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El régimen de visitas es una determinación judicial que regula el vínculo entre el menor y el progenitor no conviviente, con el objetivo de asegurar la relación afectiva y el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. En Venezuela, este derecho se rige principalmente por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y por el marco del derecho civil aplicable a la familia.
La finalidad del régimen de visitas es equilibrar la parentalidad responsable con el interés superior del menor. En la práctica, puede comprender fines de semana, vacaciones, días festivos y, cuando corresponde, visitas supervisadas, así como el uso de tecnología para mantener comunicación regular cuando la convivencia física no es posible.
Las reglas sobre régimen de visitas se apoyan en la LOPNNA y en el marco civil aplicado a la familia. Estas normas priorizan el interés superior del menor y la protección de sus derechos en todo procedimiento.
Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (LOPNNA) - norma principal que regula derechos, protección y seguridad de los menores, incluyendo cómo deben mediar las decisiones sobre vínculos familiares. Vigente desde finales de la década de 1990, con reformas orientadas a ampliar mecanismos de protección y mediación familiar.
“El interés superior del niño, niña o adolescente debe guiar todas las decisiones que afecten sus derechos.”
Fuente: LOPNNA - enfoque de protección y derechos del menor.
Código Civil venezolano - regula la patria potestad, la guarda y custodia, y las bases para establecer visitas cuando no existe convivencia plena. Sus disposiciones se aplican complementariamente a los casos de régimen de visitas y a los procedimientos de familia.
“La relación entre progenitores y el menor debe facilitarse con base en derechos y deberes recíprocos, salvaguardando el bienestar del menor.”
Fuente: Código Civil - fundamentos de la tutela, la guarda y las relaciones con el menor.
Ley Orgánica de Procesos Civiles (o marco procesal aplicable a Familia) - regula la forma de iniciar y tramitar procesos de régimen de visitas, incluyendo requerimientos de prueba, medidas provisionales y procedimientos de mediación previa cuando exista. Se aplica a los procedimientos de familia que involucren menores.
“La vía judicial debe buscar la solución más adecuada para el interés del menor, promoviendo la conciliación cuando sea posible.”
Es un acuerdo o fallo judicial que regula la convivencia del menor con el progenitor no conviviente, buscando promover vínculos sanos y la estabilidad del menor.
Debe presentarse ante el juez de familia competente, aportando pruebas del cambio y proponiendo un nuevo plan de visitas acorde al interés del menor.
Cuando exista riesgo inminente para la seguridad o el desarrollo del menor, puede ordenarse suspensión temporal y medidas de protección.
En la jurisdicción de familia del lugar de residencia habitual del menor o del progenitor demandado, según el criterio del tribunal.
Porque las decisiones deben privilegiar el desarrollo, seguridad y bienestar del menor por encima de intereses de los adultos.
Sí, cuando la distancia física lo justifique y no afecte negativamente al menor, conforme a la decisión judicial.
En muchos casos se recomienda mediación para alcanzar acuerdos y evitar litigios largos, siempre que sea posible.
Sí, se deben aportar documentos que demuestren cambios sustanciales, como mudanza, cambios escolares o riesgos para el menor.
Los procesos de familia pueden durar varios meses; la duración depende de la carga del juzgado y la complejidad del caso.
La custodia se refiere a la residencia del menor; la convivencia es el tiempo efectivo juntos; las visitas son encuentros con el progenitor no conviviente.
Un acuerdo extrajudicial evita el juicio, mientras que un fallo judicial establece de forma vinculante el régimen definitivo.
Sí, un letrado puede representar tus intereses, presentar pruebas y defender la solución más adecuada para el menor ante el tribunal.
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