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En Telde, como en el resto de España, la reestructuración e insolvencia regulan los procesos para gestionar deudas y evitar la quiebra. El marco legal protege tanto a personas físicas como a empresas que atraviesan dificultades financieras. Las decisiones se toman en los juzgados mercantiles de la provincia de Las Palmas y ante la Administración Concursal cuando corresponde.
El objetivo principal es facilitar la recuperación de la actividad empresarial cuando sea viable y, en su defecto, ordenar una liquidación ordenada que respete derechos de acreedores y trabajadores. Con ello se busca reducir el impacto social de la insolvencia y preservar empleo en la economía local de Canarias. Para residentes de Telde, el proceso práctico se realiza en el marco del Derecho Concursal español aplicado en Canarias.
Las normas que rigen la reestructuración e insolvencia en España son de ámbito nacional, pero se aplican de forma homogénea en Canarias y, por tanto, en Telde. Entre las normas clave se encuentran la Ley Concursal y su actualización reciente, así como mecanismos de reestructuración como la refinanciación o acuerdos extrajudiciales.
Concurso voluntario y concurso necesario son figuras recogidas en la Ley Concursal que permiten, respectivamente, solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia por parte del deudor o a instancia de acreedores cuando existen incumplimientos o impagos relevantes. El resultado típico es un plan de pagos o un convenio de reestructuración aprobado por la junta de acreedores.
Entre los textos principales se destacan:
En Canarias y en Telde, los procesos se tramitan ante el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas o el órgano de Administración Concursal correspondiente, con aplicación directa de los plazos y requisitos del texto refundido y de la reforma 2022. Es clave contar con asesoría para preparar documentos, entender la clasificación de créditos y coordinar con acreedores.
“La Ley Concursal regula el proceso de insolvencia y establece medidas para facilitar la reestructuración y la continuidad de la actividad empresarial.”
“La reforma de la Ley Concursal facilita la preinsolvencia y la reestructuración para evitar la liquidación de empresas.”
“El objetivo es proteger a las personas físicas y jurídicas ante situaciones de insolvencia y promover acuerdos de reestructuración.”
La Ley Concursal regula los procesos de insolvencia de personas y empresas. Su objetivo es facilitar la reestructuración y evitar liquidaciones innecesarias.
El deudor presenta la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil de su provincia y ante la Administración Concursal. Debe incluir un inventario, pasivo y activo, y un plan de viabilidad si hay posibilidad de restructuración.
Conviene cuando hay viabilidad de reestructurar deudas fuera de la vía judicial. Este acuerdo evita el concurso inmediato y fija condiciones para pagar a acreedores sin intervención judicial amplia.
En Canarias se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas o de la provincia correspondiente. Los procedimientos se coordinan con la Administración Concursal local.
Un letrado prepara la documentación, maneja las comunicaciones con acreedores y administra el plan de viabilidad. También negocia plazos y condiciones para que el procedimiento cumpla la normativa.
Sí, las personas físicas pueden solicitar un concurso de acreedores si cumplen los requisitos de insolvencia. Deben valorar si el camino más práctico es un AEP o un plan de pago estructurado.
Es un conjunto de medidas para restablecer la viabilidad de la empresa. Puede incluir reducción de deuda, renegociación de condiciones y aportes de capital.
Sí. Un licenciado en derecho concursal clasifica créditos y prioriza pagos. También ayuda a gestionar la liquidación de activos si no hay viabilidad de continuar.
El voluntario lo inicia el deudor; el necesario, por acreedores. En ambos casos se protege a los acreedores y permite una liquidación ordenada o reestructuración.
Generalmente se ordenan según prioridad legal: créditos con garantía real, laborales y fiscales; luego créditos subordinados. El detalle depende de la clasificación de créditos.
Los plazos varían según la complejidad. En casos simples, podría resolverse en 6 a 12 meses; en casos complejos pueden extenderse más.
Debe consultar con un abogado especializado en insolvencia para valorar opciones como AEP, concurso voluntario o plan de reestructuración, y reunir documentación financiera clave.
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