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La Adquisición con Financiación Apalancada (LBO, por sus siglas en inglés) es una operación en la que un comprador adquiere una empresa y financia parte del precio con deuda. En España, la estructura típica combina deuda bancaria, financiación de proveedores y capital aportado por el comprador o inversores externos. En Güímar, como en el resto del territorio nacional, estas operaciones deben ajustarse a la normativa mercantil, corporativa y fiscal vigente.
La finalidad de un asesor legal en un LBO es diseñar una estructura que optimice el control y la protección de activos, minimice riesgos de responsabilidad y garantice el cumplimiento de las obligaciones de información y gobernanza. Además, el letrado debe coordinar la due diligence (debida diligencia), la negociación de cláusulas de financiación, garantías y acuerdos de earn-out o deudalles entre las partes. Todo ello enmarcado en la normativa aplicable a sociedades y operaciones de financiación en España.
En Güímar, la elección de un abogado con experiencia local facilita el manejo de particularidades fiscales, registros mercantiles y posibles incentivos a la inversión en Canarias. El asesoramiento profesional reduce riesgos de pasivos ocultos y ayuda a estructurar una transacción que cumpla con las políticas de los bancos y de las autoridades fiscales.
Las operaciones de Adquisición / Financiación apalancada en Güímar se rigen por leyes nacionales que se aplican en toda España, con particularidades prácticas en Canarias. A continuación se señalan las normas relevantes por nombre y el marco general de vigencia.
En Canarias pueden existir medidas fiscales o administrativas específicas que afecten la financiación de operaciones, pero la base normativa para LBO es la Ley de Sociedades de Capital y la Ley Concursal, complementadas por reglas de registro y gobernanza. Para asesoría práctica, un abogado canario familiarizado con empresas locales facilita el cumplimiento y la navegación por requisitos de Canarias.
Una LBO compra una empresa principalmente con deuda. El comprador aporta una pequeña porción de capital y el resto proviene de préstamos, que se pagan con los flujos de la empresa adquirida. En Güímar, el diseño debe cumplir la Ley de Sociedades de Capital y la normativa mercantil local.
Se combinan deuda senior, deuda subordinada y, a veces, capital de inversores. El abogado negocia condiciones, covenants y garantías, y coordina la documentación de financiación con bancos y otros financiadores.
Antes de firmar el acuerdo de compra, durante la due diligence y en la negociación de cláusulas de financiación. También es clave durante la aprobación regulatoria y las juntas de accionistas si aplica.
Busque letrados con experiencia en fusiones y financiación corporativa en despachos de Tenerife o Canarias. La asesoría local facilita el cumplimiento de normativas regionales y la gestión de riesgos culturales y fiscales.
Sí, el asesor legal coordina due diligence comercial, financiera, fiscal y laboral. El objetivo es identificar pasivos, contingencias y restricciones antes de cerrar la operación.
El coste varía por complejidad, tamaño de la transacción y experiencia del letrado. Es común negociar honorarios por hora o un paquete total por la transacción.
La deuda senior tiene prioridad de pago y menor riesgo; la mezzanine suele ser más cara y con derecho a acciones o warrants. Ambas se negocian según la estructura de la transacción.
Los efectos pueden incluir impuestos sobre plusvalías, amortización fiscal y régimen de operaciones entre partes relacionadas. Un asesor fiscal local debe optimizar la carga tributaria en Canarias.
Una holding puede facilitar el control, gestionar deudas y centralizar la gobernanza. Sin embargo, requiere planificación adicional de impuestos y gobernanza corporativa.
Riesgo de sobrevaloración del target, covenants demasiado restrictivos, suministro de información incompleto y dependencia de flujos de caja futuros. La due diligence ayuda a mitigarlos.
Defina el objetivo y el presupuesto, identifique posibles targets, seleccione un asesor legal y financiero y solicite criterios a potenciales financiadores. Prepare un plan de due diligence y una estrategia de salida.
“La Ley de Sociedades de Capital regula la constitución, organización y funcionamiento de las sociedades de capital.”
“La autoridad reguladora de los mercados de valores guía la información relevante de las emisoras y las ofertas públicas.”
Fuente oficial: Ministerio de Justicia y Gobiernos regionales para temas mercantiles, registros y gobernanza.
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