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El derecho de contrato regula los acuerdos entre dos o más partes que crean, modifican o extinguen obligaciones. En Salta, como en el resto del país, estos contratos deben ajustarse a la normativa nacional y a las reglas locales de interpretación y ejecución. Un letrado especializado en Contrato ayuda a redactar, negociar y revisar cláusulas para evitar obligaciones desproporcionadas o riesgos ocultos.
En la práctica, los contratos pueden ser verbales o escritos, pero la documentación clara facilita la prueba de acuerdos y reduce conflictos. En Salta, la formalización mediante escritura pública o acta notarial suele requerirse para ciertos actos, como la compraventa de inmuebles, mientras que otros contratos pueden gestionarse de forma electrónica conforme a la normativa vigente.
En Salta, las relaciones contractuales se rigen principalmente por leyes nacionales aplicables, con particularidades en materia de aplicación provincial. A continuación se destacan normas relevantes y su incidencia en contratos dentro de la provincia.
“El contrato es un acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue obligaciones entre las partes.”
Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación. Puedes consultar el marco general en el portal normativo nacional para entender cómo se aplican estos principios en Salta. Fuente: argentina.gob.ar normativa
“La Ley de Defensa del Consumidor protege a las personas en las relaciones de consumo frente a cláusulas abusivas.”
Fuente: Ley 24.240. Detalles y textos disponibles en portales oficiales de normativa. Fuente: argentina.gob.ar normativa
“El Poder Judicial garantiza la resolución de conflictos contractuales mediante procesos civiles y comerciales.”
Fuente: Poder Judicial de la Nación. Información sobre procedimientos y resoluciones disponibles en su sitio oficial. Fuente: pjn.gov.ar
Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea obligaciones. Debe contener consentimiento, objeto lícito, causa y capacidad de las partes. En Salta, la forma escrita facilita pruebas ante tribunales.
Busque exenciones desproporcionadas, desequilibrio de obligaciones o renuncia de derechos esenciales. Consulte a un abogado para comparar cláusulas con la normativa de consumo y código civil vigente.
La prescripción depende del tipo de contrato y de la obligación. En general, el plazo típico de prescripción para deudas contractuales suele ser de 6 a 10 años según el tipo de obligación, pero puede variar.
Puede iniciarse ante el fuero civil o comercial correspondiente. Si aplica, también existen instancias administrativas provinciales antes de acudir a la vía judicial.
Un asesor evita cláusulas ocultas, evalúa riesgos y garantiza cumplimiento de normativa. Ahorra tiempo y reduce la probabilidad de litigios posteriores.
Sí. La firma digital es válida y admite contratos electrónicos siempre que cumplan los requisitos de autenticidad y consentimiento. Esto facilita firmas a distancia.
La confidencialidad protege información sensible. Un abogado redacta excepciones, duraciones y sanciones por incumplimiento para evitar usos indebidos.
Un contrato privado es entre partes particulares o empresas. Un contrato público implica procedimientos de contratación estatales y requisitos de transparencia y licitación.
Los costos varían por complejidad, duración y experiencia. Pueden incluir honorarios por hora, tarifa fija para revisión de contrato y gastos de notaría.
La revisión puede tomar entre 1 y 5 días hábiles, según la longitud y la complejidad de las cláusulas. Un abogado puede acelerar el proceso con un checklist claro.
Sí. Es recomendable-al menos para verificar gravámenes, titularidad y condiciones de escrituración. Un letrado evita sorpresas jurídicas y fiscales.
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