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La ejecución hipotecaria es un procedimiento judicial que permite al acreedor cobrar una deuda garantizada con una hipoteca sobre un inmueble. En Pasto, como en el resto de Colombia, este proceso sigue normas nacionales pero se aplica a las propiedades ubicadas en la ciudad y la jurisdicción del Norte del Cauca y Nariño. El proceso suele incluir la notificación al deudor, la adopción de medidas cautelares, la venta en subasta pública y la distribución de ingresos entre acreedores.
Para las personas en Pasto, entender el rol del juez, del acreedor y del deudor es clave. La protección del debido proceso y la oportunidad de defenderse o negociar soluciones son partes centrales de este procedimiento. Las resoluciones y diligencias se realizan dentro de la estructura de la Rama Judicial y se notifican a través de los canales oficiales vigentes.
Las reglas que rigen la ejecución hipotecaria en Pasto se basan en leyes nacionales aplicables en todo el país. A nivel constitucional, la propiedad y el debido proceso protegen a las personas ante medidas coactivas sobre sus bienes. A nivel procesal, el Código General del Proceso regula el procedimiento ejecutivo y las garantías aplicables durante la ejecución hipotecaria.
Entre los marcos normativos relevantes se destacan:
Además, a nivel práctico y de administración judicial, las partes deben estar atentas a las circulares y reglamentos emitidos por la Rama Judicial para procesos ejecutivos y remates. En Pasto, estas reglas se implementan a través de los despachos judiciales y sus resoluciones aplicables.
La ejecución hipotecaria es un proceso judicial para hacer efectivo el pago de una deuda garantizada con una hipoteca sobre un inmueble. Incluye notificaciones, posibles embargos y un remate público del bien si la deuda no se paga.
Puede consultar en el juzgado en Pasto donde se abrió el proceso o pedir un certificado de vigencia de la hipoteca ante la Oficina de Registro de la Propiedad. También puede revisar notificaciones oficiales.
La ejecución empieza cuando el acreedor solicita la diligencia ante el juez competente y se da la notificación inicial al deudor. La fecha depende de la carga de trabajo del juzgado y de las notificaciones efectuadas.
Los inmuebles suelen subastarse en subasta pública, administrada por el juzgado correspondiente o por un agente autorizado. Las fechas se publican en el portal oficial de remates judiciales y en notificaciones.
Un abogado puede revisar la validez de la hipoteca, detectar nulidades de notificación, proponer excepciones y estudiar opciones de renegociación o redención para evitar la venta forzosa.
Sí, es posible negociar con el acreedor para reprogramar cuotas, reducir intereses o ampliar plazos. Un asesor legal puede facilitar acuerdos y evitar la subasta.
Sí. Presentar pruebas a tiempo puede influir en las decisiones del juez y detener o retrasar el remate. Un letrado puede preparar una estrategia sólida.
Existen plazos procesales para cada actuación: notificaciones, respuesta y posibles recursos. Un abogado puede ayudar a no perder oportunidades procesales.
Generalmente sí, hay costos como honorarios del abogado, tasas judiciales y gastos de notificación. Un asesor puede estimar y planificar estos desembolsos.
El embargo es la medida cautelar que inmoviliza el bien; el remate es la venta pública para obtener el dinero de la deuda. Ambos forman parte de la ejecución, pero cumplen funciones distintas.
Puede haber opciones como renegociación de la deuda o programas de alivio. Es crucial consultar temprano con un abogado para explorar alternativas y reducir riesgos de desalojo o venta.
Property rights are essential to economic development and access to credit.worldbank.org
The IDB supports inclusive and sustainable housing and mortgage markets in the region.iadb.org
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