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El derecho de Bancarrota o insolvencia regula los procesos para resolver situaciones de incumplimiento de pagos de personas y empresas. Su objetivo es proteger a los acreedores y, cuando es viable, facilitar la continuidad de la actividad económica mediante la reestructuración de deudas o, si corresponde, la liquidación ordenada de activos. En Las Palmas de Gran Canaria estas cuestiones se tramitan ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente y, cuando procede, interviene un Administrador Concursal.
Es fundamental entender que existen diversas vías: concurso voluntario, concurso necesario y acuerdos extrajudiciales de pagos. Cada una tiene sus requisitos, plazos y efectos sobre las deudas, embargos, vivienda y empleo. Contar con asesoría letrada especializada ayuda a valorar opciones y evitar pérdidas innecesarias.
Autónomo con deudas crecientes en Vegueta: no puede pagar proveedores y se enfrenta a embargos. Un asesor legal puede evaluar si conviene presentar concurso voluntario o buscar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) para reestructurar deudas y evitar crisis de caja prolongadas.
Pyme minorista en Mesa y López con alquiler impagado y deudas a proveedores: un abogado puede gestionar la solicitud de concurso, negociar con acreedores y proponer un plan de pagos viable para mantener la actividad.
Empresa afectada por caída de ingresos tras la pandemia: necesita un plan de reestructuración y, si corresponde, una liquidación ordenada. Un asesor legal puede orientar sobre opciones de continuidad versus liquidación y el papel del Administrador Concursal.
Persona física con deudas hipotecarias y riesgo de embargo en Tamaraceite: un letrado puede valorar protección de vivienda, posponer ejecuciones y gestionar la reorganización de la deuda ante la jurisdicción competente.
Insolvencia transitoria de una startup local: puede requerir asesoramiento para presentar un AEP o iniciar un concurso para convertir deudas en un plan viable de crecimiento.
Acumulación de deudas sin claridad de deudor responsable: un abogado puede determinar qué deudas son ejecutables y cómo se clasifican ante el concurso.
La Ley Concursal es la norma central que regula los procedimientos de insolvencia en España, incluido el concurso voluntario, el concurso necesario y las vías para un convenio. También contempla la figura del Administrador Concursal y las fases de liquidación o reestructuración. Los casos en Las Palmas se tramitan ante el órgano judicial competente de la provincia y se aplican sus reglas para créditos y clasificaciones.
Este reglamento complementa la Ley 22/2003 y detalla aspectos prácticos de procedimiento, créditos,-cumplimiento de planes y funciones del administrador concursal. Sirve para aclarar hábeas procesales, plazos y procedimientos de notificación entre deudor, acreedores y juzgado. En Canarias, estas reglas se aplican con especial atención a las particularidades de la isla y de los procesos provinciales.
La legislación europea facilita la cooperación entre jurisdicciones en casos con acreedores o deudores fuera de España. El Reglamento 848/2015 establece reglas para reconocer y coordinar procedimientos de insolvencia en distintos países de la UE. En la práctica, esto puede afectar a empresas con activos o acreedores fuera de España.
“El objetivo del procedimiento concursal es facilitar la reestructuración de la deuda y la continuidad de la empresa cuando sea viable, o la liquidación ordenada de activos.”
Ministerio de Justicia, mjusticia.gob.es
“El Acuerdo Extrajudicial de Pagos es una vía para evitar el concurso mediante un convenio entre deudor y acreedores.”
Ministerio de Justicia, mjusticia.gob.es
“La normativa concursal establece la clasificación de créditos y el papel del Administrador Concursal para garantizar un reparto equitativo.”
Gobierno de Canarias, gob.canarias.gob.es
El concurso voluntario es una solicitud del deudor ante el juzgado competente para ordenar la restructuración de deudas. Puede iniciarlo cualquier deudor persona física o jurídica que esté en situación de insolvencia o morosidad grave. En Las Palmas, el proceso se presenta ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia.
Tras valorar la solvencia, se presenta una solicitud conjunta o individual ante el órgano judicial. Se acompañan estados de crisis, inventario de activos y plan de pagos propuesto. Un letrado puede presentar la solicitud y gestionar la comunicación con acreedores.
Se recomienda presentar cuando la insolvencia sea inminente o ya existente y exista riesgo de embargo o incumplimiento grave de pagos. La demora suele limitar las opciones de restructuración y puede afectar la valoración de activos.
Las Palmas pertenece a la jurisdicción de lo Mercantil de la provincia. El Juzgado de lo Mercantil competente dirige el procedimiento y designa al Administrador Concursal si corresponde.
Un AEP permite negociar con acreedores para planificar pagos o condonaciones sin entrar en concurso. Puede preservar la actividad empresarial y evitar la liquidación total. Su viabilidad depende de la disposición de los acreedores a agreearse.
Sí, la Ley Concursal permite el concurso de personas físicas con deudas significativas. El objetivo es acordar un plan de pagos o una solución equitativa entre el deudor y los acreedores. Un abogado puede asesorar sobre la procedencia y la mejor vía.
En ciertos casos, un acreedor puede promover el concurso necesario si hay incumplimiento de pago suficiente. Tendrá que demostrar la insolvencia y la viabilidad de la acción judicial ante el juzgado competente.
Los honorarios varían según la complejidad y la experiencia del letrado. Un presupuesto inicial por consulta puede oscilar entre 80 y 250 euros, y la intervención en un procedimiento completo puede ir desde unos pocos miles de euros hasta cifras superiores según la complejidad.
La duración depende de la complejidad y la cooperación entre partes. En términos generales, los procesos pueden durar de 6 a 18 meses o más si hay impugnaciones o recursos. Un abogado puede estimar un calendario más preciso según el caso.
Si es posible, conviene contar con asesoría para valorar opciones y redactar el plan de pagos. Un asesor legal facilita la negociación con acreedores y la correcta ejecución del acuerdo ante el juzgado.
El concurso busca restructurar deudas para conservar la empresa o la actividad, mientras la liquidación liquidaría activos para pagar deudas. En ambos casos, el Administrador Concursal gestiona el proceso y la distribución de créditos.
La vivienda habitual puede estar protegida en ciertos casos para evitar desahucios inmediatos, dependiendo de la situación y de las normativas aplicables. Un abogado puede asesorar sobre medidas cautelares y posibles acuerdos para evitar desalojo.
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