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En Santa Fe, la protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) se enmarca en la Ley Nacional de Protección Integral 26.061 y sus reglamentaciones provinciales. Este campo aborda abuso físico, sexual, psicológico y abandono, así como la violencia institucional que afecte a menores. Las autoridades locales y el sistema judicial trabajan con informes de riesgo para activar medidas de protección rápidas.
Los profesionales de la salud, educación y trabajo social tienen deberes de denuncia cuando detectan indicios de abuso. A su vez, los abogados especializados pueden asesorar sobre denuncias penales, medidas de protección y trámites de guarda o tutela. La intervención temprana es clave para garantizar la seguridad y el mejor interés del menor.
Escenario 1: un menor denuncia abuso sexual en un colegio de Rosario y se necesita asesoría para presentar la denuncia y gestionar las medidas de protección de inmediato. Un letrado puede orientar sobre pasos procesales y plazos.
Escenario 2: un padre solicita medidas de protección para el niño frente a un progenitor imputado por maltrato. El asesor legal prepara pedidos de cuidado, tutela y convivencia supervisada.
Escenario 3: una familia recibe una denuncia por maltrato y requiere revisión de pruebas, entrevista de menores y coordinación con servicios sociales. Un abogado de infancia facilita la estrategia y las comunicaciones.
Escenario 4: el menor necesita asesoría para participar en una audiencia judicial sin desamparo emocional y para entender sus derechos durante el proceso penal o civil.
Escenario 5: se debe impugnar o defender una denuncia falsa de abuso que afecte al menor; un asesor legal protege la reputación y los derechos del niño y la familia.
Escenario 6: se evalúan opciones de reparación y compensación por daños sufridos por el menor, mediante acuerdos o demanda civil, con enfoque en el interés superior del niño.
La Ley 26.061 establece la protección integral de los derechos de NNA y regula la denuncia, intervención de organismos de protección y medidas de emergencia. En Santa Fe, se aplica a través de protocolos provinciales que coordinan fiscalías, fiscalías de infancia y servicios sociales. El objetivo es garantizar el interés superior del menor y la protección ante cualquier forma de abuso.
La protección integral de las niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de la sociedad, la familia y el Estado.Fuente: Ley 26.061, texto oficial de Argentina
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben proteger a los menores de toda forma de violencia, explotación y abuso (artículo 19). Argentina ratificó la convención y la incorpora a su marco legal. En Santa Fe, ello se materializa en políticas públicas de protección y en la actuación conjunta de organismos estatales.
States Parties shall protect the child from all forms of physical or mental violence.Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 19
La Constitución de la Provincia de Santa Fe garantiza derechos fundamentales para NNA y establece el deber de proteger a menores en situación de riesgo. Las normas provinciales regulan la intervención de autoridades de niñez, educación y justicia en casos de abuso, conformando un marco complementario a la ley nacional. Los procesos suelen implicar medidas provisionales y supervisión de la autoridad de protección de menores.
En la práctica, esto implica que las solicitudes de guarda, tutela o interrupción de vínculos deben fundamentarse en el interés superior y en evaluaciones psicológicas y sociales cuando corresponda.
Reúna informes médicos, declaraciones de testigos, registros escolares y cualquier prueba de contacto o contacto inapropiado. Un letrado puede indicarle exactamente qué documentos son clave en su caso.
La denuncia activa una investigación por parte de la fiscalía y, si corresponde, medidas de protección para el menor. Un asesor legal acompaña al denunciante y gestiona medidas cautelares y citaciones.
Las medidas pueden solicitarse cuando exista riesgo inmediato para el niño. Un juez o la autoridad de protección puede emitir medidas provisionales de cuidado o residencia temporal.
Las denuncias pueden presentarse ante la fiscalía penal, la autoridad de protección de menores o el juzgado de familia de la jurisdicción. Un letrado orienta sobre el lugar adecuado según el caso.
Un profesional permite tiempo de respuesta más ágil, orientación sobre derechos del menor y coordinación con servicios de protección. Evita retrasos y errores procesales que puedan afectar al niño.
Sí, pero la presencia de un tutor o representante legal puede facilitar la protección del menor y la gestión adecuada de la denuncia. Un asesor legal puede actuar como tutor ad hoc cuando sea necesario.
Si el bienestar del niño está en riesgo, la guarda o la patria potestad pueden ser solicitadas. Un abogado orienta sobre requisitos, pruebas y tiempos estimados.
En muchos casos se requieren informes de psicólogos para sustentar medidas de protección o evaluaciones de daño. Un letrado coordina con peritos y la cadena de custodia de pruebas.
Una denuncia acompaña la investigación pública; una querella la inicia la parte afectada con la intención de perseguir responsabilidad penal. Un abogado explica cuál conviene en cada situación.
Los honorarios se negocian con el abogado y pueden estructurarse por hora, por abreviatura de proceso o por resultado. Pregunte por costos de gestión y de eventual traslado de audiencias.
Se inicia la investigación, se evalúan medidas de protección, se recabaran pruebas y se programan entrevistas con el menor. El proceso puede concluir con una resolución o sentence dependiente del caso.
La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de la sociedad, la familia y el Estado.Fuente: Ley Nacional 26.061
States Parties shall protect the child from all forms of physical or mental violence.Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 19
Every child has a right to protection from violence, exploitation and abuse.Resumen de derechos infantiles - UNICEF
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