¿Puedo demandar a un cártel por fijación de precios en la República Dominicana y obtener indemnización por daños y perjuicios?

Como comerciante dominicano que sospecha la existencia de un cártel en su mercado, debe reunir indicios claros que demuestren la existencia de conductas colusorias que hayan afectado precios o condiciones de adquisición. La prueba pueden incluir comunicaciones, acuerdos escritos, patrones de conducta sincronizada, o decisiones coordinadas que hayan repercutido en la fijación de precios, la asignación de mercados o la limitación de la competencia. También es útil recopilar documentación sobre los aumentos de precios, márgenes o pérdidas consecuentes, así como cualquier información obtenida de fuentes internas o externas que dé respaldo a la sospecha.

Para presentar una acción ante los tribunales dominicanos, usted debe demostrar un interés legítimo, es decir, que fue directamente afectado por la conducta anticompetitiva. La Ley de Defensa de la Competencia establece que las personas jurídicas o naturales que sufrieron daños como consecuencia del comportamiento colusorio pueden ejercer acciones de reparación. En este sentido, debe acreditar su calidad de afectado, el daño sufrido y la relación causal con la conducta ilícita.

En cuanto a las pretensiones, puede solicitar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, lo que incluye el resarcimiento de pérdidas cuantificables y, en su caso, la restitución de la competitividad afectada. También es procedente solicitar medidas cautelares o una medida principal de carácter injuntivo que ordene cesar la conducta anticompetitiva y restablezca condiciones de competencia efectiva, siempre que se cumplan los requisitos de procedibilidad (fumus boni iuris y riesgo en la demora, entre otros).

Si bien la ley no exige expresamente que actúe mediante apoderado local, normalmente se requiere la intervención de un abogado dominicano para representar a las partes ante los tribunales nacionales, ya que éstos conocen la legislación, los procedimientos y las reglas de práctica dominicana. La asesoría de un profesional local también le permitirá evaluar la mejor estrategia procesal, recopilar pruebas conforme a los estándares legales y cumplir con los plazos y formalidades exigidos por la jurisdicción.