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Las multas por exceso de velocidad y otras infracciones de tránsito se rigen por la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Estas normas establecen qué conductas se clasifican como infracciones y las sanciones aplicables, así como el procedimiento para la notificación y defensa de los conductores. En Honduras, el objetivo es promover la seguridad vial y reducir los accidentes causados por el incumplimiento de velocidades permitidas.
“Las infracciones de tránsito se deben aplicar con fundamento legal, respetando el derecho de defensa y el debido proceso.”
Tribunal Supremo de Justicia, tsj.gob.hn
La base legal principal es la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Además, existen reglamentos que complementan la ley y regulan procedimientos, procedimientos de notificación, recursos y procedimientos para impugnaciones y apelaciones. También influyen normas técnicas sobre señalización vial y estándares de seguridad en la conducción.
Fechas de vigencia y cambios recientes: la base legal se ha mantenido relativamente estable en años recientes, con reformas puntuales y reglamentos que han ido adaptando los procedimientos de notificación y defensa. Para obtener la versión vigente exacta, se recomienda consultar el archivo oficial correspondiente en tsj.gob.hn y fiscalia.gob.hn o al órgano de tránsito competente.
“La normativa de tránsito se aplica para garantizar la seguridad vial y debe permitir al usuario defenderse ante las infracciones.”
Tribunal Supremo de Justicia, tsj.gob.hn
“Los recursos en materia de tránsito deben tramitarse dentro de los plazos legales establecidos y con las pruebas pertinentes.”
Fiscalía General de la República, fiscalia.gob.hn
Es una sanción administrativa impuesta por superar el límite de velocidad permitido en una vía. Incluye monto económico y, en algunos casos, limitaciones de circulación o suspensión de la licencia.
La autoridad de tránsito notifica la infracción y entrega una boleta. Debe seguirse un plazo para pagar o impugnar y, si corresponde, preparar una defensa ante el tribunal.
Debe pagarse dentro del plazo indicado. El atraso puede generar recargos, acciones administrativas y, en ciertos casos, embargo de bienes o suspensión de la licencia.
Los recursos se presentan ante la autoridad de tránsito o ante el tribunal competente según la ruta de defensa. Consulte el aviso de la infracción para indicar el órgano correspondiente.
Las tarifas se sujetan a la legislación vigente y a ajustes por inflación, políticas de seguridad vial y revisión de criterios de graduación de sanciones por velocidad.
Sí. Un asesor legal puede revisar la evidencia, plantear recursos y representar en audiencias para defender sus derechos y posibles reducciones de sanción.
Depende de la evidencia y del asesoramiento profesional. Un abogado puede evaluar si una oferta es ventajosa frente a impugnaciones o a futuras acciones.
Puede haber atenuantes o reducciones dependiendo de la normativa vigente y la valoración del caso. Un abogado puede gestionar posibles mitigaciones.
Podría enfrentarse a sanciones adicionales, plazos más estrictos para recursos o la continuación de la ejecución de la multa. El abogado puede asesorar sobre recursos sucesivos.
El trámite suele durar semanas a varios meses, según la carga de los tribunales y la complejidad del caso. Un asesor puede estimar plazos en su situación.
No es obligatorio, pero un letrado facilita la interpretación de la normativa, la recopilación de pruebas y la defensa ante el tribunal.
La multa administrativa es una sanción civil por infracción de tránsito; la sanción penal implica actos punibles ante la autoridad judicial y puede requerir proceso judicial distinto.
Fotografías o videos de la señalización, certificados del equipo de radar, testigos y cualquier registro de mantenimiento del equipo. Su abogado puede indicarle pruebas específicas.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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