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El derecho de Fintech en Buenos Aires abarca la regulación de servicios financieros digitales como pagos electrónicos, préstamos online, wallets y plataformas de financiación participativa. En la práctica, las fintech en BA deben cumplir normas federales y las directives de las autoridades de aplicación como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP. La jurisdicción porteña no crea un régimen propio exclusivo para Fintech, pero sí demanda cumplimiento práctico y ágil ante las autoridades competentes. Esto implica asesoría legal continua para adaptar contratos, protección de datos y operaciones de pago a la normativa vigente.
Las fintech en Buenos Aires deben ceñirse a normas federales y a la aplicación regulatoria local en ciertos aspectos clave. La protección de datos personales es regulada por la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamentación, que exige consentimiento informado, derechos ARCO y salvaguardas para transferencias. La validez de documentos electrónicos y firmas digitales está respaldada por la normativa de Firma Digital, que facilita contratos y operaciones sin necesidad de firma manuscrita. Además, la Ley de Defensa del Consumidor protege a usuarios de servicios financieros ante publicidad engañosa, cláusulas abusivas y prácticas comerciales inadecuadas.
La protección de datos personales es un derecho fundamental y debe respetarse en cualquier operación financiera.
Fuente: Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) - Argentina; Fuente: Ley de Firma Digital - Argentina; Fuente: Ley de Defensa del Consumidor - Argentina. Gobierno de Argentina
Los contratos electrónicos y firmas digitales tienen la misma validez que los contratos impresos cuando cumplen con las normas aplicables.
Fuente: Ley de Firma Digital - Argentina. Gobierno de Argentina
Los proveedores de servicios de pago deben cumplir con normas de seguridad, integridad y confidencialidad para proteger a los usuarios.
Fuente: Regulaciones del Banco Central de la República Argentina sobre servicios de pago. Banco Central
La Ley 25.326 regula el tratamiento de datos personales y exige consentimiento para su uso. Aplica a fintech que recopila información de clientes, como historial de pagos o datos bancarios. Los derechos ARCO permiten a usuarios solicitar acceso, rectificación o eliminación de datos.
La firma digital tiene la misma validez que la firma manuscrita cuando se cumplen requisitos técnicos y legales. Se apoya en certificados digitales emitidos por autoridades competentes. Los contratos electrónicos deben conservarse con integridad para ser ejecutables ante tribunales.
La normativa de servicios de pago es implementada por el Banco Central. Las fintech deben cumplir con reglas de seguridad, contingencia y giros de pago. El cumplimiento es continuo y se actualiza mediante resoluciones y circulares.
Las plataformas de crowdfunding suelen estar reguladas por la autoridad de valores y deben registrarse como intermediarias o emisoras cuando transmiten valores. Es común requerir aprobación o supervisión por la CNV y cumplir normativa de oferta pública. El proceso varía según el tipo de proyecto y la estructura societaria.
La verificación de identidad (KYC) y la diligencia para prevenir lavado de dinero (AML) reducen riesgos y sanciones. El plazo depende del alcance y de la calidad de la documentación; puede variar de días a semanas. Un abogado prepara procedimientos, políticas y reportes para cumplir con la normativa.
Sí, puede funcionar con licencias de servicios de pago o como plataforma de intermediación. No obstante, debe cumplir con las reglas de la autoridad reguladora y, en muchos casos, mantener fondos separados o cuentas de terceros. La estructura operativa debe ser clara en contratos y políticas.
Sí. Un letrado evalúa cláusulas de contrato y publicidad para evitar publicidad engañosa o cláusulas abusivas. También revisa que las prácticas de venta respeten la Ley de Defensa del Consumidor. Esto reduce riesgos de reclamaciones y sanciones.
La regulación de criptoactivos varía; algunas jurisdicciones los tratan como activos y otras como mercancía. Las fintech que operan con cripto deben seguir normas de lavado de dinero, información al usuario y posibles registros ante autoridades. Es clave consultar la guía regulatoria vigente de BCRA y CNV para evitar incumplimientos.
Sí. Los datos sensibles requieren consentimientos más estrictos y mayores salvaguardas. La clasificación de datos determina las medidas de seguridad y transferencias internacionales permitidas. Un asesor puede diseñar políticas específicas para cada tipo de dato.
Los honorarios varían por experiencia, alcance del proyecto y hora del profesional. Un primer estudio puede costar entre USD 100 y USD 350 por hora, con paquetes fijos para due diligence o implementación. Es común acordar un plan de trabajo y un retainer mensual.
Los plazos dependen de la autoridad reguladora y de la complejidad de la plataforma. En BA, la aprobación de licencias tiende a demorarse varias semanas a meses. Un abogado prepara documentación exhaustiva para evitar demoras por falta de información.
Compare experiencia en pagos, datos y cumplimiento regulatorio. Revise honorarios, alcance, plazos y responsabilidad profesional. Verifique cláusulas de confidencialidad, confidencialidad de datos y solución de conflictos en la póliza de servicios.
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