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En Estepona, la protección frente al abuso hacia personas mayores incluye actos de violencia física, psicológica, negligencia, explotación económica y abuso económico. Estas conductas están perseguidas por el marco penal y por la normativa de servicios sociales que vela por la autonomía y el bienestar de las personas mayores.
El objetivo es garantizar la seguridad, la dignidad y la calidad de vida de las personas mayores en el entorno familiar y en instituciones. La asesoría legal facilita identificar posibles infracciones, reunir pruebas y activar las medidas de protección necesarias, incluidas denuncias, medidas cautelares o tutela cuando proceda.
Según el Ministerio de Justicia, el Código Penal tipifica como delito las lesiones, maltrato y abandono de las personas mayores cuando se produce por acción u omisión y produce daño grave.
Fuente: mjusticia.gob.es
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia garantiza derechos y prestaciones para personas mayores que requieren apoyo para su vida diaria.
Fuente: gob.es
Las normas que suelen aplicarse en Estepona para casos de abuso a personas mayores combinan legislación penal y normativa de servicios sociales. A nivel estatal, el marco básico incluye el Código Penal para delitos contra las personas y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para prestaciones y servicios.
La Junta de Andalucía y los ayuntamientos, incluido Estepona, coordinan servicios sociales y recursos de protección para mayores a través de normativas autonómicas y planes de actuación locales. Para casos complejos o de alto riesgo, conviene consultar a un abogado con experiencia en derecho de mayores y protección de víctimas.
Es el marco legal para prevenir y sancionar la violencia, el abandono, la explotación y la negligencia hacia las personas mayores, asegurando su protección y acceso a apoyos.
Acuda a la policía, a la Guardia Civil o al juzgado. Un asesor legal puede acompañar en la denuncia, solicitar medidas de protección y coordinar con servicios sociales.
Cuando exista riesgo inmediato, sospechas de abuso, o necesites asesoramiento para presentar una denuncia, tutela o reclamar prestaciones de dependencia.
Conviene reunir informes médicos, testigos, grabaciones y documentos de cuidados. Su letrado indicará dónde y cómo entregarlos de manera válida.
Las pruebas fortalecen la denuncia penal, la solicitud de protección y las reclamaciones administrativas. Documentación clara acelera la resolución.
Sí. Un letrado puede redactar la denuncia, identificar delitos aplicables y gestionar la acción penal ante el juzgado competente.
Si la persona mayor carece de capacidad para tomar decisiones, la tutela o curatela puede proteger sus intereses y gestionar su patrimonio y cuidados.
En la mayoría de casos sí. Un abogado facilita la petición judicial, la valoración médica y la intervención del juez.
Los honorarios varían según complejidad, plazo y experiencia. En Estepona, muchos abogados ofrecen una primera consulta gratuita o tarifas por hora o por asunto.
La duración depende del tipo de procedimiento (penal, tutela, administrativa) y de la carga de trabajo. Un proceso penal puede durar de 6 a 12 meses o más.
La evidencia médica es crucial para acreditar lesiones o deterioro. Un médico forense puede aportar informes que fortalezcan el caso.
El maltrato físico es una acción directa que causa daño; la negligencia es la omisión o insuficiente cuidado que perjudica la salud o seguridad.
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