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El derecho de Fintech en la República Dominicana regula servicios financieros y tecnológicos que operan principalmente en pagos, préstamos, inversión, y manejo de datos. Las autoridades claves son el Banco Central de la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional de Valores; estas entidades supervisan, cada una, distintos aspectos del ecosistema Fintech. El objetivo legal es equilibrar la innovación con la seguridad financiera, la protección al consumidor y la integridad del sistema de pagos.
Las normas también exigen buenas prácticas en KYC, prevención de lavado de activos y ciberseguridad. Además, las empresas Fintech deben cumplir con la protección de datos personales y las obligaciones fiscales correspondientes. En la práctica, la interacción con bancos, emisores de tarjetas y proveedores de servicios de pago está sujeta a una coordinación regulatoria entre varias agencias. Este marco evoluciona conforme se introducen nuevas tecnologías y modelos de negocio.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana - Regulación de pagos electrónicos y servicios de pago
Una fintech de pagos busca licencias o aprobación regulatoria para operar como Proveedor de Servicios de Pago. Requiere asesoría para entender requisitos de supervisión y reportes mensuales ante el Banco Central.
Una app de inversión quiere lanzar un servicio regulado por la CNV. Necesita estructurar la oferta, clasificar instrumentos y cumplir con normas de transparencia y protección al inversionista.
Una plataforma de préstamos entre particulares quiere diseñar contratos de crédito y mecanismos de cobranza compatibles con la ley local. Se necesita asesoría sobre cumplimiento y límites operativos.
Una startup maneja datos de clientes y procesa pagos en la nube. Requiere revisión de la Ley de Protección de Datos y del marco de seguridad de la información aplicable a fintechs.
Una empresa tecnológica quiere asociarse con un banco para emisión de tarjetas o cuentas. Es crucial entender convivencia con normativas de bancos y requerimientos de KYC/AML.
Una fintech busca estructurar una estrategia de cumplimiento fiscal y reporting internacional para operaciones transfronterizas. Se requieren planes de impuestos y obligaciones de la DGII.
Fuente: Comisión Nacional de Valores - pautas para plataformas de valores y asesoría de inversión
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 172-13). Regula el tratamiento de datos personales, derechos de los titulares y obligaciones de responsables y encargados. Es clave para cualquier Fintech que maneje información de clientes y transacciones. Vigente desde 2014 con reglamentaciones y actualizaciones posteriores para ampliar derechos y mecanismos de protección.
Regulación de Servicios de Pago y Firma Digital (Reglamentos vinculados a firma digital y documentos electrónicos). Regula la validez de contratos electrónicos, mecanismos de firma y seguridad en transacciones digitales, y establece requisitos para PSPs y proveedores de servicios de pago.
Ley de Mercado de Valores y normas de la Comisión Nacional de Valores (normas aplicables a emisores, intermediarios y plataformas de inversión). Es relevante para fintechs que operan productos de inversión, asesoría y ofrecimiento de valores, y establece requisitos de registro, transparencia y supervisión.
Datos de contacto y referencia oficial para estas áreas:
Fuente: Banco Central de la República Dominicana y CNV
La Fintech combina tecnología y servicios financieros para ofrecer soluciones como pagos, préstamos y asesoría de inversiones. Implica cumplimiento regulatorio y supervisión de autoridades financieras.
Define y documenta el tratamiento de datos, obtén consentimiento, aplica derechos de titulares y establece medidas de seguridad. Mantén registros y evidencia de cumplimiento.
Cuando tu negocio gestiona pagos, transacciones o depósito de fondos de terceros, requiere estar sujeto a la supervisión del Banco Central y, según el modelo, de la CNV o la SIB.
Las consultas deben dirigirse a las autoridades supervisoras correspondientes: Banco Central, SIB o CNV, según el ámbito de la Fintech.
Para prevenir lavado de activos y fraude, las fintech deben aplicar verificación de identidad, monitoreo de transacciones y reporte de operaciones sospechosas.
Sí, pero debe obtener permisos regulatorios y, con frecuencia, alianzas con bancos o PSPs para procesar pagos o sacar fondos.
Sí, para definir responsabilidades, condiciones de uso, protección de datos y límites de responsabilidad en transacciones digitales.
La regulación es compleja y sujetará a AML, KYC y políticas de intercambio. Consulta a un asesor para evitar riesgos fiscales y de cumplimiento.
Depende del tipo de valor; si se trata de valores, la CNV exige registro, divulgación y cumplimiento de normas para proteger al inversionista.
El costo varía según experiencia, complejidad y plazos. En DR, suele oscilar entre tarifas por hora y honorarios por proyecto.
La asesoría legal ofrece orientación, revisión de contratos y cumplimiento; la representación ante tribunales implica litigio y defensa.
Los plazos dependen del tipo de permiso y la carga regulatoria. Pueden variar entre 4 y 16 semanas, si se cumplen todos los requisitos.
Función real: supervisión de servicios de pago, normativas de pago móvil y emisión de regulaciones para PSPs.
Función real: supervisión prudencial, cumplimiento de AML/KYC y requisitos de licencias para entidades financieras.
Función real: registro de emisores, normas de transparencia y supervisión de plataformas de inversión.
Defina el modelo de negocio Fintech y el alcance regulatorio (pagos, inversión, datos, créditos). 1-2 días para una sesión de estrategia.
Reúna documentos clave: plan de negocio, políticas de privacidad, términos y condiciones, y prototipos de contratos. 1-2 semanas.
Busque abogados o firmas con experiencia en Fintech dominicana; verifique casos previos y referencias. 2-3 semanas.
Solicite propuestas de servicios y presupuestos; compare alcance, tiempos y honorarios. 1-2 semanas.
Convoque entrevistas técnicas para evaluar capacidad de cumplimiento normativo y adecuación cultural. 1-2 semanas.
Constituya un contrato de servicios legales claro, con cronograma y hitos. 1 semana tras selección.
Inicie un plan de cumplimiento regulatorio y un checklist de AML/KYC, datos y seguridad. 2-4 semanas.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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