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El derecho de Tecnología de la información en México abarca la protección de datos personales, la seguridad de sistemas y redes, la propiedad intelectual aplicada a software y la regulación de contratos tecnológicos. Este campo también regula la forma en que las empresas y autoridades manejan información sensible y operan servicios digitales. El objetivo es equilibrar la innovación con la protección de derechos de los usuarios y la seguridad pública.
Los asesores legales especializados en TI ayudan a interpretar normas, redactar acuerdos de software y servicios, gestionar incidentes de seguridad y negociar cláusulas de confidencialidad y cumplimiento. También orientan en temas de cumplimiento normativo al implementar soluciones tecnológicas en entidades públicas o privadas. Un letrado en TI puede vincular aspectos tecnológicos con obligaciones legales concretas para cada caso.
Una firma mexicana, desarrollador de apps o empresa de servicios en la nube puede necesitar asesoría especializada ante incidencias o procesos regulatorios. A continuación, se presentan escenarios concretos y reales en México.
A continuación se detallan normas relevantes para el tratamiento de datos y la tecnología en México. Se mencionan fechas de vigencia o cambios relevantes para contextualizar el marco regulatorio.
La LFPDPPP regula el tratamiento de datos personales por parte de empresas privadas y personas físicas con actividad empresarial. Establece principios, derechos de los titulares y responsabilidades de los responsables y encargados del tratamiento de datos.
Principios clave: licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y seguridad. Es la base para diseñar políticas de privacidad, avisos de datos y medidas de seguridad en México.
Vigencia y cambios: la Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor en 2010, con su reglamento publicado en 2011. Estas disposiciones han sido objeto de reformas y actualizaciones para alinear prácticas con nuevas tecnologías y amenazas.
El Reglamento especifica procedimientos, responsabilidades y requisitos técnicos para el tratamiento de datos personales por parte de particulares. Detalla cómo deben instrumentarse los avisos de privacidad, evaluaciones de impacto y mecanismos de ejercicio de derechos de los titulares.
Reglamento vigente desde 2011; ha servido para aclarar procesos de notificación de incidentes, transferencia de datos y responsabilidades de proveedores y encargados del tratamiento.
La LGPDPSO regula el tratamiento de datos personales por parte de autoridades, entidades públicas y otros sujetos obligados. Busca asegurar la correcta gestión de datos de los ciudadanos cuando opera el sector público y entidades con obligaciones de transparencia.
Promulgada en 2017, establece principios, derechos de los titulares y obligaciones específicas para sujetos obligados, incluyendo medidas de seguridad, requisitos de consentimiento y mecanismos de denuncia ante autoridades fiscalizadoras.
“El tratamiento de datos personales debe realizarse de conformidad con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y seguridad.”
Texto legal de la LFPDPPP (Art. 6) - fuente oficial
“La autoridad competente vela por el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.”
INAI - citación orientativa de funciones de protección de datos
Los datos personales son cualquier información que identifique o pueda identificar a una persona física. El tratamiento requiere una base legal y, en muchos casos, consentimiento del titular o una excepción legal. Considera también derechos ARCO y políticas internas.
El consentimiento debe ser libre, informado y específico para la finalidad declarada. Debe documentarse y poder mostrarse al titular si se solicita. El titular puede retirar su consentimiento en cualquier momento.
Las autoridades y responsables deben evaluar la gravedad de la brecha y comunicarla a los titulares cuando afecte derechos de protección de datos. También cabe notificar a INAI de forma oportuna conforme a la normativa aplicable.
La legislación aplicable puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación y en portales oficiales de INAI y de las entidades reguladoras. Estos documentos incluyen textos completos y modificaciones vigentes.
Un asesor en TI garantiza que contratos de software, SaaS y servicios de datos incluyan cláusulas de seguridad, confidencialidad, responsabilidades, SLA y cumplimiento de la LFPDPPP. Reduce riesgos contractuales y regulatorios.
Sí. Un buen contrato de servicios debe incluir DPA (Acuerdo de Procesamiento de Datos), subprocesadores, medidas técnicas y organizativas, y procedimientos ante incidentes de seguridad.
Sí. Verifique alcance, tipos de datos, transferencias, duración, medidas de seguridad y derechos de titulares. Revise responsabilidad y límites ante incumplimientos.
Sí. La firma electrónica avanzada tiene reconocimiento legal en México para contratos y documentos electrónicos, siempre que cumpla con los requisitos legales y funciones de autenticación.
Los costos varían según complejidad y localización. Un asesor podría cobrar por hora, por proyecto o en retainer. Solicite presupuestos detallados y cronogramas de entregables.
Los datos personales son toda información que identifica a una persona. Los datos sensibles requieren mayor protección y consentimiento específico, debido a su naturaleza reservada (salud, religión, etc.).
Los tiempos de respuesta varían según la complejidad y la diligencia de la autoridad. En consultas simples, podría tomar semanas; procesos complejos pueden extenderse varios meses.
Las transferencias internacionales deben estar amparadas por bases legales, salvaguardas adecuadas y acuerdos contractuales con terceros, para preservar la protección de datos.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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