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El Seguro de discapacidad en San Justo forma parte del sistema de seguridad social argentino y busca proteger a las personas con discapacidad frente a dificultades económicas, de salud y de acceso a servicios. Incluye prestaciones como la pensión por invalidez, ayudas técnicas, rehabilitación y apoyos para la inclusión laboral y educativa. Estas herramientas se financian con aportes del sistema de seguridad social y se gestionan a través de organismos nacionales.
En San Justo y el partido de La Matanza, los residentes suelen necesitar asesoría legal para tramitar certificados de discapacidad, revisar derechos laborales y reclamar/o defender prestaciones ante entidades como ANSES y las obras sociales. Un letrado o asesor legal con experiencia en discapacidad puede ayudar a interpretar requisitos, preparar documentos y gestionar recursos when necessary. Contar con asesoría específica local facilita la toma de decisiones y el seguimiento de trámites en la región.
Entre las normas clave que rigen el tema se cuentan la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad y tratados internacionales, además de regulaciones administrativas sobre prestaciones de invalidez. Estas leyes trazan la finalidad de garantizar derechos, acceso a servicios y no discriminación para las personas con discapacidad.
Ley que rige la protección de las personas con discapacidad (en Argentina) - Protección Integral de las Personas con Discapacidad, Ley 22.431 - vigente desde 1993, con reformas posteriores para ampliar derechos y facilitar la inclusión en empleo, educación y servicios. Esta norma es un pilar para el acceso a prestaciones y para la protección frente a discriminación.
Normativa internacional aplicable - Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas, ratificada por Argentina. Esta Convención establece principios de igualdad, accesibilidad y participación plena en la vida social, económica y cultural.
Prestaciones de invalidez gestionadas por ANSES - la pensión por invalidez es una prestación del sistema de seguridad social destinada a personas con discapacidad que no pueden trabajar. ANSES es el organismo responsable de tramitar y gestionar estas prestaciones, incluida la revisión de certificados médicos y la procedencia de la pensión.
“La Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad garantiza derechos plenos y la no discriminación en empleo, educación y servicios.”
“Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la igualdad de oportunidades y la plena participación social.”
“La pensión por invalidez es un beneficio no contributivo destinado a personas con discapacidad que no pueden realizar actividades laborales.”
La Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad (Ley 22.431) está publicada en el portal oficial del gobierno de Argentina y regula derechos básicos, asistencia y no discriminación.
Fuente: argentina.gob.ar - Ley 22.431
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un marco internacional que Argentina ratificó para promover la igualdad de derechos y la no discriminación.
La pensión por invalidez es una prestación de la Seguridad Social que puede ser solicitada ante ANSES cuando la persona no tiene condiciones para trabajar.
Fuente: anses.gob.ar - Pensión por invalidez
La pensión por invalidez es una prestación de la seguridad social para personas con discapacidad que no pueden trabajar. Se solicita ante ANSES con certificaciones médicas y documentación de discapacidad.
Debes revisar la Ley de Protección Integral (Ley 22.431) y confirmar tu certificación de discapacidad. Un asesor legal puede interpretar los requisitos y ayudarte a tramitarla.
El proceso puede demorar entre varias semanas y algunos meses, según la complejidad médica y la carga de trabajo de ANSES. Es recomendable hacer seguimiento periódico.
La solicitud se presenta ante la oficina de ANSES correspondiente y puede requerir documentación médica adicional. También puede gestionarse vía trámites en línea cuando la plataforma lo permita.
La negación puede deberse a falta de documentos o a una valoración médica. Debes solicitar una revisión y, si corresponde, presentar un recurso administrativo o una demanda.
Sí. Si tu condición médica cambió, puedes solicitar una reevaluación de tu grado de discapacidad ante la autoridad competente y presentar informes médicos actualizados.
Un letrado especializado puede asesorar, preparar pruebas, gestionar recursos y representar en trámites ante ANSES o ante tribunales si es necesario.
Sí. La Defensoría puede orientar, facilitar reclamos y realizar gestiones para asegurar el acceso a derechos y servicios.
Los plazos varían; en general, la respuesta puede demorarse varios meses, dependiendo de la complejidad y de la necesidad de pruebas médicas adicionales.
Debes presentar un reclamo administrativo ante ANSES y, si corresponde, recurrir a una acción judicial. Un asesor legal te guiará con formularios y pruebas necesarias.
El costo depende de la experiencia del abogado o asesor y del alcance del servicio. Algunas consultas iniciales son gratuitas o de bajo costo; luego se pacta honorarios por escrito.
La pensión por invalidez es una prestación contributiva o no contributiva según el caso y depende de la situación laboral. La PNCI es una pensión no contributiva por invalidez para quienes cumplen ciertos requisitos de ingreso y residencia.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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