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Explore nuestras 1 pregunta legal sobre Manutención infantil en España y lea las respuestas de los abogados, o haga sus propias preguntas gratis.
¿Tiene la custodia de los hijos? Esto puede lograrse mediante la autorización del tribunal. Si no cumple con las órdenes judiciales, puede ser arrestado.
Leer respuesta completaLa manutención infantil es la obligación de los progenitores de cubrir las necesidades básicas de sus hijos menores. En España, esta obligación deriva del Código Civil y se regula en procedimientos judiciales cuando no hay acuerdo entre las partes. En Las Palmas de Gran Canaria, los casos de manutención se tramitan principalmente en los Juzgados de Primera Instancia y de Familia de la provincia. El objetivo es garantizar el sustento, educación y desarrollo del menor, priorizando su interés superior.
La cuantía de la pensión se determina con base en las necesidades del menor y la capacidad económica de los padres. Si la situación cambia (empleo, ingresos, custodia), la pensión puede ser modificada mediante un procedimiento específico. Las resoluciones pueden ejecutarse para asegurar el pago cuando exista incumplimiento.
Las bases jurídicas de la manutención infantil en Canarias y en España se aprecian en tres marcos: el Código Civil, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas normas definen deberes, procedimientos y criterios para fijar, modificar y ejecutar las pensiones de alimentos.
En Canarias, los procedimientos pueden iniciarse por demanda ante el juzgado competente y pueden requerir informes sociales o peritajes cuando la situación de familia lo justifique. Es posible acordar regionalmente medidas específicas, siempre dentro del marco legal general.
“El interés superior del menor debe prevalecer en todas las decisiones relacionadas con su protección y sustento.”
“La pensión de alimentos se determina atendiendo las necesidades del menor y las posibilidades económicas de cada progenitor.”
Fuente: Gobierno de Canarias - Familia y Menores; Fuente: Portal Gobierno de España - Justicia
La pensión de alimentos es la cuota que debe aportar cada progenitor para cubrir las necesidades básicas de su hijo. Por regla general, corresponde pagarla el progenitor con mayor capacidad económica cuando la custodia es compartida o del progenitor no custodio cuando la custodia es exclusiva.
Debe presentar una demanda en el Juzgado de Primera Instancia o de Familia de Las Palmas. Es recomendable contar con un abogado o asesor legal para preparar la documentación y sostener la posición en audiencia.
Puede solicitarla si cambian de forma relevante los ingresos de alguno de los progenitores o las necesidades del menor. El tribunal valorará la nueva situación y ajustará la cuota si corresponde.
La reclamación se tramita ante los Juzgados de Primera Instancia y de Familia de Las Palmas. En casos de impago, el procedimiento de ejecución puede iniciarse para asegurar los pagos pendientes.
La cuantía puede variar ante cambios significativos de ingresos, cambios en la situación de cuidado del menor o cambios en las necesidades del menor. El juez debe valorar las circunstancias actualizadas.
Sí. Un letrado puede asesorar sobre la mejor estrategia, presentar la demanda, gestionar medidas cautelares y supervisar la ejecución de la sentencia.
Las medidas cautelares pueden ser útiles para garantizar pagos mientras se resuelve la demanda. Un asesor legal puede indicar si procede en tu caso concreto.
Es muy recomendable. Un abogado facilita la recopilación de pruebas, la presentación de documentos y la defensa de tus derechos ante el juez.
Un convenio regulador es un acuerdo entre las partes, aprobado por el juez. Una sentencia judicial establece la cuota y condiciones de manera impuesta por el tribunal tras un proceso.
Identificación de progenitores, certificado de nacimiento del menor, pruebas de ingresos y gastos, gastos del menor, y cualquier prueba de custodia o convivencia relevante.
El juez considera necesidades del menor y capacidad económica de los progenitores, incluyendo ingresos, gastos educativos y vivienda. Pueden requerirse informes sociales o periciales.
La fase de ejecución depende de la deuda y de la carga de trabajo del juzgado. En Canarias, la resolución de ejecuciones suele requerir varios meses desde la reclamación inicial hasta la cobro efectivo.
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