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En España, la contabilidad y la auditoría se rigen por normas nacionales que se aplican a todas las comunidades autónomas, incluida Canarias. Las empresas deben elaborar cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y, cuando corresponde, someterlas a auditoría conforme a la Ley de Auditoría de Cuentas. En Las Palmas de Gran Canaria, los documentos contables se inscriben y depositan en el Registro Mercantil para su publicidad y adecuada difusión.
Las Palmas de Gran Canaria, como polo económico de la isla, presenta particularidades en sectores como hostelería, turismo y construcción. Por ello, la asesoría especializada en contabilidad y auditoría facilita el cumplimiento normativo, la gestión de inspecciones y la negociación con entidades financieras o administraciones públicas. Un letrado competente puede interpretar normas, adaptar prácticas contables y coordinar diligencias ante autoridades competentes en la ciudad.
El asesoramiento en esta materia no es solo teórico: permite anticipar riesgos de sanciones, mejorar la calidad de la información financiera y optimizar procesos de depósito de cuentas en el Registro Mercantil de Las Palmas. Contar con un profesional especializado ayuda también en procesos de due diligence para adquisiciones o fusiones en la provincia canaria.
“El Plan General de Contabilidad regula el registro, valoración y presentación de las cuentas anuales.”
Fuente: icac.gob.es
“La auditoría de cuentas ofrece una opinión independiente sobre la verdad y la corrección de la información financiera.”
Fuente: cnmv.es
“Las cuentas anuales deben presentarse y depositarse para su publicidad en el Registro Mercantil.”
Fuente: registradores.gob.es
Las modificaciones recientes del PGC y la Ley de Auditoría de Cuentas buscan mejorar la transparencia y la comparabilidad de la información financiera de las empresas en Canarias y en todo el país. En Canarias también influyen prácticas locales de depósito en el Registro Mercantil y comunicación de cuentas anuales a los órganos de gobierno, que deben cumplirse en plazo.
El Plan General de Contabilidad regula el marco para registrar, valorar y presentar las cuentas. Aplica a todas las sociedades y entidades económicas que elaboran estados financieros en España, incluida Canarias. Las empresas deben adaptar su contabilidad a sus criterios y al registro público.
La Ley de Auditoría de Cuentas regula la realización de auditorías y la independencia de los auditores. En España, la obligación depende del tamaño y la tipología de la empresa; en Canarias, se aplica en igual medida que en el resto del país. Las cuentas de determinadas sociedades requieren opinión externa independiente.
Una auditoría emite una opinión sobre la veracidad de las cuentas anuales. Una revisión limitada ofrece una seguridad menor y se centra en dudas específicas, con menor alcance testimonial. En Canarias, la elección depende del umbral legal y de las necesidades de la empresa.
Las cuentas anuales deben depositarse en el Registro Mercantil dentro del plazo legal tras la aprobación por la junta. En Las Palmas, el depósito facilita la publicidad y cumplimiento ante terceros y autoridades.
Los honorarios dependen de la complejidad, tamaño de la empresa y alcance del servicio. Pide presupuestos por escrito, compara servicios (contabilidad, auditoría, defensa ante inspecciones) y clarifica plazos de entrega.
La duración típica varía con la magnitud del negocio, pero suele situarse entre 1 y 3 meses para pymes, dependiendo de la disponibilidad de documentos y del alcance de la revisión.
Busque letrados con experiencia en contabilidad, auditoría, impuestos y cumplimiento regulatorio. Es útil que hayan trabajado con empresas del sector turístico y con expedientes ante la AEAT o el Registro Mercantil local.
Sí, si cuenta con la formación y credenciales adecuadas. Un abogado especializado puede presentar recursos, alegaciones y defensa técnica ante la AEAT u otros organismos.
En Las Palmas, recurra a despachos con certificaciones profesionales y colegiados. Verifique referencias, experiencia sectorial y capacidad para coordinar con auditores externos.
La obligatoria es requerida por ley para determinadas entidades. La voluntaria se realiza por decisión de la empresa para mejorar la transparencia o facilitar financiación.
El plazo suele comenzar tras la aprobación en junta y depende del tamaño de la empresa. En general, la normativa fija un periodo específico para el depósito público de las cuentas.
Sí. Las soluciones de contabilidad y facturación digital facilitan el cumplimiento de normativas y el depósito de cuentas. Un abogado puede asesorar sobre herramientas compatibles con el PGC.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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