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En Santiago, el derecho de Propietario y Arrendatario se regula principalmente por el marco general del contrato de arrendamiento y por las normas específicas que rigen vivienda, uso y conservación del inmueble. El propietario tiene derecho a recibir la renta, exigir el cumplimiento de las condiciones del contrato y a recuperar la propiedad al finalizar el plazo, dentro de los márgenes legales. Por su parte, el arrendatario tiene derecho a un uso pacífico del inmueble, a exigir reparaciones necesarias y a ser protegido frente a desalojos injustificados.
La relación entre ambas partes puede verse afectada por cambios en precios de mercado, cláusulas contractuales y obligaciones de conservación. En Santiago, la alta demanda de vivienda y la convivencia en edificios de copropiedad pueden generar conflictos sobre ruidos, reparaciones y mantenimiento. Un asesor legal puede ayudar a interpretar cláusulas, revisar contratos y evitar juicios innecesarios.
Las relaciones entre Propietario y Arrendatario en Chile se rigen por varias normas relevantes. Entre las más citadas se encuentran las siguientes, que deben consultarse para casos concretos y cambios legislativos.
Notas útiles para residentes de Santiago: revisar cada cláusula de contrato para verificar quién asume qué reparaciones, qué establece la garantía de arrendamiento y qué cambios pueden aplicar por convivencia en edificios. Para fechas exactas de reformas recientes y continuas, consulte las publicaciones oficiales vigentes y el texto consolidado de cada norma.
“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including housing.”
UN-Habitat señala que la vivienda adecuada es un derecho humano fundamental y que las políticas de vivienda deben garantizar acceso equitativo a la vivienda.
Un contrato de arrendamiento urbano es un acuerdo entre Propietario y Arrendatario para ceder el uso de un inmueble a cambio de una renta. Regula derechos como uso, mantenimiento, duración y terminación.
La garantía es una suma acordada entre las partes para cubrir posibles daños o deudas. La ley no fija un monto único; suele pactarse entre 1 y 2 meses de renta y se devuelve al finalizar el contrato, descontando costos legítimos.
Puede finalizar por acuerdo entre las partes, por vencimiento del plazo pactado o por incumplimientos graves. En algunos casos, el propietario debe requerir desocupación mediante procedimiento judicial.
Las demandas de desalojo se presentan ante los tribunales civiles competentes de la ciudad. En Santiago, suelen distribuirse entre los Juzgados de Letras de Santiago según la jurisdicción.
Un abogado protege sus derechos y gestiona pasos procesales, notificaciones, evidencia de incumplimientos y posibles defensas frente a argumentos del otro lado.
No siempre. Las actualizaciones deben estar previstas en el contrato y respetar la normativa aplicable. Un asesor legal le ayudará a confirmar límites y mecanismos permitidos.
Sí. Registrar o conservar copias firmadas facilita demostrar términos, fechas y obligaciones ante conflictos o reclamaciones judiciales.
Solo si corresponde a daños causados por el arrendatario o si el contrato lo permite. En general, las reparaciones necesarias deben ser cubiertas por el propietario, salvo acuerdos distintos.
Un arrendamiento cede el uso del inmueble al arrendatario principal. En un subarrendamiento, el arrendatario cede el uso a un tercero, con consentimiento del propietario y en los términos permitidos por el contrato.
La duración varía según el caso y la carga de trabajo judicial. En general, puede prolongarse varios meses, y puede haber etapas de notificación, demanda, audiencia y ejecución.
Verifique experiencia en arrendamientos, historial de casos, honorarios y disponibilidad. Pida ejemplos de contratos y resoluciones que haya gestionado.
Sí. Un abogado puede proponer cláusulas de convivencia claras, límites de uso y mecanismos de resolución de conflictos para edificios con copropiedad.
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