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El derecho administrativo regula la actuación de la administración pública frente a los ciudadanos. En Bucaramanga, como municipio con Alcaldía, Personería y entidades descentralizadas, se aplican normas nacionales y reglamentarias para trámites, actos administrativos, contratación y sanciones. Este campo busca equilibrio entre la función pública y la protección de derechos.
El derecho administrativo se ocupa de la organización y el funcionamiento de la administración, así como de la relación entre la autoridad y los particulares. Incluye procedimientos, control de actos administrativos y responsabilidad patrimonial del Estado. En Bucaramanga, estas reglas regulan actuaciones de las entidades municipales y sus procesos ante la ciudadanía.
La Constitución establece la estructura del Estado, la función administrativa y los principios de legalidad y control. Determina que las autoridades deben actuar dentro del marco legal y respetar derechos fundamentales. En Bucaramanga, estas bases respaldan las actuaciones de la Alcaldía y demás entidades municipales.
La gobernanza pública debe basarse en la responsabilidad y la rendición de cuentas para garantizar servicios eficaces a la ciudadanía.
Ocde - Gobernanza pública y administración
La Ley 1437 regula los procedimientos administrativos y el control contencioso. Establece plazos para trámites, recursos y actuaciones de la administración frente a actos administrativos. En Bucaramanga, aplica a actos de la Alcaldía y a las entidades municipales en sus trámites ante la ciudadanía.
La eficiencia y transparencia en la gestión de trámites públicos fortalecen la confianza ciudadana en el Estado.
OCDE - Gobernanza pública
La Ley 80 regula la contratación estatal y sus principios. Garantiza competencia, transparencia y formalidad en contratos con el Estado. En Bucaramanga, rige la contratación de obras, servicios y suministro por parte de la Alcaldía y sus entidades descentralizadas.
La Ley 734 aborda la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. Establece faltas, sanciones y garantías de defensa. En Bucaramanga, se aplica a funcionarios municipales y a contratistas vinculados con la administración local.
Este decreto consolida normas del sector administrativo para simplificar procedimientos y unificar reglas. Afecta a la organización, procesos y gestión de las entidades municipales de Bucaramanga. Incluye actualizaciones y cambios posteriores que conviene revisar periódicamente.
La simplificación regulatoria favorece una gestión pública más ágil y eficaz, sin sacrificar controles y derechos.
OECD - Governance and public administration
El derecho administrativo regula la relación entre la administración pública local y los ciudadanos en Bucaramanga. Cubre trámites, actos, contratación y control de servicios públicos.
Presenta una solicitud de acceso a la información según CAP y Ley de Peticiones. Si hay negativa, puedes recurrir a recursos administrativos o contencioso.
Los plazos varían según el trámite. En general, los plazos para respuestas suelen estar entre 15 y 30 días hábiles, según el tipo de solicitud y la normativa aplicable.
El recurso suele interponerse ante la misma autoridad que emitió el acto. Si la resolución es desfavorable, caben apelación y/o contencioso administrativo ante la jurisdicción correspondiente.
Un asesor legal ayuda a interpretar la normativa local, a proteger derechos y a diseñar una estrategia para obtener resultados previsibles y razonables.
Sí. Es posible impugnarlo por nulidad o resto de actos ante la autoridad administrativa o mediante la vía contencioso ante la jurisdicción correspondiente.
Los honorarios de abogados varían según la complejidad y la región. Es común acordar honorarios por hora o un valor fijo por cada etapa del proceso.
Para actuaciones en tu nombre ante la administración, suele requerirse poder especial o general, según el trámite y la entidad.
El derecho de petición es para solicitar información o derechos; el recurso administrativo es una impugnación a actos o resoluciones emitidos por la administración.
Un abogado revisa fundamentos de legalidad, competencia, motivación y debido proceso. Se evalúan pruebas, normativa aplicable y derechos afectados.
Generalmente, el plazo es de 15 días hábiles. Si la autoridad concede prórroga, debe justificarla y notificar al solicitante.
Pueden incluir tasas judiciales, honorarios legales y posibles gastos de prueba. El monto varía por la complejidad y el tiempo del proceso.
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