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El derecho de Bancarrota en España se organiza principalmente alrededor de la Ley Concursal, Ley 22/2003, de 9 de julio, y sus reformas. Su finalidad es ofrecer una solución ordenada cuando una persona o empresa no puede hacer frente a sus deudas. El sistema contempla herramientas como el concurso voluntario, el concurso necesario, el acuerdo extrajudicial de pagos y la liquidación de activos.
El objetivo es proteger a los acreedores y, a la vez, facilitar la continuidad de la actividad empresarial cuando sea viable. Además, busca asegurar una distribución equitativa de activos entre acreedores y, en su caso, facilitar la exoneración de deudas para personas físicas que cumplen ciertos requisitos. Un asesor legal experto en concursos puede explicar las opciones disponibles y sus efectos prácticos.
Ley Concursal, Ley 22/2003, de 9 de julio: regula el marco general de los concursos de acreedores, los procedimientos, las fases y las posibles soluciones (concurso, AEP, liquidación). Esta norma ha sido objeto de reformas para adaptar la protección de deudores y acreedores. Mantiene vigencia como base del procedimiento en España.
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero: reforma la Ley Concursal para avanzar en la simplificación de trámites y la utilización de acuerdos extrajudiciales de pagos; su entrada en vigor se situó en 2015 y condiciona la planificación de las deudas y las fases del concurso.
Reglamento de desarrollo de la Ley Concursal: regula detalles operativos, criterios de sometimiento, informes necesarios y la actuación de administradores concursales. Este reglamento complementa la Ley y las reformas, proporcionando criterios prácticos para la tramitación.
Un concurso de acreedores es un procedimiento para reorganizar deudas cuando no se puede pagar. Puede ser voluntario por el deudor o necesario indicado por acreedores o autoridades. En ambos casos, se solicita ante el juez competente y se evalúa la situación financiera.
Se inicia presentando una solicitud ante el órgano judicial correspondiente. El proceso suele requerir documentación financiera y un plan de viabilidad. Los primeros trámites pueden durar semanas, seguido de un periodo de negociación y, si procede, de la fase de liquidación o de plan de pagos.
El AEP es útil cuando hay posibilidad de reestructurar deuda fuera de la vía judicial. Un mediador concursal ayuda a alcanzar un convenio con los acreedores. Este proceso puede evitar un concurso formal y acelerar la solución.
La solicitud se presenta ante el juzgado competente del domicilio del deudor. Se requieren estados financieros, balances, listados de acreedores, morosidad actual y un plan de viabilidad o de pago.
Un letrado evita errores en la solicitud, identifica opciones adecuadas y defiende tus intereses ante el juez. También coordina con administradores, mediadores y posibles acuerdos para optimizar el resultado.
Sí, las personas físicas pueden acudir al concurso, ya sea para reestructurar deudas o para facilitar una exoneración de pasivo insatisfecho. La situación personal y el historial crediticio influyen en las opciones disponibles.
El voluntario lo inicia el deudor; el necesario lo pueden solicitar acreedores o la Administración. En ambos casos, el objetivo es la solución de la insolvencia, pero las implicaciones procesales pueden variar.
El AEP es un acuerdo para pagar deudas mediante un plan aceptado por acreedores o mediador. Si se aprueba, puede posponer pagos y evitar la liquidación de bienes. Su éxito depende de la viabilidad económica.
La EPI permite liberar al deudor de ciertas deudas no satisfechas tras cumplir condiciones del concurso. No todas las deudas quedan exentas; existen límites y requisitos estrictos.
Los honorarios varían según complejidad y región. Un presupuesto inicial suele incluir revisión de documentos, asesoría, preparación de escritos y representación en juicio.
La liquidación implica vender activos para pagar acreedores. El plan de pagos retrasa o reparte deudas sin liquidar bienes, buscando continuidad de la actividad o la vivienda.
Depende de la complejidad, pero suele oscilar entre 3 y 12 meses para la fase inicial y puede alargarse si hay acuerdos o liquidación de activos.
Fuente: "La Ley Concursal regula el concurso de acreedores, el acuerdo extrajudicial de pagos y la liquidación de activos para alcanzar una solución ordenada." - Justicia.gob.es
Fuente: "El objetivo de la reforma de 2015 fue simplificar trámites y promover acuerdos extrajudiciales para evitar liquidaciones innecesarias." -Gob.es
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