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La difamación en Argentina abarca ataques al honor y la reputación de una persona. En la práctica, el sistema jurídico distingue entre daños civiles por daños a la honra y responsabilidades penales por injurias o calumnias.
El marco argentino combina el Código Civil y Comercial de la Nación con el Código Penal para regular estas conductas y sus consecuencias. En medios de comunicación y redes sociales, la difamación puede generar demandas civiles por daños y perjuicios y, en ciertos casos, sanciones penales si se acreditan injurias graves o calumnias intencionales.
Cambios recientes y tendencias: la implementación del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015 unificó normas civiles y comerciales, afectando la responsabilidad por daño a la honra. La jurisprudencia reciente enfatiza la distinción entre opinión y hecho verificable y la necesidad de respaldar las afirmaciones con hechos.
La libertad de expresión debe equilibrarse con la protección de la honra, evitando abusos que afecten la dignidad de las personas.
Fuente: OEA - IACHR
La libertad de expresión es esencial para la democracia, pero no es un permiso para difamar ni para atentar contra la honra de las personas.
Fuente: UNESCO - Freedom of Expression
Las restricciones a la libertad de expresión deben estar previstas por la ley y ser necesarias y proporcionadas para proteger derechos de terceros, incluidas las reputaciones.
Fuente: OHCHR
La difamación combina daño a la honra y comunicación pública. Puede haber acciones civiles por daños morales y, en ciertos casos, sanciones penales si hay dolo o culpa grave y difusión amplia.
Las injurias son ataques al honor sin necesidad de hacer hechos falsos; la difamación implica atribuciones falsas que dañan la reputación con publicidad.
Las acciones pueden prescribir según la tipificación (civil o penal) y el daño. Los plazos suelen variar entre 1 y 2 años para daños civiles y suelen regirse por la jurisprudencia y el tipo penal aplicable.
Las denuncias penales se presentan ante el Ministerio Público Fiscal o ante el fuero competente en la jurisdicción del hecho difamatorio.
La asesoría temprana ayuda a definir estrategia, recopilar pruebas y evitar errores que afecten derechos y posibles condenas o indemnizaciones.
La retractación puede mitigar daños, pero no elimina automáticamente la posibilidad de acción legal. Un letrado puede orientar sobre el impacto legal y mediación.
Sí, porque las publicaciones en redes pueden generar alcance rápido y obligaciones probatorias. Un abogado evalúa hechos, pruebas y vías adecuadas.
Sí, los medios digitales pueden ser responsables por difusión de expresiones que afecten la honra, y pueden haber vías civiles y, en casos extremos, penales.
Los costos varían según la complejidad, la sede y la experiencia. Pide un presupuesto detallado y acuerda un plan de honorarios por etapas.
Pruebas de la difusión (capturas, links, pleitos editados), identidad de los autores, fecha y contexto, y cualquier hecho verificable que sustente la afirmación.
Los tiempos varían según la carga judicial y la complejidad, desde varios meses hasta años en casos complejos o con recursos.
Sí, porque el asesoramiento en medios implica entender publicidad, difamación online y responsabilidad de las plataformas.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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