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El régimen de visitas regula cuándo y cómo el progenitor no custodio puede ver a sus hijos. En San Justo, estas decisiones suelen tomarse en el marco de los Juzgados de Familia de La Matanza, aplicando normas nacionales y provinciales. El objetivo principal es garantizar el interés superior del menor y la continuidad afectiva con ambos padres.
La realización de visitas puede contemplar fines de semana, vacaciones, días festivos y modalidades alternativas como visitas supervisadas o locales. Los acuerdos pueden ser de carácter judicial o extrajudicial, siempre bajo supervisión judicial cuando exista riesgo para el menor. En todos los casos, las decisiones deben respetar derechos y deberes de ambas partes y del niño.
Las normas aplicables en San Justo combinan legislación nacional con marcos provinciales. A nivel nacional, el régimen de visitas se enmarca dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, y dentro de la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño complementa estas disposiciones y orienta las decisiones judiciales.
Primero, el Código Civil y Comercial de la Nación regula la guarda, la crianza y el régimen de visitas para asegurar el interés superior del menor. Este código establece principios para definir la convivencia y los derechos de contacto con cada progenitor. Fecha de vigencia y principales reformas: entró en vigor en 2015 y ha recibido modificaciones puntuales para adaptar criterios de cuidado y contacto familiar.
El interés superior del niño debe guiar todas las decisiones que afecten a su desarrollo y bienestar.
Segundo, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) establece marcos de protección, incluyendo derechos de convivencia y regulaciones para garantizar vínculos familiares estables. Esta norma se ha ido fortaleciendo desde su promulgación en 2005 y con reformas posteriores para reforzar la protección de derechos en procesos de familia. Importante: prioriza medidas que minimicen el impacto emocional y físico en los menores durante disputas familiares.
La protección de las niñas, niños y adolescentes debe ser la prioridad en cualquier procedimiento judicial.
Por último, la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) es un marco internacional ratificado por Argentina que impulsa el tratamiento de los menores con enfoque en su dignidad y desarrollo. Este convenio respalda principios como el interés superior del niño y el derecho a mantener vínculos con ambos progenitores cuando sea seguro y adecuado.
Notas sobre la jurisdicción local: en San Justo, La Matanza, los expedientes de familia suelen tramitarse ante los juzgados de familia de la zona. Aunque el marco está nacional, las variantes procesales pueden depender de la organización judicial local y de las medidas de protección vigentes en la Provincia de Buenos Aires.
Es un mandato judicial o acuerdo entre padres que regula cuándo y cómo un progenitor puede ver a su hijo. Incluye días, horarios, lugares y modalidades de contacto, tanto presenciales como virtuales.
Debes presentar una petición ante el Juzgado de Familia correspondiente, acompañando motivación, cambios de circunstancias y pruebas. Un abogado puede ayudarte a estructurar la solicitud y gestionar la audiencia.
Cuando hay riesgo inmediato para el menor o violación grave de lo establecido, puedes solicitar medidas urgentes. El juez puede dictar medidas provisionales mientras se resuelve el fondo del caso.
En los Juzgados de Familia de La Matanza, o en los canales habilitados por la jurisdicción. Un letrado local puede indicarte el organismo exacto según tu domicilio.
Un asesor legal garantiza la correcta interpretación de la ley, la adecuada presentación de pruebas y la defensa de derechos del menor y de cada progenitor. También facilita acuerdos y evita litigios innecesarios.
Sí; en caso de riesgo comprobado, el juez puede modificar provisionalmente el régimen para proteger al menor. Las medidas pueden incluir supervisión o restringir el contacto.
Sí, si es viable. Un acuerdo consensuado reduce trámites y tiempos, y suele ser más flexible para adaptar cambios futuros. Un abogado puede redactarlo con validez judicial.
La mediación está promovida para resolver conflictos de familia. En algunos casos puede ser requerida antes de acudir a la vía judicial, dependiendo de la jurisdicción.
Los honorarios varían según la experiencia y la complejidad del caso. En San Justo, algunas consultas iniciales pueden ser accesibles, pero el costo total depende del tiempo de trabajo y las gestiones necesarias.
Los plazos pueden variar, pero un proceso típico suele durar entre 6 y 12 meses en circunstancias habituales. Casos complejos o con prueba extensa pueden tardar más.
Se utilizan documentos que demuestren la relación, la disponibilidad y el cuidado del menor. Pueden incluir certificados de convivencia, informes escolares y comunicaciones entre progenitores.
La guarda se refiere a la responsabilidad de cuidado y decisiones del menor. El régimen de visitas regula el contacto del progenitor que no tiene la guarda con el niño.
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