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En Buenos Aires, Argentina, el derecho de Contabilidad y Auditoría regula la elaboración, presentación y revisión de estados contables y la verificación de su veracidad. Incluye normas aplicables a empresas, firmas contables y profesionales independientes que actúan como auditores. La normativa afecta tanto a empresas privadas como a entidades públicas y a emisoras de valores en el mercado.
La regulación busca asegurar la claridad, trazabilidad y fiabilidad de la información financiera. En la práctica, esto implica cumplir con principios contables, estándares de auditoría y controles internos, así como respetar la ética profesional de los asesores legales y contables. Verificar la adecuada aplicación de estas normas es clave para evitar sanciones y conflictos judiciales.
Escenario 1: una empresa de Buenos Aires detecta discrepancias entre el balance y las notas a los estados contables, y necesita asesoría para determinar responsabilidades y posibles rectificaciones ante AFIP y CNV.
Escenario 2: una PyME enfrenta un proceso de auditoría externa y requiere asesoría para acordar el alcance, la defensa de la experiencia del auditor y la gestión de pruebas documentales.
Escenario 3: surge una disputa entre socios sobre la interpretación de un balance anual y las cláusulas de responsabilidad de la firma contable, con necesidad de mediación o trámite judicial.
Escenario 4: una empresa cotiza en el mercado local y debe ajustarse a normas IFRS o a normas contables aprobadas por CNV, con riesgo de sanciones si se incumplen.
Escenario 5: se detecta posible responsabilidad profesional por un auditor en una auditoría reciente, y se evalúa abrir una acción de responsabilidad civil o profesional.
Escenario 6: una entidad pública o contratista del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requiere asesoría para presentar y corregir estados contables para licitaciones o auditorías de cumplimiento.
La Ley de Sociedades Comerciales regula la constitución, funcionamiento y disolución de las sociedades en Argentina, con reglas específicas sobre la contabilidad obligatoria, libros y balances. En Buenos Aires, estas disposiciones se aplican a las sociedades de cualquier tipo y son base para la presentación de estados financieros ante autoridades y terceros. La norma ha recibido reformas y actualizaciones a lo largo de los años y continúa vigente en su marco general.
El Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde 2015, establece principios generales sobre capacidad, obligaciones y actos comerciales. En materia contable y de auditoría, determina la obligación de llevar libros y emitir estados contables adecuados para las personas jurídicas. Su alcance abarca contratos, sociedades y relaciones comerciales en todo el territorio argentino, incluido Buenos Aires.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) regula a las entidades que emiten valores y, en muchos casos, exige la presentación de estados contables conforme a normas contables reconocidas, con especial atención a las normas IFRS para emisores. En Buenos Aires, las empresas que participan del mercado de valores deben cumplir estas normas y enfrentar posibles sanciones por incumplimiento. Esto impacta directamente a auditorías y a la responsabilidad profesional de los auditores.
“La contabilidad debe reflejar fielmente la situación patrimonial y financiera de las empresas.”
Fuente: afip.gob.ar
“Las empresas que emiten valores deben presentar estados contables de acuerdo con normas contables vigentes, incluidas IFRS.”
Fuente: cnv.gob.ar
“La ética profesional exige independencia, integridad y transparencia en la contabilidad y auditoría.”
Fuente: cpcecaba.org.ar
La contabilidad registra las transacciones y la auditoría verifica su fidelidad. Son fundamentales para tomar decisiones, obtener financiamiento y cumplir obligaciones legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia.
Un abogado puede coordinar la relación con el auditor, revisar el alcance, preservar evidencias y asegurar el cumplimiento normativo local y federal. También facilita la gestión de rectificaciones si hay errores detectados.
La obligación varía según el tipo de sociedad y su actividad. Emisoras y grandes entidades deben cumplir con plazos y formatos específicos; las PyMEs presentan informes contables según normativas aplicables y requerimientos fiscales.
Se inicia ante los tribunales civiles o comerciales de la jurisdicción correspondiente, o mediante mediación. También puede presentarse ante el CPCECABA para gestiones de ética profesional y resolución de conflictos.
La ética protege la independencia, eludir conflictos de interés y garantizar la veracidad de la información. La CPCECABA supervisa conductas y sanciona incumplimientos que afecten la práctica profesional.
Sí. La mediación puede resolver diferencias sobre informes contables y responsabilidades de terceros. Es una vía menos formal que un proceso judicial y puede ahorrar tiempo y costos.
Si la empresa cotiza o busca financiamiento, la asesoría externa facilita la adopción de IFRS y evita errores. Un letrado puede coordinar con el equipo contable para la implementación.
En muchos casos sí, para evaluar riesgos, mejorar la defensa y gestionar la relación con aseguradoras y entidades regulatorias. Un asesor legal especializado en auditoría facilita el proceso.
La auditoría interna evalúa controles y procesos dentro de la organización. La externa verifica la razonabilidad de los estados contables para terceros y reguladores.
Se deben identificar las irregularidades, preparar rectificaciones conformes a las normas vigentes y notificarlas a las autoridades pertinentes. Posteriormente, se documenta el proceso para transparencia y cumplimiento.
La tramitación suele variar entre 3 y 6 meses, dependiendo de la complejidad y la carga de casos. El CPCECABA informa sobre plazos aproximados en cada procedimiento.
Puede requerirse matrícula activa en el CPCECABA y cumplimiento de normativas éticas. Las firmas grandes pueden necesitar autorizaciones específicas según el tipo de auditoría.
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