soporte técnico y penalidades por incumplimiento. También conviene definir límites de responsabilidad y procedimientos de auditoría.
Involucre a un letrado antes de firmar SLA o contratos de suministro eléctrico. Esto evita cláusulas desequilibradas, define plazos de recuperación y garantiza cumplimiento normativo. Una revisión previa facilita negociaciones y evita costos ocultos.
Sí, pero bajo condiciones de protección adecuadas. Se requieren salvaguardas adecuadas, como cláusulas contractuales o mecanismos compatibles con la Ley 25.326. Los datos transferidos deben permanecer protegidos según estándares argentinos.
La firma digital tiene validez legal conforme a la Ley 25.506 y reglamentaciones. Acepta documentos electrónicos y agiliza trámites con proveedores. En contratos de hosting, facilita validez jurídica sin necesitar papel.
Debe especificar alcance, niveles de servicio, seguridad, continuidad de negocio y gestión de incidentes. También incluir responsabilidad, confidencialidad, cumplimiento normativo y auditorías. Un abogado ayuda a adaptar el contrato al marco argentino y a la normativa local.
Obligaciones sobre control de accesos, monitoreo, gestión de vulnerabilidades y respuesta a incidentes. La normativa exige medidas técnicas y organizativas para proteger datos personales. La asesoría legal ayuda a estructurar procedimientos y responsabilidades.
En ciertos casos, data centers que gestionan datos estratégicos pueden considerarse infraestructuras críticas. Esto implica requisitos de seguridad, resiliencia y cooperación con autoridades. La clasificación impacta permisos, auditorías y respuesta ante incidentes.
Defina el alcance y obtenga autorización de la dirección. Contrate un equipo técnico y legal para revisar protección de datos, seguridad física y procesos de gestión de incidentes. Documente hallazgos y planifique mejoras con plazos realistas.
Un abogado de tecnología entiende contratos de servicios, cumplimiento de datos y ciberseguridad. Un letrado general puede carecer de enfoque práctico en data centers. Para decisiones estratégicas, es preferible un especialista en derecho de tecnología.
El incumplimiento puede generar sanciones administrativas y demandas civiles. Las multas varían según la gravedad y la jurisdicción. La corrección rápida de fallas y la implementación de medidas preventivas reducen riesgos.
Prepare un resumen del proyecto, objetivos y plazos. Busque asesores con experiencia en protección de datos, contratos y servicios de nube. Pida presupuestos escritos y verifique casos previos y referencias. Celebre una consulta inicial para evaluar compatibilidad.
“La Ley 25.326 establece principios de protección de datos personales y derechos de titular, con obligaciones para responsables del tratamiento.”
“La firma digital, regulada por la Ley 25.506, facilita actos jurídicos electrónicos y contracciones de servicios de nube.”
Fuente: InfoLEG y Portales oficiales de Argentina (información general sobre regulaciones de protección de datos y firma digital).
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