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El derecho de Bancarrota en Marbella se enmarca dentro de la Ley Concursal española, cuyo objetivo es facilitar la reestructuración de deudas y proteger a acreedores y deudores. Este marco regula los procesos de concurso de acreedores, convenios y posibles liquidaciones, con especial atención a la viabilidad de la empresa y la conservación de la vivienda habitual de las personas físicas. En Marbella, la aplicación práctica depende de la jurisdicción de Málaga y de la experiencia de los letrados especializados en insolvencia.
La tramitación en Marbella suele hacerse ante el Juzgado de lo Mercantil de Málaga, que gestiona concursos de acreedores de la provincia. La asesoría de un abogado mercantil con experiencia en insolvencia es clave para entender plazos, efectos y estrategias de restructuración. Los residentes deben considerar también la coordinación con administradores concursales cuando corresponde.
Para quienes residen en Marbella, la normativa local puede influir en plazos, costes y procedimientos. Por ello, es recomendable trabajar con un asesor legal que conozca la práctica en la Costa del Sol y tenga experiencia en casos similares. Un profesional adecuado puede acelerar la recopilación de documentos y la presentación de la solicitud.
Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo) consolida la Ley Concursal y regula concurso voluntario, necesario, convenio y liquidación. Este texto unifica procedimientos y plazos para evitar interpretaciones dispares en la provincia de Málaga y Marbella. Su entrada en vigor consolidó cambios para facilitar reestructuraciones y proteger a deudores viables.
Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015, de 28 de julio) ampara a personas físicas que no pueden pagar sus deudas y les ofrece mecanismos para una exoneración total o parcial en determinadas condiciones. En Marbella, esta vía puede combinarse con asesoría específica para demostrar condiciones de buena fe y retrasos en pagos.
Principales conceptos jurídicos: concurso voluntario vs. concurso necesario, convenio concursal, plan de pagos y liquidación. En Marbella, la aplicación práctica depende de las particularidades del caso, la composición del pasivo y la residencia del deudor ante el juzgado competente. El objetivo es restaurar la viabilidad económica cuando sea posible.
“La Ley Concursal busca facilitar la continuidad de empresas viables y proteger a los acreedores, promoviendo la reestructuración cuando sea viable.”
Fuente: Ministerio de Justicia - Ley Concursal
“La segunda oportunidad permite a personas físicas reorganizar sus deudas y, en ciertos casos, obtener la exoneración de pasivos.”
Fuente: Ministerio de Justicia - Segunda Oportunidad
Un concurso de acreedores es un procedimiento para reorganizar deudas cuando no se puede pagar. Conviene declararlo cuando no hay capacidad de pago y hay riesgo de ejecución de bienes, permitiendo negociar un plan o liquidar de forma ordenada. En Marbella, el proceso se inicia ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente.
Se inicia mediante solicitud presentada por el deudor o por acreedores ante el juzgado. Debe acompañarse de inventario de bienes, deudas, relaciones de acreedores y estado de pagos. Un abogado mercantil prepara y presenta la solicitud y coordina la documentación.
El coste depende de la complejidad y del despacho. En Marbella, la consulta inicial podría oscilar entre 0 y varios cientos de euros, y los honorarios finales variarán con la duración del procedimiento y su complejidad. Es habitual solicitar un presupuesto detallado antes de iniciar.
La duración varía según la complejidad y el tipo de concurso. Un convenio puede tardar de 3 a 9 meses en escenarios habituales, mientras que casos complejos o con conflictos entre acreedores pueden extenderse a más de 12-24 meses. Cada caso presenta su propio ritmo.
Sí. Un letrado especializado puede evaluar la vivienda habitual, posibles moratorias y opciones de acordar un plan de pagos o renegociación de condiciones. La protección de la vivienda depende de la valoración de la deuda y de la situación personal.
El voluntario lo inicia el deudor cuando admite la insolvencia. El necesario puede iniciarlo un acreedor ante la evidencia de incumplimiento. En Marbella, la distinción afecta plazos, gestiones y la posibilidad de acordar un convenio.
La vivienda habitual puede estar protegida en ciertos escenarios y sujeto a valoración de la deuda. Un abogado evalúa si hay exoneración, aplazamientos o medidas de salvaguarda para evitar desahucios injustificados.
Un convenio es un acuerdo entre deudor y acreedores para restructurar deudas y pagos. Se negocia con la intervención de un administrador concursal y requiere la aprobación judicial. En Marbella, la viabilidad del convenio depende de ingresos y pasivos reales.
Un AEP es un pacto entre deudor y acreedores para pagar deudas sin acudir al concurso. Requiere la participación de una plataforma de mediación y, a veces, actas de aceptación por la mayoría de acreedores. En Marbella, el AEP puede posponer procesos judiciales.
Sí, si cumple los requisitos de la Ley 25/2015. El proceso implica liquidación de bienes de forma justa y un posible periodo de exoneración de deudas. Un asesor ayuda a preparar la documentación y a gestionar plazos.
Si no hay acuerdo, el caso puede pasar a liquidación, en la que se venden activos para pagar a los acreedores. En Marbella, el juez supervisa la liquidación y la distribución de fondos entre acreedores.
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