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Adeje es un municipio del Sur de Tenerife, en Canarias, cuya economía depende en gran medida del turismo. Por ello, muchas empresas pequeñas y autónomos enfrentan deudas con proveedores, alquileres y servicios, especialmente en temporadas altas. El derecho de Bancarrota regula los procesos para reorganizar o liquidar deudas de forma ordenada y proteger los derechos de acreedores y deudores.
En España, el marco principal es la Ley Concursal, recogida en la Ley 22/2003, y su reforma más reciente por la Ley 16/2022. El objetivo es facilitar la reestructuración de deudas y, cuando sea posible, la exoneración de deudas para personas físicas. Los procedimientos pueden incluir planes de pagos, liquidación de activos y, en ciertos casos, exoneración de deudas tras un acuerdo o sentencia.
“La reforma de la Ley Concursal facilita la reestructuración de deudas y la segunda oportunidad para particulares y empresas.”Fuente: Ministerio de Justicia, justicia.gob.es
“La normativa puede facilitar la continuidad de negocios en Canarias y proteger a pequeños empresarios ante insolvencias.”Fuente: Gobierno de Canarias, gobiernodecanarias.org
Regula el concurso de acreedores, tanto para personas físicas como jurídicas, y establece procedimientos para la reestructuración, liquidación o exoneración de deudas. El proceso se inicia ante el juzgado competente y puede contemplar un plan de pagos, convenio con acreedores y, en ciertos casos, liquidación de activos.
En Adeje y Canarias, estos procedimientos siguen la normativa nacional y se coordinan con la Administración de Justicia y las autoridades fiscales. La ley también define figuras como el concurso voluntario y el concurso necesario.
La reforma busca facilitar la reestructuración y la segunda oportunidad para deudores, introduciendo mecanismos como el convenio extrajudicial de pagos y simplificando ciertos trámites. Entró en vigor progresivamente desde 2022 y se aplican cambios relevantes en 2023 y años posteriores.
Se aplica cuando hay bienes o deudas en más de un país de la Unión Europea. Esta norma facilita el reconocimiento de resoluciones en otros estados miembros y la cooperación entre administraciones. Es relevante para deudores con presencia internacional o activos en Canarias y otro país.
La Ley Concursal regula procesos de insolvencia para empresas y personas físicas. Protege a acreedores y deudores mediante planes de pago y posibles exoneraciones. En Adeje, se aplica igual que en el resto de España.
Presenta una solicitud ante el juzgado de lo mercantil competente y acompáñala de un inventario de bienes y deudas. Un asesor legal puede ayudarte a preparar el plan de viabilidad y las propuestas a acreedores.
Cuando la imposibilidad de pago es generalizada y no hay consenso con acreedores, podría ser apropiado iniciar un concurso necesario. Un letrado puede valorar si es viable presentar la declaración de insolvencia.
Estos procedimientos se tramitan ante el juzgado de lo mercantil de la circunscripción correspondiente a Tenerife. Un abogado puede gestionar la presentación y debate ante el juzgado.
Un asesor legal facilita la recopilación de documentos, la negociación con acreedores y la defensa de tus derechos. También ayuda a evitar errores procesales que podrían alargar o encarecer el proceso.
La normativa prevé ciertos límites para la ejecución de la vivienda habitual, especialmente para deudores con ingresos modestos. Un abogado puede evaluar la protección disponible en tu caso.
Sí, en muchos casos es ventajoso agotar un CEP para evitar un concurso complejo. Un letrado puede coordinar aportaciones y plazos con acreedores.
Los honorarios varían según la complejidad del caso y la experiencia del profesional. Muchos abogados ofrecen una primera consulta y tarifas planas para gestiones básicas.
La duración depende de la complejidad y la carga de disputas. Un procedimiento sencillo puede durar varios meses; procesos más complejos pueden extenderse a años.
Sí, la Ley Concursal contempla la posibilidad de exoneración de ciertas deudas para personas físicas en condiciones específicas. Un abogado puede valorar la elegibilidad y los pasos necesarios.
El voluntario lo inicia el deudor; el necesario lo inicia un acreedor ante la insolvencia evidente. En ambos casos, un letrado orienta y gestiona el proceso.
Las deudas fiscales y de Seguridad Social pueden tener tratamiento distinto dentro de la exoneración. Un abogado explica qué deudas quedan cubiertas y cuáles podrían mantenerse.
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