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En Santa Marta, la regulación del cannabis se aplica a través de normas nacionales, y la ciudad debe acatar esas reglas para pacientes, investigadores, empresas y proveedores. El cannabis medicinal está regulado para uso médico y científico, con permisos para cultivo, procesamiento, distribución e investigación. Las autoridades locales implementan estas normas en coordinación con autoridades nacionales y regionales.
Los residentes de Santa Marta pueden aprovechar un marco legal que protege a pacientes y actores autorizados, siempre que cumplan con requisitos de licencia, trazabilidad y control sanitario. La legislación asigna responsabilidades a laboratorios, distribuidores y cultivadores para garantizar seguridad, calidad y trazabilidad de los productos. La asesoría legal adecuada facilita el cumplimiento y evita sanciones administrativas o penales.
En el marco nacional, el cannabis medicinal está regulado para uso médico y científico. En Santa Marta, estas normas se aplican a través de la autoridad sanitaria local y dependencias municipales, complementando los reglamentos nacionales. No existen leyes municipales específicas de cannabis que reemplacen la normativa nacional; sin embargo, las autoridades locales pueden dictar medidas de implementación y control sanitario en la ciudad.
Las bases legales clave que rigen el cannabis en Colombia son:
Para personas y empresas en Santa Marta, estas normas obligan a gestionar licencias, mantener registros y cumplir con controles de calidad e inocuidad. Las autoridades de Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta coordinan la vigilancia y el control de cumplimiento en la ciudad, dentro del marco nacional.
"La regulación del cannabis debe equilibrar la salud pública, la seguridad y el desarrollo de la investigación." UNODC, unodc.org
"Las políticas de cannabis en la región buscan distinguir con claridad los usos médicos de los ilícitos y fortalecer los mecanismos de control." CICAD-OEA, cicad.oas.org
La Ley 1787 regula el cannabis con fines médicos y científicos. Aplica a pacientes autorizados, investigadores, cultivadores, fabricantes y distribuidores en todo el territorio, incluida Santa Marta.
Debe presentar una solicitud ante la autoridad sanitaria competente, demostrar capacidad técnica, cumplir trazabilidad y presentar planes de seguridad y calidad. Un abogado puede orientar en cada paso.
Los honorarios varían según el caso y la complejidad. Para consultas iniciales, espere entre 250.000 y 600.000 pesos colombianos, y para gestiones largas, entre 2 y 8 millones, según la carga de trabajo.
Los tiempos dependen de la modalidad y la autoridad competente. En la práctica, procesos simples pueden tardar 8-12 semanas; complejos, 16-24 semanas o más si hay objeciones.
Las solicitudes se presentan ante la autoridad sanitaria nacional o su delegación regional correspondiente. En Santa Marta, la coordinación puede involucrar autoridades de la región de Magdalena.
La diferenciación se basa en fines, uso autorizado, controles de calidad y requisitos de licencia. El uso recreativo está sujeto a un marco distinto y sanciones aplicables.
La posesión para uso personal no autorizado puede constituir infracción legal. Existen excepciones solo para uso legal permitido bajo supervisión médica y con permisos vigentes.
Sí. La exportación requiere cumplir con requisitos de permisos, certificaciones y controles de calidad. Un abogado facilita la documentación y la coordinación con autoridades.
Sí. Los productos derivados deben cumplir requisitos sanitarios y registro para comercialización, distribución y uso terapéutico, según las regulaciones aplicables.
Una consulta asesoría general sobre opciones y cumplimiento. La defensa penal implica la representación ante investigaciones, cargos o procesos judiciales.
Obtenga asesoría inmediata, recoja documentos relevantes y coopere con la autoridad. Un letrado puede ayudar a preparar una respuesta y proteger sus derechos.
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