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En Las Palmas de Gran Canaria, el despido injustificado se entiende como la terminación de la relación laboral sin una causa razonable o sin cumplir los requisitos legales. La legislación española exige fundamentos claros y notificación adecuada para que un despido sea válido. Cuando se afirma que un despido es improcedente, el trabajador puede impugnar la decisión ante la jurisdicción social.
El marco normativo protege a los trabajadores frente a despidos sin causa o con irregularidades procesales. En la práctica, un despido injustificado puede generar derechos a readmisión o a una indemnización, según el tipo de despido y su calificación final por la autoridad competente. Un asesor legal en Las Palmas puede ayudar a determinar la mejor estrategia en cada caso particular.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre - Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET). Regula las modalidades de despido, la causalidad, la preaviso y las indemnizaciones. Este texto consolida las normas laborales aplicables en Canarias, incluida Las Palmas de Gran Canaria.
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social - Ley 36/2011, de 10 de octubre. Regula la competencia, procedimientos y plazos de la jurisdicción social para impugnar despidos, liquidaciones y conflictos laborales en todo el territorio, incluida Canarias.
Estas normas deben interpretarse junto con los cambios y jurisprudencia de la justicia laboral. En Canarias, las resoluciones de la jurisdicción social se aplican de forma equivalente a nivel nacional y se ejecutan en Las Palmas sin particularidades administrativas propias del territorio.
«El despido improcedente da derecho a ser readmitido o a una indemnización de 33 días por año de servicio, con un máximo de 24 meses.»
Fuente: Gobierno de España - gob.es
Un despido improcedente es cuando la empresa no demuestra una causa legítima o no sigue el procedimiento. En Canarias, puede requerir readmisión o indemnización si se declara improcedente por la jurisdicción social.
Un letrado laboralista revisará el tipo de despido, la causa alegada y la forma de notificación. Si no se cumplen requisitos legales, podría calificarse como improcedente.
Normalmente se debe presentar la demanda dentro de un plazo de 20 días hábiles desde la notificación del despido. Es crucial actuar con rapidez para conservar derechos.
La reclamación se presenta ante la Jurisdicción Social de las Palmas de Gran Canaria. Un abogado puede indicar el juzgado competente y los pasos exactos.
Un abogado laboralista conoce los plazos, pruebas y recursos disponibles. Puede optimizar la indemnización y reducir riesgos de errores procesales.
Sí, si vulnera derechos fundamentales o está motivado por discriminación. Un fallo de nulidad suele implicar readmisión del trabajador o indemnización adicional.
El disciplinario se debe a faltas graves del trabajador; el objetivo, a causas económicas o técnicas de la empresa. En ambos casos, la improcedencia puede generar readmisión o indemnización.
Los honorarios dependen de la complejidad y el tiempo. Muchos abogados ofrecen una consulta inicial gratuita y tarifas por hora o por asunto.
La indemnización suele ser de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses; la continuidad del contrato y el tipo de despido pueden modificarla.
La duración depende de la carga de trabajo de la jurisdicción y de la apelación. Los casos pueden resolverse en meses o extenderse por más de un año.
Despedir durante un permiso o maternidad puede ser considerado discriminatorio. La ley protege a los trabajadores durante estos periodos.
Depende de las circunstancias personales. Un abogado puede evaluar la conveniencia de readmitir versus reclamar la indemnización y posibles compensaciones.
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