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En Argentina, los derechos de los padres están vinculados a la patria potestad, la guarda y crianza, el régimen de visitas y la obligación de alimentos. Estas cuestiones se resuelven principalmente en el marco de la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil y Comercial de la Nación. En Mar del Plata, estas decisiones se tramitan ante los Juzgados de Familia y Minoridad dependientes del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
La tutela de los derechos del padre se orienta al interés superior del niño. Eso implica que las resoluciones sobre convivencia, horarios y obligaciones económicas deben buscar el bienestar del menor, con participación equitativa de ambos progenitores cuando corresponda. Un letrado experto en Derecho de Familia puede guiarte para presentar propuestas y gestionar acuerdos o litigios ante la Justicia local.
En la práctica, el marco normativo busca una parentalidad responsable que favorezca vínculos estables entre el niño y ambos padres, incluso tras separaciones o divorcios. Los procesos pueden incluir acuerdos de guarda compartida, regímenes de visitas y modificaciones ante cambios de circunstancias. Contar con asesoría legal local facilita el acceso a mecanismos de mediación y a medidas cautelares cuando sea necesario.
Las bases jurídicas para Derechos del padre en Mar del Plata se apoyan en normas nacionales y, en particular, en el marco de la Provincia de Buenos Aires. A continuación se señalan las leyes y regulaciones relevantes por nombre.
Estas normas se complementan con resoluciones y prácticas de los Tribunales de Familia de la Provincia de Buenos Aires. Para consultas puntuales, los sitios oficiales del Poder Judicial provincial contienen texto normativo y guías procesales actualizadas.
El interés superior del niño debe ser la consideración primordial en todas las decisiones que afecten a un menor.
Además, estas ideas están reflejadas en el marco normativo argentino, donde la protección de la infancia y la equidad entre progenitores guían las resoluciones judiciales. A continuación se indican fuentes oficiales para consulta directa.
En Argentina, la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se fundamenta en la Ley 26.061 y en el Código Civil y Comercial de la Nación, con énfasis en el interés superior del menor.
La violencia de género debe ser combatida para garantizar la seguridad de las mujeres y las familias, conforme a la Ley 26.485.
La patria potestad comprende derechos y deberes sobre la persona y bienes del hijo. Se ejerce de forma conjunta salvo casos excepcionales. En Mar del Plata, los jueces priorizan el interés del menor al determinar su ejercicio.
Se presenta una demanda ante el Juzgado de Familia o Minoridad correspondiente. Puede requerirse mediación previa y presentar informes escolares, médicos y de convivencia.
El régimen de visitas define cuándo y con qué frecuencia el progenitor no conviviente ve al menor. El tiempo depende de la situación del niño y de acuerdos o resoluciones judiciales.
Se puede solicitar una modificación ante cambios significativos de circunstancias, como traslado laboral, cambios educativos o de convivencia. Es necesaria evidencia de la nueva situación.
Los alimentos deben ser proporcionales a la capacidad económica del progenitor y a las necesidades del menor. Un letrado puede pedir revisión de la cuantía ante variación de ingresos o gastos.
Identificación de los progenitores, partida de nacimiento del menor, certificado de convivencia, recibos de sueldo, gastos escolares y médicos, y cualquier sentencia previa.
Sí. Un abogado puede asesorarte sobre opciones de acuerdo, preparar propuestas y acompañarte en la mediación para evitar litigios largos.
La guarda compartida implica roles activos de ambos padres; la exclusiva favorece un progenitor como tutor principal. Las decisiones deben orientarse al interés del niño.
Sí, si hay cambios de residencia, trabajo o educación que afecten el bienestar del menor. Es necesaria una justificación sólida y pruebas documentales.
Se puede pedir ejecución forzada ante el juzgado, con posibles medidas de apremio y sanciones por incumplimiento.
Sí. Las decisiones pueden ser apeladas ante instancias superiores si hay vicios de procedimiento o errores de hecho o derecho.
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